Apelar a la Corte le costaría al país US$ 1300 millones

Expertos en temas de deuda dijeron que usualmente hay que depositar un monto equivalente a la demanda
Silvia Pisani
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1 de marzo de 2013  

NUEVA YORK.- La Argentina corre el riesgo de quedar en "desacato" ante la justicia norteamericana, con todos los efectos políticos y económicos que eso significa, si confirma su intención de "ignorar" un posible fallo adverso de la Corte de Apelaciones de Nueva York, donde se ventila el futuro del fallo en suspenso que la obliga a pagar unos 1300 millones de dólares a los llamados fondos buitre.

Lo curioso del caso es que, si le va mal y opta por ensayar una apelación ante la Corte Suprema de este país, deberá, muy posiblemente, desembolsar exactamente esa suma como "garantía de depósito" para el trámite. "Puede haber excepciones, pero, usualmente, lo que suele pedirse es una garantía equivalente al monto en juego", dijo el abogado Darren Traub, del estudio Akerman Senterfitt, de esta ciudad.

"Podría ser que el país pidiera una excepción, aunque, conociendo los antecedentes de la Argentina como pagador, es difícil que se la concedan", añadió el letrado.

Su intervención formó parte del seminario global posterior a la audiencia que, con conexiones en Buenos Aires y Miami, organizó la firma de abogados argentina Garrido, bajo la coordinación de su experto en litigios financieros internacionales, Eugenio Bruno, y con la asistencia de inversores, analistas y abogados. "El interés de este caso repercute en otras capitales", afirmó el letrado.

"¿Qué le puede pasar a la Argentina si, como anuncia, efectivamente no obedece un fallo de la Corte que le sea adverso?", fue una de las preguntas. El escenario trazado recorrió un arco de posibilidades donde la más segura es que se le retire la posibilidad de acceder a la justicia norteamericana.

"Si insiste en no reconocer sus veredictos, es posible que se le cierre el acceso al sistema de justicia norteamericano", dijo Traub. Más allá de que se la utilice o no, tener prohibida esa puerta no suele ser un factor positivo a la hora de buscar aceptación en mercados internacionales.

La posibilidad del desacato quedó planteada en un tenso diálogo que, en plena corte, mantuvieron el defensor de la Argentina, Jonathan Blackman, y la jueza Reena Raggi. La magistrada le reprochó que la Argentina sólo accediera a acatar fallos "si le resultan favorables" y lo cruzó luego con la certeza de que no sería "chantajeada" con eso ni con la posibilidad de que el país caiga en default. "Estamos para hacer justicia", dijo Raggi anteayer.

Sanciones económicas

La otra posibilidad es la de sanciones económicas, con cargas de -por ejemplo- un millón de dólares por cada día que transcurra sin acatar el fallo. Otro punto es quién conseguiría hacer que el pago se efectivizara.

Lo otro que quedó claro es la posibilidad firme de que la Argentina se vea forzada a efectuar un depósito por 1300 millones de dólares ante la justicia norteamericana como "garantía" en el caso de que decida apelar ante la Suprema Corte de Justicia la eventualidad de un fallo adverso.

"Recorreremos todas las instancias", prometió el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Aun así, las posibilidades no son muchas: la Corte sólo toma el 2% de los casos que se le piden, lo que, en números reales, significa unos 70 al año.

"Yo espero una sentencia que tenga algo de sentido común. Nadie puede explicar que tratar a un acreedor con quita y pago a largo plazo y a otro pagándole todo y de contado sea un trato igualitario. Una sentencia como la de Griesa iría en ese camino, y pone en duda que Nueva York sea una plaza adecuada para el sistema financiero", indicó Lorenzino ayer, ya en Buenos Aires.

Ya en el terreno de lo financiero, una de las opciones que se vienen manejando es la posibilidad de que la Argentina ofrezca un "rerruteo" del pago de los bonos en otro escenario, para evitar la jurisdicción norteamericana y el riesgo de embargo.

"No es un camino imposible, pero sí muy difícil", se indicó ayer. Entre otras cosas, se necesita el consentimiento del 85 por ciento de los tenedores de deuda reestructurada.

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