Apeló el Gobierno ante la Corte Suprema de EE.UU.

Afirmó que el fallo que lo condena a pagarles a los holdouts viola la soberanía y complica otros canjes de deuda
Martín Kanenguiser
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25 de junio de 2013  

Casi sin aliento, el Gobierno apeló a última hora de anoche ante la Corte Suprema de Estados Unidos el fallo de segunda instancia que lo condenó a pagarles a los holdouts US$ 1333 millones desde octubre pasado.

El recurso extraordinario, como informó ayer LA NACION, se produjo el último día posible para presentar una queja por la decisión que favoreció a los fondos buitre NML, Aurelius y 13 bonistas argentinos.

El Ministerio de Economía no respondió las numerosas consultas de LA NACION para saber si aprovecharían esta oportunidad o no. Más aún, fuentes de un banco que trabaja con el Gobierno afirmaron que el equipo económico "no estaba al tanto" de este plazo clave para la defensa de los intereses del país.

Anoche, en silencio, a través de la agencia oficial de noticias Télam, el Gobierno difundió el fallo preparado por el estudio jurídico que representa al país en EE.UU., Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton.

"Es un primer recurso contra la sentencia dictada el pasado 26 de octubre de 2012 [por el tribunal], cuando aún se aguarda un fallo definitivo", precisaron a la agencia.

Lo que hizo el estudio jurídico fue cuestionar el criterio de "pari passu" resuelto por el juez de primera instancia Thomas Griesa y la Cámara de Apelaciones, en sendos fallos conocidos el año pasado. Según esos tribunales, el Gobierno debe tratar (y pagar) en forma similar a los holdouts que a los bonistas que entraron en los canjes para salir del default de 2005 y 2010.

El escrito de ayer trata de focalizar la atención de la Corte Suprema de EE.UU., que debe estudiar si toma o no el caso, en la posibilidad de que se haya violado una ley federal; en este caso, la de inmunidades soberanas . El argumento es que, con los fallos precedentes, se ejecutarían "reclamos monetarios contra un país, mediante el otorgamiento de órdenes que restringen el uso de sus activos ubicados no sólo en Estados Unidos, sino también fuera de su territorio", lo cual "supone ir más allá del ámbito de ejecución que prevé la ley" de inmunidad.

Las sentencias, agregó, "también ponen en riesgo el proceso de reestructuración de deuda soberana voluntario, que cuenta con el apoyo tanto de Estados Unidos como del resto de la comunidad financiera internacional", tal como se reflejó en las presentaciones ante los diferentes tribunales. Según Télam, el pedido del juez Griesa de abonarles el 100% en un solo pago a los holdouts "no tiene precedente en ninguna Corte" de Estados Unidos.

El abogado Marcelo Etchebarne, socio del estudio Cabanellas, Etchebarne, Kelly & Dell'Oro Maini, dijo a LA NACION: "No creo que haya un caso federal para que la Corte Suprema tome el caso, porque el argumento argentino de que esto es un embargo es equivocado y, por lo tanto, no viola la ley federal".

En cambio, el socio del estudio Garrido Eugenio Bruno dijo que "la Corte va a tomar el caso" y afirmó que "hay antecedentes de fallos en favor del país, como el de 1992, cuando se probó que la emisión de bonos es un acto comercial y el de las reservas del Central en 2012".

La Cámara de Apelaciones aún debe decir cómo debería pagarles el Gobierno a los demandantes.

Se define hoy un caso en Bélgica

La corte comercial de Bruselas decidirá hoy si acepta el pedido de los bonistas europeos para que la sentencia de la justicia de los Estados Unidos prevista en contra de la Argentina no afecte sus pagos. La solicitud fue realizada por un grupo de acreedores que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 para salir del default.

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