Apenas un nombre desató el escarmiento general

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17 de abril de 2011  

Miguel Acevedo, presidente interino de la Unión Industrial Argentina (UIA), se comunicó el miércoles pasado con los otros líderes de las cámaras que integran el Grupo de los Seis. Les informó que la entidad emitiría un comunicado contra el decreto que amplía la participación del Estado dentro de las compañías a través de las acciones de la Anses. Con excepción de Hugo Biolcati, de La Rural, que cuestionó duramente la normativa, ninguno se sumó al repudio público. Sólo lo hizo, por fuera de ese núcleo, la Asociación Empresaria Argentina (AEA). En realidad, el texto de la UIA era bastante más virulento del que finalmente salió: hablaba de intervencionismo con alusiones a Venezuela.

Una vez más, los empresarios quedaron divididos. El viernes al mediodía, mientras transcurría la asamblea de Siderar y el Gobierno pretendía, sin éxito, designar allí como director al economista Axel Kicillof y a otros dos técnicos, un encumbrado ejecutivo de otra compañía alcanzada por la nueva regulación hacía una especie de catarsis. "Es increíble lo que está pasando –dijo a La Nacion–. ¿Quién es Kicillof, un asesino serial? Nadie va a estatizar o no estatizar Techint porque él esté. ¿Y qué información secreta podría obtener en una firma que cotiza en Bolsa? El es un especialista en marxismo... ¿¡Y...!? Menos mal que no ponen un especialista en acero, porque ahí sería más peligroso. Ahora el tipo va a tardar un año en aprender cómo funciona un alto horno. Abrieron un frente donde no lo había: ahora, por estos muchachos, sí tenemos un problema serio."

Estaba enojado. Su referencia a "estos muchachos" no involucraba a ninguna agrupación estudiantil: hablaba de Techint. Que fue, según evalúa la mayor parte del establishment, el único objeto de la medida tomada por el Gobierno.

Son especulaciones que, en realidad, respalda un conflictivo encuentro de hace pocos días. Daniel Novegil, CEO de Ternium, discutió allí con el ministro de Economía, Amado Boudou, porque el grupo siderúrgico no estaba dispuesto a aceptar a Kicillof como reemplazante de Aldo Ferrer, el anterior director estatal. El ejecutivo proponía a otro economista, Bernardo Kosacoff. Pero no sólo no lo consiguió, sino que desencadenó la furia gubernamental que engendró el decreto y el estupor generalizado. Así funciona a veces la Argentina: con una lógica que, más que a hombres de Estado, remite a educadores escolares. "No se va nadie hasta que no aparezca la lapicera de Fulano", nos decían las maestras. El razonamiento corporativo es que ahora sí hay peligro de avance deliberado sobre el sector privado.

Paolo Rocca es el empresario más poderoso de la Argentina. Y tiene algunas razones para la perturbación. En agosto pasado, técnicos jurídicos que trabajaron en el informe "Papel Prensa, la verdad" reconocían sin demasiadas vueltas ante operadores políticos que Techint sería el próximo objetivo de la Casa Rosada. El kirchnerismo es especialista en empaquetar camorras personales dentro de argumentos que, desde el punto de vista teórico, pueden resultar atendibles. ¿Quién podría oponerse, por ejemplo, a una democratización de la comunicación si no tuviera sospechas de que la causa esconde la estrategia de terminar con un determinado grupo?

Hace dos años, Néstor Kirchner hablaba suelto de cuerpo con un empresario con quien tenía una confianza extrema. Le decía que no estaba seguro de ganar la pelea con Clarín porque la había empezado tarde, pero sí de que, en todo el proceso, le haría pagar al grupo un altísimo costo social y económico. "La única que la ve es la Gorda", concluyó el año pasado ante este diario un directivo de la UIA que detesta a Elisa Carrió.

La estatización del sistema previsional tuvo, al igual que la de Aerolíneas Argentinas y la ley de medios, el respaldo de casi todo el arco opositor. Son casi los mismos dirigentes que saturan ahora las redacciones de los diarios con pedidos de transparencia para el uso de fondos públicos. La diferencia entre la Argentina y países como Uruguay, Perú, Colombia y Brasil es que, en esas naciones, las razones manifiestas y las latentes de la discusión pública no son tan divergentes. Cualquier lingüista admirador del alemán Friedrich Gottlob Frege se haría aquí un festival con disquisiciones sobre el sentido y la referencia en el discurso.

Para los empresarios, las cosas son bastante más elementales. Tener un director de un Estado hostil supone siempre una incomodidad. Y la afinidad con el kirchnerismo, abonada durante cinco años con una connivencia casi sin precedentes en la historia, terminó abruptamente en 2008. Fue la misma temporada en que la UIA fue protagonista de una seria discusión interna: semanas después de que Juan Carlos Lascurain, entonces presidente, participara del acto en la Anses en que se anunciaba el fin de las AFJP, la entidad emitió un comunicado para rechazar la medida. Lascurain explicó después que había ido a título personal. Días atrás, en una reunión privada, un empresario le increpó en buenos términos a Carlos Reutemann haber votado a favor de aquella ley previsional. El santafecino admitió el respaldo, pero le aclaró que entonces pertenecía a un espacio legislativo kirchnerista.

El jueves pasado, al salir de la exposición del director de la Anses en el Congreso, el senador Gerardo Morales (UCR) dejó helados a unos cuantos: "En general, estaríamos de acuerdo en mejorar la participación [del Estado]; tendría un amplio consenso". Esa y otras actitudes hicieron estallar por la tarde a un directivo de la UIA: "Siempre nos miran a nosotros; ¿por qué no miran a la política?".

Todos somos Chávez

Tal vez la discusión sea más de fondo. La Argentina no parece tener todavía una postura clara sobre los alcances del Estado en la economía. O sí: en un reciente artículo publicado en la Revista 23, el periodista Marcelo Zlotogwiazda citó un trabajo de la Universidad Di Tella, elaborado sobre estudios de la Universidad Vanderbilt, que revela que los argentinos son ahora más estatistas que hace tres años. El relevamiento era entre 1400 personas y consistía en calificar de 0 a 100 determinados postulados. La frase "el Estado, en lugar del sector privado, debería ser el dueño de las empresas e industrias más importantes del país" obtuvo un promedio de 67,9. Es decir, 13 puntos más que la media de la región y el tercero más alto de entre 26 naciones, sólo por debajo de Jamaica y Paraguay. El menos intervencionista resultó Estados Unidos, con un puntaje de 24,4.

¿Qué ha ubicado a la Argentina en una posición que no tiene ni Venezuela? Hace tres años, en Caracas, el presidente de la filial de Shell en ese país sorprendió a La Nacion con un razonamiento punzante y ambiguo. "Mire, se podrá imaginar que yo no soy chavista. Este país retrocede sin parar y está arrasado. Pero, después de tantos gobiernos malos de derecha, hay gente que tiene la sensación de que se está mejor con el populismo."

Es probable que las situaciones no sean comparables. Pero, llegado el caso, si la aventura estatizante fracasara en la Argentina, sus impulsores podrían argumentar que fue la sociedad entera quien decidió, libremente, autoflagelarse en conjunto.

folivera@lanacion.com.ar

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