La relación con los organismos de crédito. Apoyo condicionado del Banco Mundial

Aprobó préstamos por US$ 700 millones, pero 250 millones dependen de la aceptación del Fondo Monetario Internacional

30 de junio de 2004

LA NACION

WASHINGTON.- El Banco Mundial (BM) aprobó ayer dos créditos para la Argentina de US$ 700 millones, después de que el Gobierno se comprometiera a completar la compensación a los bancos por el impacto de la devaluación y concluir la renegociación de los contratos de servicios públicos. El directorio aprobó por unanimidad el otorgamiento de un crédito de 500 millones de dólares, llamado de ajuste para recuperación económica, y otro de 200 millones para vialidad.

El desembolso del primer tramo del crédito de ajuste para alentar el clima de inversión fue condicionado a la aprobación de la tercera revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, prevista para las próximas semanas.

El de mejoramiento de caminos se desembolsará a medida que avancen las obras. La reestructuración de la deuda en default y la renegociación de los contratos con las empresas de servicios públicos -ya hubo acuerdo con Aguas Argentinas y las dos empresas telefónicas- fueron los reclamos que más se escucharon en la reunión.

Varios directores indicaron la necesidad de renovar contactos con los acreedores "en términos mutuamente aceptables" y destacaron que "una reestructuración de la deuda justa y transparente es esencial para el desarrollo del sector privado y para mejorar el clima de inversión", señaló el Banco Mundial en un comunicado. "El Banco está apoyando los esfuerzos de la Argentina por implementar reformas estructurales, así como medidas inspiradas en políticas que contribuyan a mejorar el clima de inversión a fin de generar empleo sostenido", dijo ayer el director del organismo multilateral para la Argentina, Axel van Trotsenburg, acompañado por el vicepresidente para la región, David de Ferranti.

"El préstamo proporciona el marco que permite renovar nuestro diálogo sobre el sector financiero con el Gobierno y estructurar mejor nuestra participación en el área de los servicios públicos e infraestructura", agregó el funcionario del BM, que fue uno de los que más empujaron para que los créditos fueran aprobados.

El poderoso G-7 (Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón) dio su apoyo y la mayor sorpresa, según un funcionario involucrado en las negociaciones, fue el respaldo de Japón, ya que se esperaba que se abstuviera. En el debate, los directores del G-7, con excepción del representante de Alemania, dieron su respaldo, aunque destacaron que el crédito por 500 millones debía estar condicionado a la evolución del acuerdo con el FMI y al resultado de la tercera revisión del programa, dijeron las fuentes a LA NACION.

Singh, presente

En la reunión del directorio estuvo presente el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Anoop Singh, pero no participó ni se le hicieron preguntas sobre la marcha de la economía argentina. El préstamo de 500 millones de dólares respaldará la reestructuración de los sectores financieros y de servicios públicos, así como aquellas acciones que mejoren el clima de inversión, señaló el BM en un comunicado.

Con ese préstamo, indicó, "el Gobierno se ha comprometido firmemente a completar los pagos a los bancos en compensación por la pesificación asimétrica". Varios directores expresaron que el objetivo primordial de la compensación "debe ser eliminar la incertidumbre respecto de las demandas y proporcionar a los bancos una base para construir estrategias de negocios efectivas".

En relación con las empresas de servicios públicos, el programa apoya las acciones que resuelvan disputas sobre los contratos y contempla el establecimiento de mecanismos institucionales para la renegociación de contratos; que se complete la renegociación de los acuerdos de concesión (incluyendo electricidad y gas) y que se avance en asegurar un marco regulatorio viable.

Los directores plantearon que el marco regulatorio para los servicios públicos "debe ser justo, transparente y previsible; apoyar la inversión del sector privado y el desarrollo de capacidad productiva, tomando en consideración el costo del capital y las tasas de retorno de inversión y facilitar que el sector privado retenga las decisiones sobre inversión; apoyar la competencia en cada sector, y establecer reglas claras y previsibles sobre cómo determinar las tarifas.