La caída del precio del crudo desató una interna entre las petroleras

La caída abrupta del precio internacional del petróleo volvió a dejar en evidencia los intereses contrapuestos entre las productoras de crudo, las refinadoras que venden las naftas y el gasoil en las estaciones de servicio, las provincias petroleras que cobran regalías y el Gobierno, que cobra retenciones y quiere mantener en niveles bajos la inflación.

En un mercado donde los precios son libres, los valores en surtidor fluctúan al ritmo de la cotización del barril de petróleo. En la Argentina, en teoría, el mercado no está regulado y los precios deberían actuar en el mismo sentido. Sin embargo, el Gobierno establece un valor de referencia a través de YPF, donde tiene el control con el 51% de las acciones.

Si bien recién pasaron cuatro días desde que la cotización del Brent -el precio internacional del barril que se toma de referencia en la Argentina- se desplomó de US$50 a US$32, la única decisión del Gobierno fue limitar la importación de petróleo crudo, gasoil y naftas, estableciendo licencias no automáticas. El fin de esta medida es que las refinadoras no aprovechen la caída de los precios internacionales para importar a valores más baratos que los locales.

El precio actual de las naftas y el gasoil en surtidor refleja un precio del barril de petróleo que las refinadoras compraron a entre US$47 y US$52. Este contrato tiene 15 días más de vigencia hasta que las empresas vuelvan a negociar.

De las cuatro mayores refinadoras del país, YPF y Axion están integradas; es decir, son productoras de petróleo y lo refinan para vender en sus estaciones de servicio. YPF se autoabastece con su propio crudo y Axion compra casi el 90% a sus mismos socios, Pan American Energy (PAE).

Raízen (operadora de las estaciones de Shell) y Trafigura (a cargo de Puma Energy) son las otras dos refinadoras que le compran el petróleo a las productoras; entre las que se encuentran Chevron, Exxon, Shell, Vista, Pluspetrol, Tecpetrol, YPF y PAE.

En el contexto actual, las refinadoras tienen incentivos para comprar el barril de petróleo a US$30 aproximadamente, ya que la alternativa de las productoras es exportarlo, y en el mercado internacional cotiza a US$32. Además, el Estado cobra un 12% de retenciones (nunca se reglamentó el 8% que prometía que iba a bajar la ley de Solidaridad). En este escenario, las refinadoras comprarían el barril a US$30, pero venderían la nafta a un precio que refleja un costo del petróleo de alrededor de US$50, lo que les daría un mayor margen de ganancia.

Esta situación es la opuesta a la de solo unas semanas atrás, cuando los valores en surtidor estaban atrasados y eran menores a los de los precios internacionales. En ese entonces, las productoras pedían que el precio del barril sea el de paridad de exportación. Aun con la volatilidad actual, muchas petroleras internacionales siguen prefiriendo esta opción, ya que están más acostumbradas a las fluctuaciones de precios internacionales, que a las intervenciones del Estado en el mercado.

A las provincias petroleras tampoco les conviene que caiga el valor del barril de petróleo, ya que cobran regalías de entre 12% y 15% (depende si es no convencional, como la producción en Vaca Muerta, o convencional). El ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Alejandro Monteiro, ya indicó que por cada dólar que baja la cotización internacional del petróleo, la provincia pierde $38 millones por mes de ingresos por regalías. Con una caída de US$20, como ocurrió en el último mes, Neuquén ya perdió $760 millones.

En este contexto, las provincias petroleras se reunieron anteayer con el secretario de Energía, Sergio Lanziani, y con el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, y pidieron establecer un "precio sostén que se ubicaría en US$50 por barril o un poco más", como había adelantado Monteiro en una conferencia de prensa. Luego de la reunión con los funcionarios nacionales, las provincias no quisieron hacer comentarios, pero en el Gobierno descartaron que se vuelva a implementar el "barril criollo".

El Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de la Secretaría de Energía, tiene otra opción para que las refinadoras no obtengan ganancias extraordinarias, sin bajar los precios en surtidor. Podría finalmente actualizar el impuesto a los combustibles, congelado desde principios de diciembre y que tiene un atraso del 23% (debería haber subido al ritmo de la inflación). Esto impactaría en un aumento en el precio de las naftas y el gasoil de entre 5% y 6%. Sin embargo, si YPF no aumenta sus valores, la actualización del impuesto sería absorbido por las estaciones de servicio. El beneficio para el Gobierno sería una mejora en la recaudación.

La opción ideal, en la que coinciden todas las empresas, es armar una mesa de diálogo en la cual el Gobierno fije su política energética. En este sentido, la cartera que conduce Matías Kulfas indicó que comenzará a convocar a los actores del sector.

Las refinadoras están dispuestas a no exigir un precio del barril de petróleo tan bajo como el valor internacional, si se les asegura que YPF no bajará luego el precio de las naftas. El Gobierno podría estar tentado de bajar los precios para ayudar en el proceso de caída de la inflación. Sin embargo, es consciente de que un barril de petróleo por debajo de US$40, paraliza aun más la actividad hidrocarburífera.

En enero, el Gobierno había logrado un acuerdo con las empresas de servicios petroleros y los sindicatos para que se suspendan más de 600 despidos. La situación se contuvo con el argumento de que no se podía tratar la ley de hidrocarburos en sesiones extraordinarias "en un contexto de conflicto social".

Sin embargo, el proyecto nunca se envió al Congreso y el Gobierno todavía sigue sin definir su política energética. Las prioridades pasan por contener la expansión del coronavirus y lograr la reestructuración de la deuda.

Las últimas señales que envió el Gobierno al sector fueron las designaciones de los interventores en los entes de electricidad y del gas. La elección de Federico Basualdo y de Federico Bernal, cercanos al exministro Julio De Vido, anticipan una situación de tensión por las revisiones de las tarifas.

"La velocidad con la que venía el desarrollo en Vaca Muerta empezó a desacelerarse el año pasado y ahora está paralizada hasta que no se conozca la política energética. En gas hay señales preocupantes. Este invierno no habrá una situación de emergencia, más allá de un mayor costo de quemar combustibles. Pero si no se reactiva la producción, el año próximo tendremos necesidad de consumir más líquidos (que son más caros y contaminan más), traer el buque de regasificación o que Bolivia aumente la exportación, pero es difícil por la limitación de capacidad de transporte", indicó el exministro de Energía Juan José Aranguren, al presentar un informe de su consultora Energy Consilium.