Sobreprecios: a meses del escándalo, Arroyo no pudo comprar un kilo de lentejas

O no puede o no quiere, o bien, no necesita todos los alimentos que licita. Pero más allá de los motivos, a poco menos de cuatro meses de la investigación que puso sobre la mesa los sobreprecios en la compra de productos de la canasta básica como arroz, fideos, aceite o lentejas, el Ministerio de Desarrollo Social no logra llenar el changuito cada vez que sale de compras. Al punto que a veces, como hoy, vuelve vacío. Pero además, no avanzó en la mejora del sistema de compras.

Sólo hay que recorrer las resoluciones. El procedimiento es el mismo: pide 1,7 millones de unidades de azúcar, arroz, lentejas, aceite o fideos. Con suerte, adjudica algo; declara desierto el resto.

Ayer, por caso, apenas pudo hacerse con 340.000 botellas de aceite de un total de 1,7 millones, y hoy se publicó otra resolución en la que el ministro Daniel Arroyo y sus funcionarios reconocieron que no pudieron hacer lo que cualquier vecino de la Argentina puede concretar con sólo ir a un supermercado: comprar un paquete de 400 gramos de lentejas.

Ya lejos quedaron aquellos días en los que el ministro explicaba que no se trataba de un fracaso intentar comprar alimentos básicos al precio que el propio Gobierno exige vender de acuerdo con la lista de precios máximos.. Ahora, a casi cuatro meses, lo escriben en las resoluciones. "Declárase fracasada en la contratación por emergencia Covid-19 la cantidad de 1.275.000 envases de 400 gramos cada uno de lentejas secas", dice el artículo 3 de la norma fechada el 17 de julio pasado y firmada por el ministro que salió en el Boletín Oficial con el número 499.

Pero claro, el Gobierno había pedido comprar 1,7 millones de paquetes y dijo haber fracasado sólo en 1,275 millones. ¿Qué pasó con el resto? La respuesta se encuentra en el artículo cuarto. "Declárase desierta en la contratación de 425.000 envases de lentejas de 400 gramos", se puede leer. Para el primer lote, se trató de un fracaso, ya que nadie dio el precio de referencia; para los segundos centenares de miles, ni siquiera hubo oferta.

Como si se tratara de un niño al que lo mandan a hacer los mandados y vuelve sin la mercadería pero con el dinero, en el artículo quinto se desafectó el presupuesto. Así las cosas, con un cheque de $80,39 millones no fue posible comprar un sólo paquete.

Pero esto no es todo. Si se revisan las normas, los fracasos y las licitaciones desiertas son moneda corriente en materia de alimentos. Tras aquel abril en el que Arroyo tuvo que deshacer varios pedidos por orden del presidente Alberto Fernández, después de que LA NACION publicara los sobreprecios con los que se habían contratado, el sistema entró en un derrotero difícil de explicar.

El 13 de mayo se firmó la resolución 300. Dos intermediarias, no productoras de alimentos, Copacabana y Grupo Área, licitaron para quedarsecon la venta de lentejas. Fracaso, cero paquete se adjudicó. Pocos días después, el 19 de mayo, fue el turno del azúcar y hubo cinco ofertas (Distribuidora Alvear, Cooperativa La Esperanza, Copacabana, Ledesma y el Grupo Área). Mismo resultado, cero adjudicación.

El 7 de julio, otra resolución (466) dio cuenta que por un concurso de precios, siempre en el marco de la emergencia Covid, se intentó comprar paquetes de "alimento a base de azúcar y cacao". Ese día, mostraron un éxito rotundo los fideos. Molinos Tres Arroyos se adjudicó prácticamente la totalidad de los cupos licitados.

La última de los fracasos se dio ayer. Se publicó la resolución 167 firmada por María Cecilia Lavot, secretaria de Gestión Administrativa del ministerio que conduce Arroyo. Lavot quedó en la mira tras el escándalo de la adquisición de productos básicos con un sobreprecio de hasta 62% en algunos productos. De la norma surge que hubo cinco oferentes para comprar botellas de 900 centímetros cúbicos de aceite mezcla. Molinos Río de la Plata, Molinos Cañuelas, Agricultores Federados, BEP Group, Grupo Área y Distribuidora Blancaluna fueron de la partida. La compañía de la familia Pérez Companc (Molinos) fue la única a la que le adjudicaron a un valor de $55,60 cada botella. Colocaron 340.000 unidades y quedaron pendientes 1,36 millones.

Las reacciones a los sobreprecios

La respuesta política al escándalo fue la caída de 15 funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. El Gobierno desarmó el área de Articulación de Política Social. Incluso se fueron funcionarios que no habían llegado a ser nombrados. Pero no ofreció una respuesta clara de qué había pasado, ni cuáles serán los cambios que se generarán para depurar el sistema. Ya nadie recuerda aquellos nombres y es posible que esté refugiados en otros pliegues de la Administración Pública.

Dos nombres quedaron entonces salpicados peros sostenidos por el ala política del ministerio. Laura Alonso, secretaria de Inclusión Social -una militante muy cercana al diputado Máximo Kirchner y a La Cámpora-; y Lavot, hasta hace poco apoderada de la agrupación La Kolina, que dirige Alicia Kirchner. Ambas fueron mantenidas en sus cargos. Pero a cuatro meses, no logran destrabar la imposibilidad de comprar alimentos sin sobreprecios.

En abril, el Presidente vociferó que no se pagaría por los alimentos más que lo que establece su mismo Gobierno como tope para los precios minoristas y hasta mandó a los intendentes y a los gobernadores a controlar precios en los súper. El sistema de compras argentino requiere de cambios profundos. Por ahora, nada de eso ha sucedido, menos aún desde que el ojo auditor de ciudadanos y periodistas se posó en las contrataciones.