Atajos para atraer inversores

Más de una vez el gobierno de Cristina Kirchner querría morderse la lengua. Las dos decisiones económicas más resonantes de los últimos 75 días -el blanqueo gratuito de dólares evadidos y el contrato petrolero con Chevron- van a contramano del discurso oficial y se traducen en costos políticos más altos que sus eventuales beneficios. Una y otra están dictadas por la necesidad y urgencia de atraer inversiones para inyectar a una economía que dejó de crecer a "tasas chinas" y tiene en el déficit energético su talón de Aquiles. Pero como estos problemas obedecen a fracasos que el propio Gobierno se empeña en desconocer, debe recurrir a atajos para sortearlos y a eufemismos para justificar el cambio de políticas.

El segundo blanqueo en cuatro años, que rige desde este mes hasta ahora con pobre adhesión, es un atajo para contrarrestar la escasez de dólares que produjo el cepo cambiario. Políticamente, un trago amargo para el kirchnerismo, que hace diez años prometía "traje a rayas para los evasores" y en 2012 enarboló por poco tiempo la bandera de la pesificación forzosa de la economía. Para colmo, el apremio oficial para producir resultados inmediatos con el Cedin lleva a Guillermo Moreno a extremar la intervención en los mercados -formales e informales- y a acentuar la desconfianza; incluso de quienes podrían beneficiarse con este generoso perdón impositivo. Antes de decidirse, muchos aguardarán los resultados de las primarias (PASO), que serán una amplia encuesta sobre las perspectivas electorales de octubre. Entre ellos, los evasores que inviertan en Baade con dólares en negro que financiarán proyectos energéticos, en especial de YPF, que no puede acceder a créditos externos a tasas civilizadas debido al riesgo argentino.

El revuelo político que produjo el contrato entre YPF y Chevron también es producto de la contradicción entre los dichos y los hechos oficiales.

A 15 meses de la sanción de la ley con el pomposo título de "soberanía hidrocarburífera", el gobierno de CFK tenía necesidad y urgencia por mostrar que la reestatizada YPF podía conseguir un socio extranjero para Vaca Muerta frente a las demandas judiciales externas de Repsol por la confiscación de sus activos, aún no tasados. De ahí que le otorgara a este proyecto, que se venía negociando desde el año pasado, un tratamiento VIP. En tiempo récord, la Corte Suprema de Justicia hizo suyo un dictamen de la procuradora Alejandra Gils Carbó y en junio revocó dos fallos de tribunales inferiores, que, a pedido de la justicia de Ecuador, embargaban activos y futuros flujos de caja de Chevron en la Argentina. Incluso se involucró el propio CEO de YPF, Miguel Galuccio, al dirigirse por carta a los demandantes ecuatorianos para advertirles que afectaban los intereses energéticos argentinos. Paralelamente, acordó con la petrolera estadounidense condiciones para asociarse con una inversión inicial de 1240 millones de dólares en dos yacimientos (rebautizados Enrique Mosconi) que representan el 3% de la superficie neuquina de Vaca Muerta a cargo de YPF.

Apenas un día antes de firmarse el contrato, el gobierno de CFK extendió por decreto similares condiciones -mayores plazos de concesión, libre disponibilidad de divisas y del 20% del crudo para exportar sin retenciones (o venderlo al mercado interno a precio internacional) a partir del quinto año- a todas las compañías petroleras, extranjeras o locales, que inviertan no menos de 1000 millones de dólares en cinco años para la explotación, convencional o no convencional, de hidrocarburos.

Con excepción de la extensión de las actuales concesiones a 25 años de plazo más 10 adicionales -el principal "anzuelo" del nuevo régimen- la mayoría de los restantes incentivos y desregulaciones habían sido suprimidos durante la era kirchnerista. Tiende así a repetirse un ciclo que el especialista Nicolás Gadano (autor del libro Historia del petróleo en la Argentina ) caracterizó magistralmente como "urgencia" (por revertir crisis energéticas y escasez de divisas) y "traición" (de posturas políticas previas, sostenidas por los presidentes Perón, Frondizi y Menem), en un artículo publicado el viernes por la nacion.

Salvando las distancias, podría agregarse que en la decisión de Cristina Kirchner terminó prevaleciendo el pragmatismo de Galuccio sobre el fundamentalismo intervencionista de Axel Kicillof, quien, de todos modos, será autoridad de aplicación del nuevo régimen y encargado de aprobar los proyectos.

Quejas políticas, interés empresario

Sin embargo, el decreto 929/13 -que ya pasó a ser denominado "decreto Chevron"- no deja de ser otro atajo, para atraer inversiones privadas con incentivos oficiales que hace poco se negaban y a riesgo de ser modificados en el futuro por otro decreto. Alieto Guadagni, ex secretario de Energía, sostiene que para promover una política de Estado, el gobierno de CFK debería sancionar, con consenso político, una nueva ley de hidrocarburos que defina contratos tipo, regalías y licitaciones públicas para extender o reemplazar concesiones.

También el decreto avanza sobre la autonomía de las provincias petroleras, responsables de extender o no las actuales concesiones para que las enormes inversiones necesarias para desarrollar yacimientos de shale oil tengan un adecuado plazo de retorno. Para gatillar la inversión comprometida por Chevron, el gobernador neuquino, Jorge Sapag -aliado de CFK- se apresta a sancionar una ley específica. Sin embargo, Rubén Etcheverry, ex vicepresidente de la empresa Petróleo & Gas de Neuquén y actual opositor a Sapag, sostiene que ello constituye "un escándalo y una asociación ilícita". No ayuda a despejar dudas la escueta información oficial sobre el contrato, ni que Cristina Kirchner -quien no se había privado de utilizar la cadena nacional de radio y TV en cuanto acto tuvo últimamente como protagonista a YPF- haya salido a defenderlo un día después desde el Chaco, criticando a los que lo critican, pero sin replicar la falta de transparencia con que se manejó.

A diferencia de Kicillof, quien acaba de pronosticar un "carnaval de inversiones" a partir del contrato con Chevron, Guadagni lo califica como un "acuerdito", al comparar los 1240 millones que invertirá la petrolera estadounidense con los 28.000 millones que en su momento estimó Repsol para desarrollar Vaca Muerta.

Por ahora, el mayor interés en el nuevo decreto está en las compañías más grandes. O sea, las locales con socios externos y mayor espalda financiera y las extranjeras para reinvertir utilidades, retenidas por decisión oficial. Más cautelosas, en cambio, son las que no alcanzan el piso de 1000 millones de dólares ni accederán a los beneficios del régimen, que de hecho crea un doble estándar que las perjudica, aunque tienen la opción de asociarse con otras petroleras.

No son las únicas dudas que condicionan un boom de inversiones. Quienes ingresen dólares frescos deberán hacerlo al tipo de cambio oficial, desfasado frente a los costos internos. Y quienes aumenten la apuesta en función de los nuevos incentivos, decidirlo casi a ciegas: proyectar los precios internos del dólar, el petróleo y el gas en 2018 no deja de ser un acertijo en la Argentina.