Avanza la idea de gravar el ingreso del capital golondrina

Se crearía un superente centralizado que supervisaría a los bancos, las AFJP y la Bolsa
Javier Blanco
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20 de mayo de 2003  

Las conducciones del Ministerio de Economía y del Banco Central (BCRA) avanzan en la evaluación de una serie de medidas tendientes a dar mayor estabilidad a los mercados financieros locales y a favorecer un tipo de cambio elevado que se mantenga como un estímulo a las exportaciones y a la sustitución de importaciones.

El plan, cuya puesta en marcha aún no se ha definido, contempla la instrumentación de un control a los capitales financieros que inviertan en activos locales, a los que se les aplicará un impuesto en la medida en que el plazo de la colocación resulte inferior a los 180 días. La tasa por pagar será decreciente en la medida en que el retiro de los fondos se realice lo más próximo al plazo mínimo establecido para la colocación, y pasará a ser cero desde el día 181.

"La idea es estimular la permanencia de los capitales en el país para estabilizar el mercado de cambios, evitar los serruchos (subas y bajas) en la cotización del dólar por factores endógenos y crear las condiciones para recrear el mercado local del crédito", explicó uno de los técnicos que trabajan en el diseño de las medidas, que, en este punto, se inspiran en el modelo chileno.

El plan en estudio se complementa además con una serie de reformas al sistema financiero local, que incluyen la centralización de las tareas de supervisión financiera por medio de un nuevo ente que pasaría a agrupar a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (que hoy funciona en la órbita del Banco Central), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), hoy dependiente del Ministerio de Trabajo, entre otras dependencias.

"Ya está elaborado un proyecto de ley en este sentido inspirado en la experiencia alemana. La idea es ir hacia un conglomerado de supervisión que deje de lado los esfuerzos descoordinados que se hacen hoy y que implican un uso no inteligente de los escasos recursos con que contamos", señaló una alta fuente allegada al ministro Lavagna al comentar a LA NACION la iniciativa.

Precisamente a este nuevo ente se lo imagina como el encargado de vigilar el movimiento de los capitales especulativos y de controlar el cumplimiento de las nuevas disposiciones de inversión a los fondos ingresados desde el exterior. La tasa por aplicar sobre los capitales que entren al país y opten por abandonarlo antes del plazo mínimo estipulado sigue en estudio. Según las variantes que se analizan, la alícuota podría fijarse en relación con el nivel que tengan las tasas de interés en el mercado internacional (para evitar desfases) o como un porcentaje a la ganancia que obtengan los fondos depositados en la plaza local. "No llegamos a ese grado de detalle", explicaron.

Algunas de estas indefiniciones están referidas a la posibilidad de negociar la aplicación de una medida de este tipo con Brasil, de manera que se plantee como una medida de impacto regional. De hecho, ya hubo conversaciones con el gobierno del presidente Inacio Lula Da Silva, que también mostraría interés en acotar los efectos de la volatilidad de los capitales en momentos en que la baja rentabilidad que se les ofrece en los mercados centrales tienta a muchos fondos a buscar mejores ganancias aun a costa de asumir mayores riesgos.

Este impuesto, que funcionaría como un verdadero "peaje de salida", no tiene en principio inspiración fiscalista. "No pensamos en los beneficios recaudatorios. Apenas en acotar la volatilidad de la plaza cambiaria y favorecer las condiciones para que las intervenciones del Banco Central puedan ser más efectivas", señalaron.

En carpeta

El control de los llamados capitales golondrina estuvo en la carpeta de Lavagna desde el comienzo de su gestión. Pero adquirió relevancia en los últimos meses, especialmente luego de que fondos de corto plazo ingresaron en el país aprovechando que la coyuntura electoral y la apertura del corralón favorecían un alza de las tasas en un contexto en el que el tipo de cambio tenía fuertes chances de bajar, por un exceso coyuntural en la oferta de dólares.

El plan contempla, además, una medida que eriza la piel de los banqueros locales. La posibilidad de fijar un plazo mínimo de 60 días para la colocación de plazos fijos en las entidades locales, cuando en la actualidad son de apenas 7 días.

La intención, en ese caso, es dar mayor estabilidad a la estructura de fondeo de los bancos, teniendo en cuenta que las líneas internacionales permanecerán restringidas en la medida en que la Argentina no encare la renegociación de su deuda en default. Y el fin último, recrear las condiciones para la recuperación del crédito bancario, aunque recurriendo a una receta poco ortodoxa.

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