Azurix busca la mediación de Cavallo

LA PLATA.- Ni la intervención del ministro de Economía, Domingo Cavallo, pareció servir para acercar posiciones en el conflicto que enfrenta al gobierno bonaerense con la empresa concesionaria Azurix, que, según afirman fuentes oficiales, "se irá antes de fin de año".

La intermediación de Cavallo fue confirmada ayer por el gobernador bonaerense, Carlos Ruckauf, durante un acto realizado en Dolores. "El ministro me manifestó su preocupación por el capital extranjero que está involucrado en Azurix, pero yo tengo que defender los intereses de la gente de la provincia", relató Ruckauf luego de entregar equipamiento para servicios rurales y urbanos a representantes de trece municipios bonaerenses.

Fuentes ligadas a la concesionaria mencionaron el nombre del titular de la cartera de Hacienda al indicar que directivos de la compañía de origen norteamericano habían apelado a autoridades nacionales para que intercedieran en el conflicto.

La reunión mantenida el viernes último entre el presidente de Azurix Corp., John Garrison, y Cavallo también fue admitida por voceros de este último. Según se supo, el directivo, llegado especialmente de Estados Unidos, habría expresado su intención de llegar a algún acuerdo que facilitara "una rescisión de mutuo acuerdo", variante hasta ahora rechazada por la provincia. Garrison se encontró con Cavallo luego de entrevistarse con el gobernador Ruckauf para insistir en plantear que, tal como está, la concesión era "inviable económicamente".

Hay que pasar el verano

En tanto, en la administración provincial calculan que Azurix se irá hacia fines del año actual, lo que traería aparejados problemas adicionales, ya que es precisamente en la época estival cuando se producen las mayores dificultades en la prestación.

Por ello, funcionarios del Ministerio de Obras y Servicios Públicos (MOSP) bonaerense elaboran un plan de emergencia para afrontar lo que para el gobierno provincial es una "inminente e inevitable" rescisión unilateral del contrato del servicio de agua potable y de cloacas prestado hasta el momento por Azurix en 71 localidades y que alcanza a unos 600 mil clientes y más de 2,5 millones de usuarios.

Mientras espera que de un momento a otro llegue la notificación formal de que la concesionaria se retira del negocio, el MOSP diseña el plan de acción que contempla la intervención de los 1300 agentes que hoy trabajan para la prestataria y que antes pertenecían a la estatal Obras Sanitarias de Buenos Aires (OSBA). El gobierno debe garantizar la administración y el gerenciamiento del servicio hasta tanto se decida llamar a una nueva licitación. Ayer, sin embargo, voceros de Azurix ratificaron: "Nuestra actitud sigue siendo la de dialogar para buscar una solución". Las fuentes dijeron que no hay contactos desde el jueves pasado, cuando Garrison se reunió con Ruckauf.

No obstante, el viernes último, en Villa Gesell, el presidente de Azurix Buenos Aires, Juan Martín Lutteral, había dicho a LA NACION que "si el gobierno no cumple con los compromisos", la empresa reclamará los $ 540 millones que llevaría invertidos.

Ante el temor de un juicio, el Ejecutivo provincial giró todos los antecedentes al fiscal de Estado, Ricardo Szelagowski, quien analiza por estas horas la situación legal de la concesión. Por su lado, el gobernador consideró ayer que Azurix "equivocó la apreciación de cuánto valía la concesión y luego se encontró con que no tenía la rentabilidad que esperaba y comenzó el conflicto". Ruckauf aludió, de ese modo, a la diferencia entre los $ 438 millones pagados por la empresa como canon y los $ 125 millones ofrecidos por su inmediata competidora. En tanto, legisladores bonaerenses del radicalismo pidieron la interpelación del ministro Domínguez para que explique la situación de la concesión del servicio prestado por Azurix. La presentación, realizada por los diputados Juan Pedro Tunessi y Oscar Doria, requiere precisiones sobre la marcha de la negociación. "El largo y penoso proceso iniciado a partir de la privatización del servicio de agua en la provincia, trajo como consecuencia una mayor desinversión en el sistema y un creciente deterioro en la calidad del servicio", afirmó Tunessi.