Bolivia castiga a firmas argentinas
Suspendió los pagos a dos empresas en el marco de una investigación por corrupción
El gobierno boliviano decidió suspender los pagos a dos empresas argentinas en medio de una investigación por corrupción. La petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó ayer el congelamiento de todos los desembolsos a las firmas argentinas Lito Gonella y Sica Metalúrgica a la espera de los resultados de la investigación que está en marcha para determinar el pago de sobornos a ex funcionarios de YPFB.
Las empresas argentinas no son acusadas en forma directa, aunque las autoridades bolivianas decidieron tomar la medida de suspender los pagos hasta resolver la investigación. La firma que está bajo la lupa de la justicia es Catler Uniservice, que se adjudicó hace unos meses un contrato para la construcción de una planta de gas en Santa Cruz de la Sierra para la petrolera YPFB.
Catler Uniservice fue una sociedad creada para este proyecto y entre sus accionistas figuraría un grupo de inversores argentinos con sede legal en la ciudad de Salta.
"No nos están investigando a nosotros. El problema es con Catler Uniservice", explicaron en la casa matriz de Lito Gonella, ubicada en la ciudad santafecina de Esperanza.
Según la fiscalía boliviana, la firma del contrato entre YPFB y Catler Uniservice por US$ 88 millones fue irregular, por lo que el presidente de la petrolera estatal, Santos Ramírez, fue destituido y enviado a prisión.
Escándalo político
El escándalo salió a luz pública cuando un gerente boliviano de Catler fue asesinado en La Paz, luego de que delincuentes comunes le robaron los US$ 450.000 que portaba en un maletín y que supuestamente debían ser entregados a familiares de Ramírez. El ex presidente de YPFB era uno de los más estrechos colaboradores políticos del presidente Evo Morales. Además de ser encarcelado, acaba de ser expulsado del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
Poco después de que se hiciera público el caso, el presidente Morales sostuvo que el hecho de corrupción había sido propiciado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, según sus siglas en inglés) de EE.UU. para dañar políticamente a su gobierno y perjudicar el proceso de nacionalización de los hidrocarburos, que se inició en 2006.
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