El convenio abarcaría temas impositivos, financieros y laborales. Busca el Gobierno reflotar el proyecto de pacto social

De Vido se reunió con empresarios y con Moyano; la intención es lanzarlo el 25 de Mayo

19 de Abril de 2008

LA NACION

El acuerdo social se parece en algo al mito de Sísifo. Los dioses habían condenado a ese personaje griego a empujar sin cesar una roca hasta la cima de una montaña, desde donde la piedra volvía a caer por su enorme peso. Funcionarios, empresarios y sindicalistas han intentando en los últimos años levantar la roca del pacto, pero siempre se les fue al suelo. Pero, como Sísifo, vuelven a insistir.

El ministro de Planificación, Julio De Vido, por instrucción de la presidenta Cristina Kirchner, viene tejiendo el remanido convenio en las últimas dos semanas y anteayer se reunió con los presidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Lascurain; de la Asociación de Bancos de Capital Privado Argentino (Adeba), Jorge Brito; de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi; de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, y de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega, y con el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, que asistió acompañado por dos sindicalistas fieles a su conducción.

Hombres de negocios destacaron que fue la primera vez que se encontraron las tres partes (Gobierno-empresas-gremios) para conversar del acuerdo social que Cristina Kirchner prometió en su campaña electoral, pero olvidó cuando asumió en la Casa Rosada el 10 de diciembre último.

Industriales y banqueros le plantearon a De Vido la necesidad de darle un contenido específico al pacto al que la Presidenta volvió a llamar hace dos semanas en el acto de Plaza de Mayo en pleno conflicto con el campo. La idea de la jefa de Estado es que el 25 de Mayo se acuerden bases para un proyecto de país en el bicentenario de la Revolución de Mayo, en 2010. Además de la fecha patria, el 25 del mes próximo el kirchnerismo conmemorará cinco años en el poder.

Los empresarios le presentaron un borrador a De Vido que contiene una serie de referencias genéricas sobre las bases del modelo económico, pautas y objetivos por lograr, y algunas medidas y propuestas en materia financiera, impositiva, laboral y comercial. "Hasta ahora no hay nada concreto. Los papeles cambian todo el tiempo", dijeron fuentes que participan de la negociación.

Desde principios de año, De Vido venía conversando con diferentes sectores, pero sólo a partir del conflicto con el campo el Gobierno se decidió a establecer una relación más estrecha con el empresariado, sin dejar afuera tampoco al sindicalismo. La UIA y Adeba coinciden en que un convenio al estilo Pacto de la Moncloa -el que se firmó en España en la transición democrática de fines de los 70- sería un buen marco para encauzar la relación con el campo, porque sin este sector no habría rúbrica. Pero industriales reconocen que si ahora el Gobierno y las cuatro entidades rurales no se ponen de acuerdo sobre las diferencias coyunturales, entonces no habrá gran convenio social.

La UIA es una de las instituciones que más ha elaborado propuestas, aunque algunas de ellas no son del agrado de otras entidades empresariales. En un documento, consideró que las condiciones para el desarrollo del país dependen de la calidad institucional, el marco macroeconómico, la infraestructura, la educación, la inversión y el financiamiento, el empleo y las relaciones laborales, el fortalecimiento y la ampliación de la base empresarial, la integración productiva y el desarrollo local, la competitividad, la innovación y el valor agregado y la inserción internacional.

La entidad fabril también sugiere diez objetivos para 2016, el bicentenario de la Declaración de la Independencia: convergencia en una tasa de crecimiento del producto bruto interno (PBI) del 5% anual y de la industria del 6%; PBI per cápita de US$ 11.000; inversión del 25% con relación al PBI; exportaciones de US$ 100.000 millones, cuyo 40% correspondan a manufacturas de origen industrial; desempleo del 6% y pobreza que sólo afecte al 6% de los hogares; coeficiente Gini de distribución del ingreso de 0,36 (más equitativa); superávit fiscal primario (antes del pago de la deuda) superior al 3% del PBI; gasto en educación, ciencia y tecnología que represente un 6% del PBI (1% correspondería a los dos últimos ítems) y que el sector privado fondee la mitad de las erogaciones científicas y tecnológicas; que la renta per cápita de las provincias más prósperas no sea más de cuatro veces mayor que la de los distritos más rezagados, y crecimiento del 5% anual de la oferta energética.

Respuesta

Habrá que ver qué opinan de estas ideas los demás sectores empresariales, el sindicalismo y, sobre todo, el Gobierno. Todos coinciden en que el acuerdo consistiría en una ratificación del modelo económico actual, pero algunas de sus bases, como el tipo de cambio alto -tema clave para la industria y los servicios de exportación-, no son compartidas por el comercio y los servicios dedicados al mercado interno. Además, ciertos empresarios consideran que es el Gobierno el que debe fijar sus metas, y no el sector privado.

Participantes de las negociaciones preparatorias del acuerdo opinan que la Presidenta lo relanzó para descomprimir la situación de conflicto social que se disparó con el paro del campo. Algunos se preguntan cuánto apoyo tiene De Vido para armar el pacto, o si el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, rival interno del ministro de Planificación, lo boicoteará.

Alejandro Rebossio

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