Buscan compensar a la Fuerza Aérea con más horas de vuelo

Con la pretensión de saldar una vieja deuda y, al mismo tiempo, evitar ofensas por la virtual privatización del traslado de funcionarios públicos, el Gobierno busca triplicar el año próximo el presupuesto destinado a horas de vuelo de la Fuerza Aérea. Ése es el plan sobre el que trabaja en estos momentos el área de Defensa: que de los 2000 millones de dólares previstos para reequipamiento militar en el lapso 2016-2018, unos 950 millones vayan a los aeronáuticos.

Así lo dispone el presupuesto 2017. La iniciativa, cuyos principales trazos fueron informados a este diario por fuentes del Ministerio de Defensa, pertenece todavía al universo de las intenciones, pero apunta a mejorar la situación de los integrantes de la Fuerza Aérea, cuyo malhumor venía en aumento desde hacía varios años y se intensificó en abril, cuando un documento interno, la "Directiva anual de adscripción", les advirtió por escrito lo que ya todos sentían: el Gobierno prefiere encomendarles a pilotos privados el traslado de funcionarios.

Para los militares se trata de un círculo vicioso: el Estado no confía en sus aviadores porque no tienen la cantidad de horas de vuelo requeridas (4000) y esto pasa porque no hay presupuesto para que lo hagan. El texto en cuestión, fechado el 6 de abril, es una especie de programa de instrucciones para todo el año que, con carácter de "reservado", en su apartado 3, afirma del modo más crudo: "Debido a las restricciones presupuestarias que sufre la Fuerza Aérea, el Programa de Actividad Operacional Año 2016 no permite que todos los aviadores militares y tripulantes no pilotos puedan mantenerse cumpliendo actividad de vuelo. Esta asignación de horas posibilita solamente el cumplimiento de las exigencias básicas mínimas (EBM), dejando aviadores militares sin desarrollar actividad, afectando a la vez la disponibilidad de vacantes para los tripulantes a bordo en los diferentes sistemas de armas".

El documento avanza además en un asunto que multiplicó la irritación entre los uniformados: da un listado de pilotos, muchos de ellos de antigua relación con directivos de MacAir, empresa que la familia Macri le vendió en marzo a la colombiana Avianca, y desde hace un tiempo contratados habitualmente por líneas privadas, que estarán habilitados hasta el 31 de diciembre próximo para volar el Tango 10, un Learjet 60 que pertenece en rigor a la Fuerza Aérea. Son Enrique Carlos García Moreno, Luis Adolfo Grande, Luciano Mario Grimaldi y Lorenzo Oscar Marzialetti, todos ellos civiles, a los se que agrega a dos vicecomodoros retirados: Ángel César Carrizo y Hugo Marcelo Fiocca.

La difusión de aquella nómina puso por escrito una privatización definitiva del traslado de funcionarios públicos que hasta el año pasado se hacía de modo alternativo, pero no estructural. Los Kirchner, por ejemplo, llegaron a delegar la organización de sus vuelos en Sergio Velázquez, el piloto que habían traído de Santa Cruz y que manejaba el Tango 01, pero solían recurrir todavía al personal de la Fuerza Aérea para el resto de los aviones y helicópteros, en algunos casos incluso para cuestiones de índole privada.

Algunos de los civiles contratados por el Ministerio de Defensa son ya célebres en la industria aérea. García Moreno, por ejemplo, no sólo perteneció a MacAir, sino que acompañó en 2008 al norteamericano Rick Valdés en el traslado hasta la Argentina del Learjet que Ricardo Jaime usaba como propio y que le costó un procesamiento.

En realidad, el descontento de los aeronáuticos no está tanto en los nombres como en el nuevo sistema, que los obliga a cederle espacio a una especie de cuerpo de asesores ad honorem del Gobierno que en los hechos conduce un piloto privado, Carlos Colunga, histórico director de MacAir que conoce a Mauricio Macri desde muy joven. "No cobré un peso, fue todo asesoramiento", dijo en su momento a LA NACION Colunga, que trabaja en la organización de la flota y los vuelos de funcionarios con su hijo Diego y con dos antiguos colaboradores: Roberto Aróstegui, ex jefe de línea de MacAir, ex inspector de la ANAC y aviador con años de experiencia en Aerolíneas Argentinas e Indian Airlines, y Carlos Cobas, ex gerente comercial de MacAir y único con funciones oficiales. Cobas fue a principio de año designado como director general de Logística en el Estado, pero deberá actualizar su CV: a pesar de que Colunga afirma que no pertenece ya la compañía, aparece en Linkedin como "responsable en Nuevos Negocios de MacAir Jet SA".

"El único funcionario es Cobas, el resto son conocidos, pero no cumplen ninguna función de asesoramiento", contestaron en la Casa Rosada ante la consulta de este diario. Con todo, quien suelen dar las instrucciones es Colunga, el mismo que el año pasado contrataba chárteres para la campaña presidencial. ¿Qué convence a un piloto de asesorar a un presidente sin llevarse un centavo al bolsillo? En la industria aérea comparan, con detalles, los beneficios de ese rol de protagonismo superlativo con los que supone para un empresario la carrera de dirigente de fútbol: prestigio, contactos y, por lo tanto, nuevos negocios.

Tanto hacia adentro como hacia afuera del Gobierno, la premisa de Colunga es que el transporte de funcionarios requiere de personal experimentado y eso no abunda en la Fuerza Aérea porque no vuela. Por eso diseñó este esquema, que rige desde que Macri llegó a la Casa Rosada, pero que fue oficializado el 16 de febrero a través de la resolución 83 del Ministerio de Defensa, que designa como "personal civil contratado", bajo la ley marco del empleo público nacional, a los referidos cinco pilotos y al instructor de vuelo Darío Néstor Michelini.

El plan general incluye una operación que ya trascendió, pero de la que se conocen todavía pocos detalles: la compra de un avión para trasladar al Presidente.