Buscan frenar las demandas de las empresas privatizadas

La Argentina ya afronta cinco demandas por US$ 2281 millones, ocho casos en los que todavía no se estableció el monto del reclamo y 38 denuncias por violaciones de contrato, en su gran mayoría de parte de empresas de servicios públicos privatizadas, registradas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

La dimensión de las pretensiones económicas de las empresas -que una fuente del Ministerio de Economía no dudó en calificar como "siderales"- hizo que el Gobierno decidiera crear, mediante un decreto, una comisión conjunta entre la Procuración del Tesoro de la Nación, la Cancillería y el Ministerio de Economía para llevar adelante la negociación con las empresas y así evitar que se llegue a la instancia judicial.

El proyecto comenzó a gestarse en enero último y el decreto, con el número 926, fue publicado el 22 de este mes en el Boletín Oficial. Define la conformación de un "consejo federal de negociaciones amistosas", integrado por los tres organismos, que se encargará de definir las estrategias del Estado frente a las demandas de los accionistas internacionales. En el mismo decreto se establece que habrá una "unidad de gestión de negociaciones amistosas" (Ugena), que será la responsable de gestionar de oficio esas tratativas, al frente de la cual se nombrará un funcionario por el término de cuatro años. Como el plazo abarca a toda la gestión del próximo gobierno, probablemente el decreto con el nombramiento salga después de las elecciones, y el elegido sería un hombre de la Procuración, que conduce Rubén Citara.

Unidad de acción

"Para ser un decreto publicado a una semana de las elecciones, parece que el Gobierno se tenía mucha fe con respecto a su candidato", ironizó un ejecutivo del área de legales de una empresa privatizada. "Lo que queríamos era darle continuidad a este tema, que las empresas sepan que hay unidad de acción con respecto a las negociaciones", dijo una fuente de Economía.

En el ministerio admiten que el monto de las demandas está atado directamente a la renegociación de los contratos que se emprenda con las empresas. "En muchos casos se trata de estimaciones por lucro cesante, por ejemplo, que dependerá de cómo se restablezca el tema tarifario", concluyó el funcionario.

En total, son 59 los contratos -gas, electricidad, teléfonos, peajes, aguas, etcétera- que resultaron afectados por la salida de la convertibilidad y por la ley de emergencia económica, ya que las tarifas estaban atadas al dólar y, en la mayoría de los casos, se indexaban según los índices de inflación de los Estados Unidos.

Esos contratos comenzaron a ser renegociados en el ámbito de la comisión ad hocque depende del Ministerio de Economía. Sin embargo, argumentando que las negociaciones no avanzaban, los accionistas internacionales comenzaron a presentarse ante el Ciadi, un tribunal del Banco Mundial que fiscaliza que se respeten los tratados de inversiones internacionales. Las empresas tienen entre tres y seis meses para alcanzar algún tipo de acuerdo mediante "conversaciones amistosas" con el Gobierno antes de iniciar acciones legales.

"Es necesario dar un tratamiento interadministrativo a estos temas", dijo una fuente de la Procuración. La línea argumental que sostiene la Procuración es que los contratos deben ser dirimidos por la Justicia local y no ante los organismos internacionales, cuya función es velar por que se cumplan los estándares de igualdad de los inversores.

Ya hay 38 empresas que denunciaron como abierto el proceso de "negociaciones amistosas". Una vez vencidos los plazos, pueden iniciar la instancia arbitral contenciosa. Actualmente, las demandas contra el Estado argentino son: Enron Corporation (Transportadora Gas del Sur), que pretende US$ 800 millones; CMS Gas Transmission Company, que pide US$ 265 millones; Azurix Corp (ex concesionaria de aguas en la provincia de Buenos Aires), por 566 millones; LG&E Energy Corp (accionista de las distribuidoras de Gas Cuyana, del Centro y Gas Natural Ban), que pide 100 millones, y Siemens (por el caso de la licitación de los DNI), que demanda 550 millones.

En una instancia anterior se encuentran los casos de AES Corporation, accionista de los EE.UU. que controla las distribuidoras de electricidad Edelap, Eden y Edes, en la provincia de Buenos Aires; Camuzzi, el holding italiano que distribuye gas y electricidad en el sur del país y en la provincia de Buenos Aires; la chilena Metalpar, que fabrica carrocerías para ómnibus; Aguas Argentinas; Aguas Provinciales de Santa Fe, y Aguas Cordobesas (grupo Ondeo), y Unisys, que provee servicios informáticos y demandó por la pesificación de su contrato con el Poder Judicial.

En 1997, Aguas del Aconquija demandó al Estado por US$ 375 millones por la rescisión de su contrato. En su momento, el Ciadi determinó que no tenía potestad en cuestiones contractuales, pero la empresa apeló, y el Ciadi revisó esa decisión. La Argentina también apeló en diciembre pasado y finalmente ese juicio figura como "pendiente" en los registros del Ciadi. "El caso está cerrado, y no pagamos un peso", dijeron en la Procuración.