A mitad de semana. Cambios en la jubilación militar

Con el Congreso en ebullición, se avecina lo que debería resultar en el debate económico más amplio y articulado del año. Mañana, a su regreso de una gira que pareció aún más larga al coincidir con la crisis política por los denunciados sobornos en el Senado, a Fernando de la Rúa no sólo le esperan las derivaciones del escándalo.

El Presidente llegará el mismo día en que el proyecto de presupuesto nacional 2001 deberá ingresar al Parlamento, según lo establecido por la Constitución.

Quedan algunos detalles, pero el proyecto está casi cerrado, y el inminente retorno de De la Rúa sólo fue una buena excusa para posponer la reunión de gabinete que habitualmente se celebra los martes y evitar tironeos de última hora. No todos los ministros quedarán conformes con las cuentas elaboradas en Hacienda, pero lo cierto es que por ahora algunos preferirán esperar. Tanto por confiar en lograr cambios durante la próxima ronda de consultas y discusiones con los diputados cuanto porque también ellos tendrán razones para dudar de la perdurabilidad del gabinete en su actual composición.

Pese a que el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal (aun con las pautas ahora algo más flexibles acordadas con el FMI) y los servicios de la deuda externa operan como un chaleco de fuerza, el presupuesto no ha perdido su significación como ley de leyes. A ello se añade que el proyecto será el primero cuya confección puede atribuirse enteramente a la actual administración de la Alianza.

Y contendrá algunas novedades de peso, varias de ellas relacionadas con reformas estructurales, como la de obras sociales, que determinará prácticamente la desaparición de la Administración de Programas Especiales (APE), organismo al que se le destinarán muchos menos recursos, los suficientes para cumplir con compromisos residuales.

Pero una de las novedades mayúsculas del proyecto estará en el mensaje que comprometerá la reforma del sistema de pasividades militares, una cuestión varias veces soslayada y con fuerte peso en las cuentas fiscales.

Se trata de ajustarlo al sistema de capitalización y de reorganizar y modernizar administrativamente el sistema de remuneraciones, según un proyecto preparado en el Ministerio de Defensa y que en estos días es materia de diálogo y consultas con los respectivos jefes del Estado Mayor.

Habrá también una rebaja gradual del impuesto al endeudamiento de las empresas, aunque cerca del ministro de Economía niegan que vaya a haber una reforma tributaria integral inmediata.

En cuanto al modo de calcular el déficit posible según los términos de la ley de responsabilidad fiscal, el secretario de Hacienda, Mario Vicens, sostuvo que el resultado del cual hay que partir para calcular el desequilibrio en 2001 es del orden de los 5190 millones. Ese resultado es el que debe ser ajustado para excluir los ingresos por venta de activos residuales de empresas que fueron privatizadas y concesionadas en 1999.

Por la concesión del sistema de comunicación digital, la venta de acciones de YPF y el canon de los aeropuertos, se suman 1858 millones, por lo cual, según la interpretación de Hacienda, el déficit ajustado de 1999, base para aplicar la escala fijada en la ley de responsabilidad, es de $ 7047 millones. Según el artículo firmado por Vicens publicado ayer por El Cronista, el desequilibrio para 2001 no debe superar el 1,59% del PBI, lo cual equivale a $ 4824 millones sobre la base de un producto estimado en 303.419 millones.

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