Cambios en la ley de emergencia

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28 de noviembre de 2002  

La comisión de Combustibles de la Cámara de Diputados buscará modificar el artículo de la ley de emergencia económica que dispone el congelamiento de tarifas de los servicios públicos para allanar la convocatoria a audiencias públicas, trabada por la Justicia, mediante un proyecto que analizan sus integrantes.

El titular de la Comisión, Arturo Lafalla (PJ Mendoza), propuso modificar el artículo 8 de la ley de emergencia (pública y de régimen cambiario) para permitir que se realicen las audiencias públicas que establecen las leyes de gas y de electricidad.

Esa corrección, según el legislador, "repondría" en vigencia las leyes que regulan la actividad eléctrica y la del gas, que no están derogadas. "Me parece que ése es el mecanismo sensato, legal, sin excluir ningún poder público y sin perjudicar al usuario para resolver este conflicto", definió.

La ley de la industria del gas (24.076), en su artículo 46, señala que las empresas "podrán solicitar al ente regulador, Enargas, las modificaciones de tarifa, cargo, precios máximos, si su pedido se basa en circunstancias objetivas y justificadas".

Considerando esa ley, las entidades de defensa del consumidor solicitaron y obtuvieron una medida cautelar de la Justicia, que en dos ocasiones suspendió las audiencias previstas para definir aumentos tarifarios en electricidad y gas hasta tanto se renegocie la totalidad de los contratos. Por lo tanto, el Gobierno analiza la posibilidad de conceder un aumento por decreto.

Sin embargo, el apagón del pasado domingo, que afectó a más de 12 millones de habitantes, contribuyó a demorar la eventual firma del decreto porque aumentó el descontento de millones de usuarios.

Buscando acercar una solución al conflicto, Lafalla aludió a la necesidad de "hacerle un muy corto agregado a ese artículo" para permitir que se apliquen las leyes que regulan esas actividades "y que están vigentes".

No obstante, aclaró que los incrementos que reclaman las empresas, en el caso de corresponder, "se harían sin perjuicio de la renegociación de los contratos y su posterior vuelta al Congreso para que los ratifique".

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