Así como se dice una cosa, se hace otra

Pocas veces como en los últimos días fueron tan marcadas las contradicciones entre el discurso de un gobierno y las medidas que adopta. Se puede ver en el caso del aumento de los Derechos de Exportación (DEX) que el Ejecutivo decidió el sábado pasado y la autorización que le solicitó al Congreso para incrementarlos en tres puntos porcentuales por encima del 30 por ciento vigente para el poroto de soja y 12% para el trigo y el maíz.

Tanto el presidente, Alberto Fernández, como el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el ministro de Economía, Martín Guzmán dijeron, palabras más, palabras menos, que el campo es estratégico, que es clave para generar los dólares que necesita el país, que se tiene que sentar en la mesa de las negociaciones y que este gobierno defenderá a quienes producen y no a quienes especulan.

El nuevo paquete dispuesto para los DEX va en la dirección exactamente contraria de esas declaraciones. Se le pone un freno de mano al sector de la economía que más rápidamente responde cuando le sacan todos los obstáculos para avanzar. Si el campo fuera estratégico, la táctica que aplica el Gobierno demuestra otra cosa.

Entre los innumerables trabajos que se dieron a conocer en los últimas días sobre el efecto que tendrán estas medidas se destaca el de la gerencia de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Para la campaña 2020/21, cuando estén en vigencia a pleno la suba decidida el sábado pasado más la aplicación de los incrementos autorizados por el congreso (DEX plus, según el trabajo), la reducción del área sembrada sería de 845.000 hectáreas y la producción caería en 4,1 millones de toneladas respecto del ciclo 2019/20, para los seis principales cultivos. "Aproximadamente, un cuarto de la caída sería explicada por los rendimientos, debido a una menor inversión en tecnología, mientras que los tres cuartos restantes corresponden a las disminuciones de área", señala el informe.

Como se sabe, los DEX se traducen en un dólar diferencial que encarece el poder de compra de los insumos. Además, deprecian el valor de los granos que proporcionalmente pagan más flete. Es decir que las zonas alejadas de los puertos y centros de consumo serán las más afectadas. El federalismo, que espere.

Para el ciclo 2020/21, de aplicarse el DEX plus y el aumento del sábado pasado, la recaudación por derechos de exportación se incrementaría en 1386 millones de dólares, pero la recaudación total subiría menos, en 1239 millones de dólares por la caída de tributos debido a la menor producción.

Aquí también gana el gobierno nacional porque las retenciones no son coparticipables, a diferencia de otros tributos. A su vez, solo por el DEX plus, la recaudación aumentaría en apenas US$198 millones, pero, por la baja de la producción, el ingreso por exportaciones se reduciría en US$361 millones. Así, con la mayor presión tributaria, el negocio agrícola queda a merced de que los precios internacionales sean muy buenos y las condiciones climáticas sean óptimas, algo que pocas veces suele coincidir.

En ninguno de los grandes países agrícolas se le aplican impuestos a la exportación. Es más, muchos de ellos protegen a sus agricultores. Estados Unidos, para mitigar el daño de la guerra comercial con China, destinó US$16.000 millones a los farmers en mayo pasado. De ese monto, US$14.500 millones eran pagos directos. Se dirá que puede darse ese lujo porque se trata de la primera economía del mundo y tiene estabilidad. Es cierto, pero casi ningún gobierno, salvo el argentino, castiga a quien le origina los bienes para obtener dólares que equilibren la balanza comercial.

La concepción de aplicar impuestos a la exportación, que en rigor también afectan a quienes venden granos para los consumos internos, no es exclusiva del actual gobierno. Durante la anterior administración, pese a que al comienzo de la gestión hubo una baja, también se aplicaron y se aumentaron, pese a que el expresidente Macri decía que eran un mal tributo. Funcionarios y economistas que apoyaban a Cambiemos también estaban convencidos de que las mal llamadas retenciones eran útiles. Por más que ahora algunos opositores se golpeen el pecho y critiquen al actual gobierno, las avalaban.

Por otra parte, el esquema de reintegros de los DEX como el que a último momento se introdujo en la ley de emergencia nunca fue consistente. Y menos en un Estado que siempre vive al borde de la quiebra.

En rigor, lo que se sigue repitiendo es la falta de estabilidad de la economía traducida en el rojo de las cuentas fiscales, la depreciación de la moneda, la voracidad de la intervención del Estado y el recurso final que tiene la clase política: cada que hay una crisis económica de magnitud, el ajuste lo paga el sector privado.