China aprueba más transgénicos en una señal hacia Estados Unidos

En una señal para aliviar la tensión comercial con Estados Unidos,China aprobó para su importación cinco cultivos modificados genéticamente. La decisión podría beneficiar también a la agricultura argentina, según admitieron fuentes de la Secretaría de Agroindustria que aguardaban la notificación oficial de Pekín.

Según informó la agencia Reuters, dos de los productos recientemente aprobados -la canola RF3 de BASF y la canola MON 88302, de Monsanto, propiedad de Bayer- esperaron durante seis años los permisos correspondientes.

Los otros productos aprobados fueron el maíz DP4114 y la soja DAS-44406-6, de DowDuPont Inc, así como la soja SYHT0H2 desarrollada por Bayer CropScience y Syngenta, ahora en poder de BASF.

Esta última soja, aprobada en la Argentina en noviembre de 2017, es tolerante al glufosinato de amonio y a los herbicidas de la familia de los HPPD (inhibidores de la síntesis de carotenoides). Para su liberación comercial, estaba pendiente la aprobación china.

En el caso de la soja DAS-44406-6, de Dow-Dupont, que es tolerante al herbicida 2-4-D y había sido autorizada en noviembre de 2016, también estaba pendiente la aprobación de Pekín. En tanto, el maíz DP 4114 ofrece resistencia a insectos lepidópteros/coleópteros, y había sido desarrollado por Dupont. En el proceso de fusión de ambas compañías se creó la firma Corteva.

"Esto tendrá impacto favorable en la Argentina, porque se bajarán los costos para enfrentar el problema de las malezas resistentes", dijo a LA NACION una fuente de Agroindustria. "Los agricultores tendrán más herramientas para mejorar su productividad", señaló. No obstante, se esperaba la comunicación oficial del gobierno chino, porque hasta ayer no se había recibido una notificación concreta.

Los principales países productores de granos modificados genéticamente, como Estados Unidos, Brasil y la Argentina, se vienen quejando de la lentitud de China en la aprobación de estos cultivos. Estados Unidos es el principal productor de cultivos genéticamente modificados y China es el importador número uno de granos.

La Argentina, a su vez, tiene varias peticiones con China, tanto de empresas multinacionales como locales. Se destacan la soja resistente a sequía, desarrollada por científicos de la Universidad del Litoral y el Conicet, y una alfalfa con bajo contenido de lignina (componente vegetal) de la empresa argentina Bioceres.

"China se toma su tiempo para estas aprobaciones", reconoció una fuente oficial.

En el sector privado, también aguardan la comunicación oficial del gobierno chino, que debe otorgar un certificado de bioseguridad para que las exportaciones de soja y maíz no tengan inconvenientes cuando ingresen en los puertos del gigante asiático.

Además de a esa comunicación oficial, en la Argentina las empresas siguen atentas a la evolución de la reforma de ley de semillas en el Congreso, que tiene dictamen aprobado de la Comisión de Agricultura de Diputados. Con la norma vigente de 1973, cuando la biotecnología agrícola no se había desarrollado, y que establece el uso gratuito de las semillas, la industria considera que no tienen retribución por las inversiones en investigación y desarrollo de nuevas variedades. Esto es particularmente crucial en las llamadas autógamas, como trigo y soja, que, una vez cosechadas como grano pueden usarse como semilla para la campaña siguiente.

Una pelea con varios frentes abiertos

Aranceles

Estados Unidos y China están enfrentados en una guerra comercial que afecta a los productos agropecuarios. En respuesta a la suba de aranceles que impuso Washington a los productos industriales chinos, Pekín aumentó las tarifas de varios productos agropecuarios de Estados Unidos. El más importante es la soja, con ventas anuales por US$14.000 millones

Negociaciones

Funcionarios chinos se reunieron con sus pares estadounidenses anteayer en Pekín para sostener las primeras conversaciones cara a cara desde que los presidentes Donald Trump y Xi Jinping acordaron, en diciembre pasado en Buenos Aires, en el marco de la reunión por el G-20, una tregua de 90 días