Clima, presión fiscal, un escenario difícil y los temores para 2023

Tras el “veranito” que significó para el Gobierno el dólar soja, ya que le permitió hacer un colchón de divisas para las reservas del Banco Central (BCRA), en el campo, en su dirigencia, se sigue tratando de vislumbrar un horizonte que permita una cierta certidumbre más allá de una medida puntual. Sucede que el dólar soja, si bien tuvo una fuerte respuesta por parte de los productores que vendieron, no fue aprovechado por muchos pequeños y medianos productores que tenían ya colocada su producción y encima, luego, el régimen quedó contaminado por las disposiciones del BCRA que encarecieron el crédito a los productores de la oleaginosa y dejaron afuera del dólar a las empresas, excluyendo las personas humanas, que operaron con el mecanismo. Una suerte de “emboscada” según la interpretación de varios actores.

Desde hace meses, en medio de un evento La Niña que no da tregua a cultivos de trigo sufridos y que tiene a los productores recalculando estrategias por el maíz, se viene alertando que la realidad climática, el escenario volátil a nivel internacional para las commodities, la presión impositiva en todos los niveles del Estado y el riesgo siempre latente de una mayor voracidad fiscal pintan un panorama complejo hacia adelante. A esto se agregan las iniciativas, como en el caso de humedales en el Congreso, que en lugar de reconocer un servicio ecosistémico por parte de la producción buscan marcar una restricción. Desde el sector se insiste en que las leyes que se necesitan ya están y lo que se requiere es su ordenamiento, no una nueva disposición.

Todo el combo está intacto y se proyecta inclusive hacia 2023. Del lado del Gobierno, está ultimando las medidas comprometidas en el mismo decreto 576 del dólar soja, esto es el fondo para pequeños y medianos productores de economías regionales y los incentivos para quienes vendieran no menos del 85% de su producción. Son todas cosas que el mismo Gobierno puso por escrito y, más allá de que obtuvo un beneficio por el ingreso de divisas, se aguarda el cumplimiento de su parte. “Se está trabajando”, responden en despachos oficiales.

“El año que viene va a ser difícil; vamos a tener una cosecha fina mala y estamos entrando a una cosecha gruesa complicada. Se va a necesitar mayores recursos [desde el Gobierno] y la presión fiscal va a estar porque van a necesitar mayores recursos”, dijo en diálogo con este medio Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Para el dirigente, se está ante un “panorama difícil” donde las entidades del sector estarán a la orden del día con sus reclamos. Seguirán, por ejemplo, con los pedidos frente a la alta carga impositiva. “Lo planteamos continuamente, en cada reunión. Me da la impresión que lo entienden [en el Gobierno], pero se topan con la necesidad de recursos”, señaló Chemes. El dirigente añadió que medidas como las del BCRA “no ayudan” a que se avance en una “confianza” y alertó que, cuando se ve el escenario internacional, en productos como la carne “si llega a haber una reducción de precios se va a complicar” el sector.

Lo que viene

En este contexto, con sus avances y retrocesos, la dirigencia rural continúa tratando de explorar un lobby que sirva para encontrar soluciones, aunque las mismas se demoren, y, a la vez, mantener un equilibrio ante presiones internas de quienes reclaman más firmeza. Pedidos que se escuchan en muestras de rurales y asociaciones del interior, como lo hizo la semana pasada en la Asociación Rural de Salliqueló su presidente, Federico Lema, que habló de que la juventud del agro dará un “apoyo irrestricto” a los dirigentes que planteen mayor firmeza.

En este cuadro, para el Gobierno bien podría ser interesante ir tomando nota de datos que trazan un panorama de lo que puede venir en función de La Niña. En su jornada sobre perspectivas para la campaña realizada el miércoles pasado, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyectó en 127,7 millones de toneladas la cosecha, una merma del 1,6%. En tanto, si bien continuarían con una contribución alta por los precios internacionales, las exportaciones agrícolas caerían en valor 9%, a US$40.932 millones. Respecto de la recaudación fiscal, que considera todos los tributos del agro, rondaría los US$17.500 millones, un 9,1% menos.

“El sector no necesita ni subsidios ni prebendas, solo necesita reglas claras y previsibilidad sostenibles en el tiempo y una reducción gradual de la carga impositiva. Escuchen a quienes conocen del tema”, dijo José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su discurso. Otro mensaje para el Gobierno.

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