Con la ley de tierras se puede frenar el desarrollo

Fernando Aftalion (h.)Para LA NACION
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9 de julio de 2011  

Aunque el proyecto de ley que impulsa el Gobierno con el propósito de fijar límites a la venta de tierras a extranjeros está en línea con los de otros partidos y con la legislación de algunos países, su aplicación reduciría drásticamente no sólo el desarrollo y empleo que estas inversiones generan en zonas del interior sino también la liquidez del mercado inmobiliario. ¿Por qué no dejar de lado las agendas políticas/electorales y profundizar el análisis de manera objetiva para que dentro de límites más realistas los extranjeros puedan invertir en tierras?

Las ventas de grandes extensiones a extranjeros en la Patagonia, en cuencas acuíferas del Litoral y en zonas limítrofes durante los años noventa siguen provocando fuertes críticas porque, si bien fueron transacciones entre privados, podrían ser considerabas patrimonio del país. Pero no hay que mezclar esas ventas con las de menor escala, con fines productivos que generan empleo y valor agregado. Los pueblos de Charata en Chaco, Las Lajitas en Salta o Quines en San Luis son algunos ejemplos del efecto de inversiones extranjeras y locales en tierras que les permitieron a esas zonas desarrollarse con el aumento de habitantes, escuelas, empresas de servicios y construcciones.

Como el capital local destinado a inversiones agrícolas es limitado y el financiamiento bancario de largo plazo, mínimo, restringir la inversión extranjera en forma exagerada seguramente frene el desarrollo del interior, porque más importante que la compra de tierras es la inversión y la mano de obra para hacerlas productivas. Además, esa falta de empleo seguiría agravando el éxodo rural a las grandes ciudades y con una menor liquidez por la caída en el número de compradores, los precios de las tierras probablemente se mantengan o bajen.

Se tiende a demonizar a los inversores sin distinción y a meterlos a todos en una misma bolsa, aunque hay diferencias abismales entre las distintas categorías. No es lo mismo un neozelandés que pretende comprar 4000 hectáreas para desarrollar un megatambo y cultivos intensivos que un fondo soberano asiático que busca firmar un convenio de alquiler por 250.000 hectáreas con un gobernador de turno. Si la preocupación del Gobierno es proteger los recursos estratégicos y la soberanía alimentaria, entonces debería ser consistente y promover también el marco regulatorio para limitar los convenios de las provincias.

El proyecto de ley propone la creación de un registro nacional de tierras rurales que resulta necesario para tener información confiable y que además permita destapar algunas ollas. Sin embargo, si esta función cayese en manos de funcionarios inescrupulosos, podría convertirse en un instrumento perverso. Si Maquiavelo viviese, diría que la ley es sólo una fachada y que el verdadero objetivo es acceder a esa información para una mayor presión fiscal sobre los dueños de grandes superficies, como está sucediendo hoy en Uruguay. En esta ley se fija además un límite de hasta 1000 hectáreas para cada extranjero (sujeto a su equivalencia por región) y que el total en manos extranjeras sea inferior al 20% de las hectáreas del país.

La información del registro debería ser el punto de partida para evaluar la verdadera dimensión e impacto en la compra de tierras por extranjeros. Después, cada provincia, según sus características y ventajas competitivas, debería determinar cuáles son las actividades productivas de mayor potencial de desarrollo no sólo por el valor agregado o el empleo sino también por otros criterios como la sustentabilidad o el cuidado de las poblaciones originarias. Finalmente, se deberían definir las hectáreas mínimas para que una superficie pueda ser considerada una unidad económica y con esa información fijar los límites y condiciones para que un extranjero pueda invertir en tierras.

Sin embargo, a las apuradas y en plena campaña electoral con infinidad de intereses en juego, aprobar una ley que resulte improvisada en un país que ya ofrece poca seguridad jurídica y previsibilidad terminaría alejando las posibles inversiones que ayudarían a que las economías más relegadas pudieran salir adelante.

El autor es socio del Grupo Agrarius.

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