Debe mantenerse el derecho de uso propio para los agricultores

Opina Eduardo Buzzi
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9 de octubre de 2004  

La posición de la Federación Agraria Argentina desde el momento en que las compañías semilleras lograron instalar el debate sobre propiedad intelectual y que consiguieron interesar al Gobierno para generar diversos proyectos de ley, es clara y sencilla: debe mantenerse el actual sistema por el cual el obtentor o titular adquiere derechos temporales exclusivos de producción para la comercialización del material de reproducción de la variedad vegetal, mientras que el agricultor conserva la facultad de reservar su propia semilla obtenida de la siembra de la variedad protegida para su nueva siembra.

Este es el sistema más tradicional de protección de propiedad intelectual en semillas, recogido en nuestra Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas 20247 y se encuadra en los lineamientos del Convenio de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) de 1978, al cual nuestro país, se encuentra adherido por ley 24.376/94.

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En los últimos años las compañías semilleras intentaron eliminar la posibilidad del agricultor de reservar y utilizar su propia semilla, o bien cobrar "regalías" sobre la semilla reservada. De acuerdo con el sistema imperante en nuestro país, los titulares de la variedad no tienen la potestad de impedir que los agricultores utilicen su propia semilla o condicionar el uso al pago de regalías. En Uruguay, país adherido como nosotros al Convenio UPOV 78 y con un régimen legal similar al nuestro, el Instituto de Semillas de ese país declaró ilegal el sistema de "regalías extendidas". Como alternativa para legitimar sus pretensiones los semilleros impulsan la reforma legislativa mediante la adhesión y adopción de pautas del Convenio UPOV 91.

Este sistema, producto de la revisión del anterior y a instancias de los mismos intereses, excluye como regla la reserva y el uso de semilla por parte de los agricultores supeditándolo sólo a la posibilidad de que la legislación nacional lo contemple expresamente como "excepción del agricultor", en una medida fijada.

Haciéndose eco de esa campaña y no obstante la resistencia de los productores, el Gobierno presentó diversos proyectos de ley de adhesión. En los primeros proyectos se esbozaban alternativas muy limitadas de uso de semilla propia, como "excepción del agricultor" y abrían el camino al cobro de regalías.

Luego se introdujo la propuesta de "regalía global", que en definitiva crea una nueva gabela porcentual a la venta de la producción primaria, con destino fundamentalmente al pago de las "regalías" a los semilleros por el uso propio; en este caso el Estado se convierte en recaudador y ejecutor de esos intereses privados. En definitiva, en ambas alternativas el titular de la variedad no sólo tiene exclusividad y protección en la producción y comercialización del material de reproducción, actos sujetos a su autorización y licenciamiento contra el pago correspondiente, sino que también recibirá un pago por las sucesivas utilizaciones de los agricultores, lo que a nuestro entender transforma la compra de semillas en una modalidad de "alquiler".

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Dos cuestiones merecen aclararse. La primera es que falsamente se vinculó la reserva y uso de semilla propia con el desarrollo del mercado ilegal. La entidad denunció tempranamente que se trataba de un argumento efectista para eliminar esa facultad y legitimar el cobro de regalías. Recientemente el ex titular del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Oscar Costamagna, nos dio la razón, al ubicar el origen de la "bolsa blanca" en el aumento y mantenimiento de los precios excesivos y en obstáculos a la fiscalización resultantes de comportamientos dudosos de los propios semilleros. La segunda cuestión es dejar en claro que con el sistema vigente nuestro país cumple sus compromisos internacionales en materia de protección de la propiedad intelectual, ya que se encuadra perfectamente dentro de lo establecido en el artículo 27 del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de 1994.

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Conviene subrayarlo ante la ilegítima pretensión de Monsanto de percibir en puertos de destino remuneraciones por el uso local de su tecnología. Dicha tecnología está incorporada en variedades vegetales inscriptas en nuestro país con debido amparo por el sistema vigente y sus titulares cuentan con todos los instrumentos para hacer efectivos sus derecho. Hay que mantener, sin perjuicio de su posible mejoramiento y actualización, el sistema actual que equilibradamente protege el derecho de lo obtentores o titulares de las variedades, a la vez que resguarda la posibilidad de uso de semilla propia por parte de los agricultores.

El autor es presidente de la Federación Agraria Argentina.

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