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Desde Italia le piden a la UE una transición de dos años para la entrada en vigor de su política antideforestación
En una carta a las autoridades del bloque europeo, el think tank italiano Competere sostuvo que la ausencia de directrices y herramientas claras está complicando el proceso de adaptación de los proveedores; advirtió que al excluir a los pequeños productores la Unión Europea “no reduce la deforestación, sino que la promueve”
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El 30 de diciembre próximo entrará en vigor el Reglamento sobre Deforestación de la Unión Europea (EUDR, por sus siglas en inglés), por el cual los proveedores de una amplia lista de productos de origen agropecuario que ingresen en el bloque europeo deberán poder asegurar que esos bienes no provienen de zonas deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. La medida, que viene generando resistencia en países exportadores de carne, granos y derivados como la Argentina, Brasil e Indonesia, ahora también empezó a despertar el interés de organizaciones fronteras adentro de la Unión Europea.
Es el caso del think tank italiano Competere, que ayer publicó en su sitio oficial la copia de la carta que su presidente, Pietro Paganini, le envió el 12 del actual a las máximas autoridades de la Comisión Europea, en la que reclamó “un período de transición de dos años” para las políticas sobre deforestación de la Unión Europea, dado que, tal como están previstas, “podrían afectar significativamente el comercio, las empresas, las cadenas de suministros y a los consumidores”.
Según el análisis de esta organización, que se presenta como una comunidad de analistas, investigadores, profesionales creativos y de emprendedores, “la ausencia de directrices y herramientas claras por parte de la Comisión Europea está complicando el proceso de adaptación para muchas partes interesadas, en particular los pequeños productores vulnerables de los países exportadores. Esta confusión también está afectando a las empresas y a las autoridades nacionales, muchas de las cuales aún no están preparadas para cumplir con la normativa”.
En la misiva enviada a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se destacó el espíritu de la medida, que tiende a la promoción de la biodiversidad, pero se cuestionó que en la formulación del EUDR no se tuvieron plenamente en cuenta las necesidades específicas de las diversas cadenas de suministros afectadas. “Se adoptó un enfoque generalista de ‘talla única’. Esto alejó a los países productores del proceso de toma de decisiones, lo que dio lugar a peticiones legítimas de demora de la aplicación y a riesgos de una aplicación ineficaz”, advirtió Paganini.
Para los integrantes de Competere, la confusión general que se evidencia en torno de la aplicación de la política contra la deforestación derivará en el “aumento de los precios de los productos básicos, algo que podrían afectar no solo a los consumidores europeos, ya agobiados por la inflación y la inestabilidad geopolítica, sino también a los pequeños productores, lo que exacerbaría aún más su vulnerabilidad”.
Y añadieron un llamado de atención frente a la posibilidad de que el EUDR termine agravando la problemática que se pretende atender: “Percibimos un riesgo real de que los pequeños productores de los países exportadores se vean marginados o excluidos de las cadenas de suministro destinadas al mercado europeo, lo que podría empobrecer aún más el medio ambiente. Al excluir a los pequeños productores, la Unión Europea no reduce la deforestación, sino que la promueve”.
Por todo lo antedicho, en la carta dirigida a las autoridades de la Comisión Europea Paganini y Competere propusieron un período de transición de “al menos dos años” para la implementación gradual del reglamento. Esto les permitiría a las autoridades y a las distintas partes interesadas el tiempo necesario para adaptarse, garantizando que los procesos de producción y la estabilidad económica no se vean comprometidos.
Además, se propuso la formación de un comité permanente que debería incorporar a grupos de trabajo para los diversos productos básicos incluidos en la normativa. “Este comité estaría abierto a las autoridades nacionales, los países productores, las asociaciones comerciales y al resto de las partes interesadas”, se argumentó.
En el cierre de la misiva, Paganini pidió que durante la fase de transición propuesta queden suspendidas las sanciones. “Nuestra solicitud apunta a una colaboración constructiva y pragmática con la Comisión Europea para garantizar una implementación efectiva, justa y resiliente del EUDR. Somos conscientes de la complejidad de esta solicitud, pero creemos firmemente que representa el camino más eficaz para implementar los cambios necesarios en este momento crítico”, cerró el presidente de Competere.
Cabe recordar que la semana pasada el ministro de Agricultura de Alemania, Cem Ozdemir, anunció que el gobierno del socialdemócrata Olaf Scholz le pidió a la Comisión Europea que la implementación del EUDR se postergue por seis meses. “Las empresas necesitan tiempo para prepararse. Si ello no ocurre, las cadenas de abastecimiento estarán en riesgo de ruptura a fin de año, en detrimento de las economías de Alemania y de la Unión Europea, pero, también, de pequeños productores en terceros países y de los consumidores”, destacó el funcionario a través de un comunicado.
Además, el jueves anterior Brasil presentó formalmente una carta para pedir a la Comisión Europea que posponga la aplicación de la normativa. “La entrada en vigor del reglamento contra deforestación a fines de 2024 representa un motivo de seria preocupación para diversos sectores exportadores brasileños y para el gobierno. Por ello, solicitamos que la Unión Europea no implemente el EUDR a partir de fines de 2024 y reevalúe con urgencia su abordaje sobre el tema”. Para el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva el EUDR representa “un instrumento unilateral y punitivo que ignora las leyes nacionales sobre combate a la deforestación”.
De momento, no hubo un reclamo formal del gobierno de la Argentina a las autoridades de la Comisión Europea sobre la puesta en marcha del EUDR. No obstante, en julio pasado acompañó un pedido de postergación realizado por el Consejo Agropecuario del Sur (CAS), que integra con países de la región.
Dudas en el nivel local
En el nivel local, por iniciativa de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales se desarrolló la plataforma Visec. Cuenta con la adhesión de algunas entidades de productores, Bolsas de Cereales y hace unos meses la AFIP habilitó a los productores a compartir su información productiva ante ese organismo con la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), entidad administradora de Visec. Entre otras acciones, la plataforma busca garantizar la trazabilidad de los productos desde su origen y hasta el punto de embarque.
Sin embargo, a menos de cuatro meses de la entrada en vigor oficial del EUDR todavía persisten, tal como lo advirtió Competere a las autoridades del Comunidad Europea, más dudas que certezas. “Todavía hay mucha resistencia entre los productores medianos y pequeños, porque creen que a estas exigencias que ahora plantea la Unión Europea mañana le sobrevendrán otras, relacionadas, por ejemplo, con el uso de herbicidas. Consideran que el arco lo van a ir corriendo todo el tiempo un poco más”, planteó a LA NACION un operador del mercado de granos.
Agregó que tampoco parece estar muy claro si habrá un plus por sobre el precio de mercado para quienes cumplimenten las exigencias y cuenten con todas las certificaciones necesarias. “Hoy por la soja EPA –es una certificación regulada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos– se pagan no mucho más de 3 dólares por encima del precio de mercado, un valor que se fue achicando en la medida que se multiplicaron los participantes de ese programa que también tiene que ver con la sustentabilidad. Entonces, no son pocos los productores que hoy nos dicen que no ven el estímulo económico para sumar trámites y certificados”, explicó.
En la misma línea, otro operador consultado señaló que la exportación, que ya está exponiendo su inquietud ante los productores para que comiencen a certificar sus establecimientos dentro de las normas exigidas por la Unión Europea, “deberá dinamizar ese pedido con un plus en los precios que estimule a los productores. De lo contrario, muchos van a esperar a ver qué pasa a partir del 1º de enero”.
Para los productores de soja que cuentan con la certificación EPA el trámite para allanarse al EUDR es simple, dado que los exportadores les solicitan el correo electrónico del titular de la firma y el número de Registro Nacional de Productores Agropecuarios del Senasa. El resto debe seguir los pasos dispuestos por la plataforma Visec, a los que se puede acceder a través de www.visec.com.ar
“Para el caso de los granos, la intención de los exportadores es que por lo menos el 70/80% de lo que compren tenga certificación, pero creo que va a costar un poco, porque la respuesta del lado de los productores y de los acopios no será tan rápida. Creo que se irá dando con el correr del tiempo y, sobre todo, cuando se choquen con la imposibilidad de colocar su mercadería por no tener las certificaciones correspondientes”, advirtió a LA NACION un operador de la zona del Gran Rosario.
Agregó que por el momento la situación aparenta calma, pero en vistas del paso de los meses, “dentro de poco vamos a arrancar con las preocupaciones de los exportadores y con las ansiedades de los clientes por habilitar sus campos y certificar sus granos. Entendemos que es un proceso de cambio que llevará tiempo, pero que seguro se irá acomodando”.
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