Dujovne dijo que se busca un menor impacto de Bienes Personales en el campo

En medio del un fuerte malestar en el sector agropecuario, el ministro de Hacienda y coordinador del equipo económico, Nicolás Dujovne, afirmó este mediodía que el Gobierno está trabajando para que la suba del impuesto a los bienes personales, reclamado por la oposición en el Congreso, impacte lo menos posible entre los productores agropecuarios.

"La modificación de bienes personales forman parte de una propuesta del legislativo en el marco de una negociación amplia con respecto al presupuesto", remarcó Dujovne en la conferencia de prensa que realizó este mediodía en el microcine del Palacio de Hacienda para presentar el seguimiento de las metas fiscales del tercer trimestre del año.

"Estamos en minoría. Tenemos que escuchar los pedidos de la oposición, de los gobernadores. Hay alguna cosas que nosotros no priorizamos, sino que son pedidos de nuestros interlocutores. Y en ese marco de negociación es que nos piden una modificación de bienes personales", dijo.

"Estamos trabajando con el legislativo para intentar que ello impacte en el campo lo menos posible, para mantener la misma presión impositiva. Lo vamos a discutir durante hoy y mañana, pero nuestra intención es de no incrementar la presión impositiva para el campo por bienes personales", agregó el encargado de la confección del proyecto de presupuesto.

En la actualidad, las personas físicas con inmuebles rurales no pagaban bienes personales (sí lo hacían las jurídicas), sino que abonaban el impuesto a la ganancia mínima presunta, que fue eliminado con la reforma tributaria de fines de 2017. Fuentes oficiales estimaron que la eliminación de ganancia presunta ya hubiera puesto automáticamente a las personas físicas dentro del pago del impuesto a los bienes personales, más allá de la presión del Congreso.

No obstante, y como compensación de la eliminación del Fondo Sojero, los gobernadores presionaron al Gobierno y lograron que se incluyera a estos bienes en el pago del tributo tanto para bienes en el país como para aquellos en el exterior. Para varios tributaristas, se trata de una "emboscada" a aquellos que ingresaron al último blanqueo del capitales.

El primer dictamen había establecido un pago de una alícuota de 0,25% para los inmuebles rurales de más de $2 millones. Esta decisión llegó en momentos en que la provincias de Buenos Aires impulsó un fuerte revalúo de esas propiedades, pero además luego de que el Gobierno anunciara una suba de exportaciones.