Dos entidades del sector, CRA y Carbap, elogiaron al Tribunal después de que el oficialismo lo fustigara por el fallo que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires por las clases presenciales
Luego de que la Corte Suprema fallara a favor de la ciudad de Buenos Aires por la presencialidad de las clases y que el oficialismo la criticara en duros términos, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) señaló que el concepto de “golpe blando por parte de funcionarios estremece y pone al país en vilo”.
“Judicializar la política es siempre un fracaso de la misma, ahora, cuando la Justicia se expresa y dicta su fallo solo queda la obligación de acatarla, respetarla y cumplirla, al menos para quienes soñamos vivir bajo el imperio de la Constitución Nacional”, expresó.
En este sentido, remarcó que “asistir a un rosario de conceptos agraviantes hacia la Corte Suprema genera más angustia y más desasosiego”.
“Si el Señor Presidente y sus colaboradores más cercanos descalifican de manera grosera al máximo órgano del Poder Judicial, dejan al ciudadano común en una situación de grave vacío legal y desconcierto sobre los límites y derechos de cada uno de nosotros”, agregó CRA.
En este contexto, señaló que las “palabras emitidas por el presidente, seguidas de expresiones similares por la vicepresidente, ministros y altos funcionarios, denostando a la Corte, imputándole parcialidad política y amenazando con ignorar el fallo en cuestión, nos colocan en un estadio institucional de extrema gravedad y nos retrotraen a los años más oscuros de nuestra formación institucional, en donde la fuerza y el caudillismo constituían la razón de quienes gobernaban”.
Por su parte, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) también se pronunció al respecto y dijo que en el actual contexto de pandemia “debe primar la cordura, unidad y respeto a la ley”.
Asimismo, enfatizó que lejos de una “actitud golpista”, el fallo “es la ratificación de la vigencia de derechos constitucionales básicos de nuestra estructura organizativa como país”. Finalmente, Carbap precisó que “la actual emergencia sanitaria que atraviesa el mundo y nuestro país no debe relajar las instituciones ni permitir que se vulneren derechos constitucionales”.
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