El productor agropecuario y los regímenes de información

La semana pasada, mediante una resolución conjunta Nº 4167/2017, emitida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Ministerio de Agroindustria, se discontinuaron un régimen de información respecto de ciertos formularios y un registro que se utiliza en el comercio de granos (entre ellos las cartas de porte), que resultaban totalmente anacrónicos, dado que dichos documentos fueron reemplazados por formularios digitales, con lo cual su existencia es conocida por la AFIP desde el momento de su generación, y toda información posterior sobre su existencia al mismo fisco y a Agroindustria era absolutamente innecesaria.

Esta supresión beneficia a los acopiadores, consignatarios, industriales, acondicionadores, explotador de depósito y o elevador de granos, exportadores de granos, elevadores terminales de uso público, depósito transitorio, semillero y/o procesador de semillas, entre otros.

Esta corrección es una señal en el buen camino pero, por supuesto, dista mucho de resolver la enorme superposición de regímenes de información y suministro de documentación que el productor agropecuario y el resto de los operadores de la cadena agroindustrial deben suministrar a lo largo del año con destino a diferentes organismos tanto de orden nacional como provincial, llámese AFIP, Inase, Senasa, Dirección de Rentas de las distintas provincias, etcétera.

En la economía en general, y en el sector agropecuario en particular, la presión tributaria es muy elevada y el sistema administrativo actual es ineficiente y muy costoso de implementar y de administrar. La cantidad de normas vigentes y sus cambios continuos llevan a que sea poco probable su correcto cumplimiento, consecuencia que se incrementa proporcionalmente en el caso de los pequeños productores.

Así, coexisten una multiplicidad de obligaciones y regímenes de información (RFOG, RUCA, Registro de Contratos, Renspa, información al Inase sobre uso de semillas, etcétera) que en muchos casos implican entregar varias veces y a diversas oficinas públicas idéntica información, originando un costo improductivo de administración para el sector, sumado a regulaciones que otorgan un excesivo poder de policía a ciertos organismos, en ciertos casos sin la garantía del debido proceso.

En un primer relevamiento efectuado en algunas de las áreas citadas, se arribó a un diagnóstico de la problemática, de la superposición y crítica del sistema actual, con un esbozo de propuesta de solución.

Conceptualmente se detectó que la AFIP, el Senasa, el Inase y organismos subnacionales están solicitando la misma información, verificándose una superposición del 60% de los campos (sólo en regímenes nacionales), en 11 DDJJ anuales, y la realización de 150 trámites para un productor promedio de 200 hectáreas. En síntesis el problema consiste en:

• Acumulación de regímenes con altos costos para el administrado.
• Superposición de pedidos de información: identificación de sujeto, predios, actividades realizadas, movimiento de granos, etcétera.
• Sanciones que le impiden operar comercialmente ante incumplimientos.
• Baja interoperabilidad de los sistemas.
• Régimen sancionatorio especial.

Es plausible que el Poder Ejecutivo tienda a fomentar la inversión privada mediante la eliminación de impuestos regresivos y la reducción de la presión fiscal, pero también es necesario no escatimar esfuerzos en revisar y corregir todo el andamiaje regulatorio y la implementación de regímenes de información que tiendan a la simplificación y a la unificación, eliminando superposiciones que generan la obligación de entregar documentación o suministrar información que resulta innecesaria o excesiva para un adecuado y moderno control fiscal, aduanero o sanitario.

Es necesario que se dicten, por último, normas que fijen parámetros claros para la aplicación de sanciones y para la implementación de vías administrativas que garanticen el debido proceso para todos los operadores involucrados. Una vez que esto se haya llevado a la práctica, la eliminación de esta obligación de información implementada la semana pasada será la primera señal de un buen derrotero.

El autor es consultor en temas tributarios