El término "exceso de confianza" bien podría aplicarse cuando alguien sobreestima su capacidad para resolver un problema. En la llegada del actual Gobierno, la reducción de los derechos de exportación al principal sector motor de la economía argentina se esgrimió como uno de los pilares mediante el cual se podría terminar con todos o con la mayoría de los problemas económicos que aquejaban al país. Pero ello no ocurrió. El exceso de confianza nos jugó una mala pasada.
Entonces, nuevamente, y frente a la reiterada y férrea negativa del actual presidente, aquel pilar levantado para poder resolver nuestros problemas volvió a voltearse. Pero esta vez, los derechos de exportación tienen la particularidad de que los van a pagar todos los que exporten, aunque en proporciones diferentes. Todas las materias primas tributarán cuatro pesos por dólar exportado, mientras que el resto de las ventas externas pagarán tres pesos por dólar.
Lo llamativo es que en el caso de la soja, además de abonar un 18% de derechos de exportación fijo, tendrá que pagar los cuatro pesos por dólar no solo sobre el poroto, sino también sobre el aceite y la harina. Este es el único caso en que ello ocurre, ya que en los subproductos de trigo o de maíz, por ejemplo, tributarán tres pesos por dólar. De esta manera, se elimina el diferencial arancelario que tenía nuestra industria aceitera de soja.
Más allá de las cuestiones técnicas sobre la implementación de este novedoso esquema de retenciones, muchas de las cuales no resultan claras aún (sobre todo en los contratos forward), me resulta particularmente interesante profundizar sobre la cuestión del diferencial arancelario.
Desde hace varias décadas, el complejo aceitero argentino posee una diferenciación (ventaja) económica a la hora de exportar subproductos de soja, en relación con la exportación de poroto. Ello, entre otras cosas, ha permitido que nuestro país se haya transformado en el principal exportador de aceite y de harina de esta oleaginosa a escala global. Y no por poco. La Argentina representa casi el 50% del comercio mundial de estos productos, al menos hasta ahora.
La eliminación de este beneficio pone en riesgo la hegemonía que nuestro país tuvo hasta aquí. Es que en el contexto de la guerra comercial entre EE.UU. y China podríamos tener un doble efecto negativo. El primero tiene que ver con la presión que el país asiático generará sobre nuestros puertos para comprar poroto, más allá de lo que sus propias fábricas instaladas ahora en la Argentina puedan adquirir de aceite y de harina.
El segundo, y no por ello menos importante, la posibilidad de dejarle "servido en bandeja" el mercado de subproductos de soja a los Estados Unidos, que ahora, con la imposibilidad de exportarle grano a China, posee la enorme oportunidad de ampliar su mercado de subproductos. Si bien su capacidad instalada se encuentra actualmente casi al máximo, solo se necesitan inversiones.
Resulta también atendible que muchas veces la ventaja mencionada no se ha trasladado a los productores por parte de las fábricas, no obstante, la referencia se hace a una cuestión que tiene que ver con la estrategia de país, más que con las cuestiones domésticas.
La reinstauración de los derechos de exportación no es una buena noticia para el sector agropecuario, mucho menos luego de haber atravesado la peor sequía de los últimos 60 años. El campo, al igual que el Presidente, no está de acuerdo con esto. Pero una vez más dejará caer sobre su lomo esta pesada carga. El presente artículo no trata de "disimular" la gravedad de este tema, simplemente intenta diferenciar de forma resumida lo que es urgente de lo que es importante.
El autor es socio de Nóvitas SA