Cómo sigue el conflicto de Cresta Roja

La jueza Valeria Pérez Casado, que interviene en la quiebra de la avícola Cresta Roja (Rasic Hnos), otorgó por 180 días, prorrogables por otros seis meses o hasta que se concrete la venta, la continuidad de la explotación de la empresa que venía realizando el grupo encabezado por Ovoprot Internacional. Además, la Justicia fijó en $ 750 millones el valor de referencia actual, lo que no significa que saldrá efectivamente a venta a ese precio.

En un escrito de 19 carillas, la magistrada respondió de manera favorable a una "propuesta definitiva" que había formulado Ovoprot, junto con Tanacorsa SA y Grupo Lacau, para el mantenimiento de las operaciones. En rigor, ese consorcio estimó en su propuesta que la comercialización de pollos de la quebrada podría comenzar en marzo u abril próximos. Para julio podría faenar 180.000 pollos diarios y emplear a 1200 operarios. El objetivo de fondo es que vuelva a faenar 400.000 pollos diarios, como antes que entrara en problemas, y ocupar todos sus trabajadores. De 5000 operarios, por ahora retornaron 484.

Esta semana, en las granjas de la empresa nacieron miles de pollitos que entrarán en producción para luego ser faenados.

Entre otros puntos, la Justicia se pronunció a favor de la continuidad de la explotación para ayudar a los empleados. "La ventaja para los trabajadores derivada de la continuación resulta obvia, al punto no requiere una consideración expresa. Nótese que el plan en cuestión supone la incorporación gradual de los trabajadores. Contrastar dicha posibilidad con la alternativa de estar definitivamente sin trabajo aguardando a la liquidación del activo (que, recordemos, de todos modos, no se ve retrasada por la continuación de la explotación) es por sí solo suficiente para decidir en favor de la continuación", indica el escrito judicial. "De más está recordar el conflicto social desatado ya incluso antes del decreto de quiebra, que provocó cortes de importantísimos caminos, con el consiguiente estado de mal humor y crispación social que ello implica", agrega en otra parte.

La Justicia fijó un valor de referencia de $ 750 millones para una eventual venta de la compañía (con pasivos de más de $ 2000 millones) y reconoció al consorcio integrado por Ovoprot el derecho a igualar la mejor oferta que se presente en la subasta. Según informó el grupo empresario, tomó contacto con la firma Adeco Agro SA para ofrecerle participación en el consorcio operador.