Tras las críticas del campo, aceptan morigerar el fin de una exención para los inmuebles rurales

Luego de las críticas que generó en las últimas horas en el campo un proyecto avalado por el oficialismo para eliminar una exención de Bienes Personales a los inmuebles rurales, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación decidió hacer un cambio para morigerar el impacto para el agro.

Según la iniciativa original, a partir de 2019 iban a tributar el impuesto todos los inmuebles rurales, arrendados o explotados por personas físicas, con un 0,25% de gravamen sobre la valuación fiscal de dos millones de pesos hasta cinco millones de pesos. La escala se iba a incrementar para el sector en la medida que subiera el valor de los inmuebles, esto es el 0,50% entre cinco y diez millones de pesos y el 0,75% a partir de los 20 millones de pesos.

Tras una reunión en el Congreso donde se discutió el tema, surgió la novedad de un cambio. Habrá una sola tasa que será del 0,25% sobre la valuación fiscal de 2017. "Habrá una tasa plana para todos los inmuebles rurales de personas físicas, sin importar cual fuere su valuación fiscal", señaló a LA NACION Pablo Torello, diputado nacional por el PRO.

Ante una consulta, el secretario de Gobierno de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere dijo que entiende el planteo que hizo el campo, pero remarcó: "Es necesario que a través del presupuesto logremos déficit cero el año que viene".

Vale recordar que el impuesto a los Bienes Personales lo pagan las personas físicas hace más de diez años y se trata de una foto al 31 de diciembre de un año de los bienes que tiene una persona. El tributo que ahora se busca implementar tiene un origen y es que a partir del año que viene quedará derogada la ley 25.063 de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (IGMP), que otorgaba la exención de los Bienes Personales porque considerada una doble imposición sobre los inmuebles rurales.

"Este proyecto tiene la intención de grabar en forma expresa el inmueble rural y volvería a incorporar a los productores, pero tendrá en cuenta el valor de compra o la valuación fiscal. Por eso depende del momento de la compra del inmueble se va a pagar más o menos", explicó Santiago Sáenz Valiente, tributarista.

Pese al cambio introducido por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, criticó el tributo. "El impacto es enorme sea el 0,25% 0,50%, o el 0,75% de impuesto de bienes personales a los inmuebles rurales", dijo. Y señaló: "La disminución para los campos (con la tasa plana de 0,25%) no le quita gravedad a la situación; es netamente confiscatoria la medida que quieren implementar".

"Ni bien se conoció la noticia se creó un malestar muy profundo entre los productores, porque la sociedad argentina no aguanta un impuesto más", afirmó a LA NACION. "Estamos evaluando el impacto en las diferentes zonas del país, pero es un impuesto que no se puede desgravar de Ganancias, es sumamente negativo", agregó.

Cambio

Para Sáenz Valiente, la Ley de Bienes Personales en el tema rural fue interpretado por la AFIP en varias oportunidades considerando que "se estaba exento del valor del inmueble rural cuando este esté arrendado a un tercero y no cuando esté desarrollada la actividad por el propio dueño".

Sin embargo, la Justicia consideró la exención de tributar para los inmuebles rurales en todos los casos, por la existencia de una duplicación de impuestos.

El campo espera el cambio al proyecto inicial porque los productores todavía no "terminaron de digerir la suba de las retenciones del mes pasado", admiten en el sector.

Para los productores que se encontraban exentos de pagar este tributo, la eliminación de la exención a los inmuebles rurales les generó sorpresa y malestar. "Se va a parar la producción de todo, con un monto mínimo 20 millones de pesos, hasta las fincas pequeñas van a estar incluidas", se quejó Chiesa. Y agregó: "Los campos en la Patagonia, donde la productividad es bajísima, se incluirían en el tributo, y así se van a vaciar los campos de ovejas".

Para Sáenz Valiente, como estaba el proyecto original, "casi todos los productores rurales entrarían en la categoría más alta con una tasa del 0,75%". El experto recordó a LA NACION que, "durante el kirchnerismo, la tasa había llegado al 1,25% y el gobierno de Mauricio Macri decidió, en el blanqueo, establecer una franca reducción del impuesto y menores porcentuales".

Según el especialista en impuestos, esto "no solo va a afectar el mercado inmobiliario de transacciones económicas de los bienes inmuebles, sino también los montos de arrendamiento porque el propietario deberá pagar este tributo".

Mesa de Enlace

En un comunicado, la Mesa de Enlace criticó la eliminación de la exención para los inmuebles rurales. "Esta modificación se combina con el aumento que tuvo la valuación de los campos que, en algunos casos, llegó a ser de entre 10 y 20 veces el valor fiscal original. Esto representa un nuevo impuestazo al campo, el sector más dinámico de la economía y que está en mejores condiciones de contribuir a sacar al país de la severa crisis económica en la que se encuentra", dijo la agrupación que nuclea a la Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria, Coninagro y CRA.

"Si a esto le sumamos la nueva imposición de derechos de exportación y la posibilidad de llevar las retenciones a la soja al 33%, incluidas en el proyecto de presupuesto, nos encontramos ante un panorama absolutamente desalentador", agregó la Mesa de Enlace.