La Justicia corrigió una desigualdad tributaria

Héctor Tristán
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3 de noviembre de 2012  

Las reformas fiscales en las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe no sólo generaron una mayor obligación fiscal (impuesto inmobiliario), sino que al aumentar la valuación fiscal, produjeron un aumento en los impuestos a la Ganancia Mínima Presunta y a los Bienes Personales, afectando a las personas físicas y sucesiones indivisas, en la medida que destinen los predios rurales a una explotación unipersonal.

El impuesto a la Ganancia Mínima Presunta se aplica entre otros obligados a "...c) Las empresas o explotaciones unipersonales ubicadas en el país, pertenecientes a personas domiciliadas en el mismo. Están comprendidas en este inciso tanto las empresas o explotaciones unipersonales que desarrollen actividades de extracción, producción o comercialización de bienes?"

El impuesto se calcula sobre el activo del contribuyente a una alícuota del 1%, y su monto es a cuenta de Ganancias, del mismo ejercicio o en los diez ejercicios siguientes. Si finalizado el plazo, no pudo detraerse se convertirá en una obligación cierta, perdiendo su carácter de pago a cuenta.

Por su parte, la ley de impuesto a los Bienes Personales establece que el gravamen recaerá sobre los bienes personales existentes al 31 de diciembre de cada año, situados en el país y en el exterior", resultando sujetos pasivos del impuesto "...a) Las personas físicas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo, por los bienes situados en el país y en el exterior".

Asimismo, el inciso f) del artículo 21, establece que estarán exentos del tributo "Los inmuebles rurales pertenecientes a personas físicas o sucesiones indivisas".

Hasta aquí parece claro: los inmuebles rurales pertenecientes a personas físicas o sucesiones indivisas, quedan sometidos al Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y exentos en el Impuesto a los Bienes Personales.

Otra interpretación

Pero a través del tiempo tal interpretación no fue compartida por el fisco y por la Justicia, dado que si bien originariamente la AFIP interpretaba en tal sentido, a partir de su Nota Externa N° 05/2006, modificó su criterio, expresando en la misma, que en el Impuesto a los Bienes Personales los inmuebles rurales afectados al patrimonio de una empresa unipersonal están gravados por la participación patrimonial, postura que fue compartida por el Tribunal Fiscal de la Nación, en la causa González Camilo (Sala "C". 14/04/2009).

La novedad es el fallo del 17/05/2012 de la Sala "A" del Tribunal Fiscal de la Nación, donde en la causa "Molaro, José Luis s/ recurso de apelación" ha sostenido que "en la medida que se verifique que el inmueble revista la condición de rural y que pertenezca a personas físicas o sucesiones indivisas, solamente estarán alcanzados por el impuesto a la ganancia mínima presunta y se encontrará exentos del impuesto sobre los bienes personales."

Concluyendo que la exención prevista en la ley requiere la coexistencia de dos elementos inescindibles: a) que el inmueble pertenezca a personas físicas o sucesiones indivisas, y b) que el inmueble revista la condición de "rural", esté o no afectado a una explotación. Si se verifican ambos, los inmuebles estarán alcanzados por el impuesto a la ganancia mínima presunta y se encontrarán exentos del impuesto sobre los bienes personales.

El impacto de esta interpretación nos es menor, ya que para la valuación impositiva de los inmuebles rurales en bienes personales no existe detracción alguna, y las alícuotas pueden alcanzar hasta el 1.25 %, que en caso de los inmuebles rurales, dada la actual valuación fiscal, se verificaría en casi la totalidad de los bienes afectados.

Corrigiendo este fallo otra desigualdad tributaria, ya que los inmuebles rurales pertenecientes a personas físicas o sucesiones indivisas que se arriendan (o que permanezcan inexplotados) están exentos de bienes personales, tratamiento que no estuvo en discusión desde el dictado de la ley.

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