Ley de semillas: tras las disertaciones en el Congreso, buscarán avanzar en un dictamen

Después de cuatro jornadas de exposiciones en el último mes y medio, ayer se completó en la Cámara de Diputados de la Nación la última etapa de disertaciones y debates para modificar la actual ley de semillas, vigente desde 1973. Ahora vendrá la etapa de avanzar en un dictamen buscando consensos.

Muchas idas y vueltas reflejaron lo complejo y ríspido de algunas cuestiones, como los alcances del uso propio, quiénes deben pagar, si la fiscalización va a estar cargo del Instituto Nacional de Semillas (Inase) o si esa función se puede delegar, entre otros puntos.

Atilio Benedetti, diputado entrerriano y presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja, señaló que la tarea fundamental ahora "es centrar el foco en las cuatro entidades que representan al sector".

"Más de 50 oradores expusieron y desarrollaron su visión respecto a la ley; ahora entramos en el camino de construcción de un dictamen que tenga la aceptación de todos los diputados", indicó.

Benedetti espera que para fin de año haya una respuesta positiva sobre esto y lograr así el consenso necesario para que la ley tenga media sanción. "Estamos haciendo el esfuerzo para que este año, luego de largas jornadas de trabajo, se logre un objetivo consensuado", remarcó.

Juan Balbín, presidente del INTA, fue uno de los disertantes de la última etapa. En su exposición, el funcionario quiso transmitir la importancia y el impacto de diversas tecnologías para el sector. "La biotecnología, la mutagénesis y la edición génica aceleraron los procesos de cambios", dijo a LA NACION.

"La ley vigente es de 1973 cuando era otra la lógica; ya cumplió su cometido, hoy se requiere otra visión, se necesita contar con nuevas herramientas superadoras", expresó.

En este sentido, el presidente del organismo informó que el INTA tiene 1030 variedades de 126 especies distintas. "Es importante que esa propiedad intelectual se reconozca", sostuvo. Y agregó: "Dentro de esa regalía, un 30% va al investigador y su equipo que genera ese desarrollo, otro 30 % va al Instituto que apoya ese equipo y el resto para sostener las patentes en el mercado".

Para Balbín, es clave la sanción de una nueva ley porque "generará previsibilidad en los próximos 15 o 20 años para aquellos investigadores que están definiendo su futuro en la investigación".