La prevención como herramienta contra la inseguridad rural

Por Margarita Stolbizer Para LA NACION
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10 de mayo de 2003  

En los últimos tiempos ha constituido una justificada preocupación la proliferación de delitos cometidos en zonas rurales que, por un lado, afectan el patrimonio resultante del esfuerzo de pequeños productores, pero, por otro, generan alarma por el riesgo que conlleva la posibilidad de ser víctima de un delito más violento.

La Comisión de Legislación Penal, en particular, y la Cámara de Diputados de la Nación, en su conjunto, han compartido esa preocupación y han dado, el año pasado, media sanción a un dictamen modificatorio del Código Penal incorporando una agravante genérica para todos los delitos que se cometan "valiéndose de la situación de indefensión de la víctima, por encontrarse en establecimientos rurales o en despoblado".

Por mi parte, he presentado otro proyecto de reforma al Código para que en el caso de hurto o robo de ganado realizado en el campo utilizando un medio motorizado, o en la jaula mientras es transportado, o el faenamiento de ganado a sabiendas de que tiene un origen delictivo, o debiendo sospechar, por las circunstancias, que tiene ese origen, las penas que por estos delitos se impongan no sean nunca de ejecución condicional: por cortas que sean, que deban cumplirse de modo efectivo.

Pero, evidentemente, falta aún recorrer otros caminos para evitar estos delitos, para mejorar su investigación, esclarecimiento y sanción. Es necesario implementar medidas preventivas, disminuyendo las condiciones objetivas para el delito. Y fortalecer las estructuras oficiales que tienen a su cargo la aplicación de la ley penal para que la sociedad vuelva a creer en las instituciones del Estado que deben defenderla. Para ello, debe contar con los recursos y la capacitación suficientes, para desbaratar anticipadamente las organizaciones criminales que vienen poniendo en vilo a la población afectando la estructura laboral y productiva, fuente imprescindible para el crecimiento y el desarrollo, además del delito de evasión fiscal en perjuicio del Estado y de todos los ciudadanos y el riesgo de afectar la salud pública.

Recientemente se ha conocido la iniciativa de algunos gobiernos municipales (por ejemplo, Olavarría) para perseguir localmente la faena clandestina, imponiendo penalidades a sus autores desde la justicia de faltas.

Se define por ordenanza una contravención susceptible de la sanción de arresto y multa que podría resultar eficaz en la fractura de la cadena de comercialización del producto del delito que es el objetivo principal de quien lo comete. Pero es necesario recordar que el delito de faenamiento en violación de las leyes de policía sanitaria animal se encuentra previsto en el artículo 206 del Código Penal con pena de prisión agravada por conocimiento del origen ilícito y la accesoria de inhabilitación por actividad habitual. Está claro entonces que, estando ya tipificado este delito rural, a lo que debe apuntarse es a prohibir la posibilidad de una ejecución condicional de la pena, por corta que ésta sea.

Habrá que tener el cuidado suficiente en la valoración de una contravención que ya figura como delito en el Código, pero sí otorgará mayor eficacia a la acción comunal la posibilidad de imponer de modo obligatorio el decomiso no sólo de la mercadería secuestrada como objeto del delito, sino también de todos los instrumentos utilizados para cometer la infracción y las ganancias que ella hubiere producido, y la clausura de los locales y establecimientos en los que la infracción se haya cometido además de la imposición efectiva de la pena de arresto.

Por otra parte, la propuesta abona en el sentido de la necesaria articulación que debe existir en todos los estamentos del Estado para garantizar seguridad y defender los derechos de las personas, objetivos que nunca deben ser contrapuestos, sino abordados de manera complementaria y eficaz.

Es una simplificación culpar a la ley penal por la ineficacia de las estructuras o por la existencia de conductas antisociales. Para evitar el daño que el delito provoca a las víctimas lo que debe evitarse es el delito. Y eso es prevención.

En búsqueda de la seguridad rural, ello implica la confección de mapas delictuales para identificar zonas y procederes, policía con formación especializada para detectar posibles criminales en la preparación de sus hechos, mejorar sistemas de información, comunicación y control, establecer mecanismos de cooperación entre las diversas estructuras del Estado y también con las organizaciones sociales. Frente a la demanda popular de mayor protección, la mejor respuesta del Estado es una actuación eficaz, comprometida y ejemplar de todas las autoridades públicas.

La autora es diputada nacional (UCR-Buenos Aires) y presidenta de la Comisión de Legislación Penal.

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