Laguna La Picasa: productores piden “definiciones” a la Corte Suprema

La laguna La Picasa en 2017 superó loas 40.000 hectáreas
La laguna La Picasa en 2017 superó loas 40.000 hectáreas Crédito: Archivo
Gabriela Origlia
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5 de marzo de 2018  • 18:21

CÓRDOBA.- A casi cuatro meses de la audiencia pública realizada en la Corte Suprema de Justicia por los conflictos interjurisdiccionales generados por la laguna La Picasa, los afectados que recurrieron a esa instancia preparan un escrito pidiendo "definiciones". Este verano, por la sequía La Picasa bajó 60 centímetros, pero en 2017 inundó más de 40.000 hectáreas.

Alejandra Pujol, una de las patrocinantes de los afectados directos por la laguna, ratificó el dato a LA NACION y recordó que el expediente en la Corte Suprema tiene casi 15 años y que el 8 de noviembre último convocó a exposiciones de "amicus curiae" en la que dieron sus testimonios productores y vecinos que contaron "la angustia de convivir con el agua".

"La Corte es la máxima instancia y el ámbito que debe resolver y ordenar este tema que es de índole federal por comprender varias jurisdicciones –describió-. La Picasa es el resultado más elocuente de las desinteligencias entre los gobernadores y entre las provincias y la Nación. Es la imagen más cruel del abandono de toda una región y su gente. Muchos murieron de angustia y muchos padecen en silencio la falta de soluciones, empobrecidos y acorralados por la presión fiscal y las ejecuciones".

Pujol enfatizó que "nunca hubo obras eficientes que lograran un alivio para la tragedia". En la audiencia de la Corte Suprema la Nación planteó una salida al Paraná de los excedentes hídricos de la laguna, trabajo que costaría unos $10.000 millones y que la administración central financiaría en el 70 por ciento.

La sequía estableció una "tregua" pero en la zona todos piden que se avance en las soluciones y que los gobernantes no se queden "quietos" porque por falta de lluvias y evaporación hay menos agua.

"Cuando estamos inundados alegan que no se puede trabajar por la masa de agua y ahora, con sequía, ni se vislumbran obras", agregó Pujol.

Eduardo Salleras, productor y un conocedor en detalle de la problemática, se reunió en diciembre con el secretario de la Corte, José María Irigaray, para analizar el tema. Hace unos días le presentó un documento con sus apreciaciones sobre las medidas que debería tomar el organismo.

Considera que debe llamar a las provincias involucradas y a la Nación a firmar un "protocolo de entendimiento" con base en tres parámetros fundamentales. El primero es "poner un límite" a la retención de agua, restituyendo a la zona de La Picasa su cota máxima original y natural, la 105.2 Instituto Geográfico Militar (IGM), como lo pide Buenos Aires en su demanda contra Santa Fe.

Aclara que "esas curvas de nivel naturales según el IGM deberían ser restauradas en toda la zona de la llamada ‘cuenca de La Picasa’; estoy hablando de la ley natural".

El otro es utilizar el "criterio de proporcionalidad para el manejo de los excedentes". Es decir, lo que retiene Santa Fe, debe ser igual en Buenos Aires y Córdoba. En 2017, en la zona de Aarón Castellanos se acumularon algo más de 1300 hectómetros cúbicos (La Picasa originalmente tenía 50 hectómetros cúbicos).

La cota fue "elevada por la acción del hombre; la cota máxima natural de desborde en 1,5 metros aproximadamente. Si volvemos a la 105.2 original bajarían esos excedentes hídricos acumulados a menos de 1000 hectómetros cúbicos, y a partir de allí, y con la proporcionalidad, todo lo que entra debe salir".

Salleras agrega en el escrito que "para el manejo ocasional de los excedentes hídricos, en la curva máxima de nivel (105.2 del IGM), debe construirse un sistema de compuertas que permita disminuir su límite de retención y de la misma forma lo haría proporcionalmente cada provincia, en la medida que la situación lo permita, hasta llegar a la histórica cota IGM de 98.5".

El otro factor es aplicar el "criterio de unidad conceptual": debe haber una sola entidad que maneje "el todo, que decida cuándo abrir y cuándo cerrar, cuánto derivar y cuánto retener, desde dónde comienza el problema hasta dónde debería terminar".

A su entender existe un divorcio "técnico" y político, no sólo entre las provincias involucradas sino también con la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación.

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