Las empresas de semillas: el enemigo equivocado

Opina Arturo Vierheller (h.)
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16 de octubre de 2004  

La agricultura argentina debe mantener su posicionamiento de liderazgo internacional, conquistado sobre la base de su competitividad, ya que es una de las pocas actividades económicas que se pueden considerar "del Primer Mundo".

Este importante y reconocido liderazgo, si bien fue construido a partir de nuestra generosa dotación de recursos naturales, cobró impulso definitivo cuando, durante más de 150 años, se fue construyendo en el plano institucional: bolsas de cereales, cámaras arbitrales, redes de contratos, mercados de futuros, cámaras, entidades ruralistas, por entonces un Ministerio de Agricultura y un fuerte brazo tecnológico de investigación, el prestigioso INTA.

Estas instituciones forman un fenomenal tejido institucional que colocó a la Argentina en la avanzada de la producción, el comercio y las políticas agrícolas mundiales. Ya en la época más reciente, a mediados de los años 90, se decidió adoptar la biotecnología como una política de Estado, una decisión que contribuyó a consolidar este liderazgo.

Ahora discutimos si la producción va a reconocer o no las regalías de la soja RR, el cuánto y el cómo. Tengamos en claro que, en el fondo, deberíamos haberlas pagado desde el primer día. Hay un famoso dicho en inglés que dice "no hay tal cosa como una comida gratis". El que usa una tecnología la tiene que pagar.

Ha llegado la hora de demostrar que estamos en condiciones de responder al desafío de nuestra hora: los productores debemos encontrar con las empresas un esquema que permita, por un lado, que quien investiga sea remunerado en forma razonable, y por otro lado, que nuestro sector productivo acceda, simultáneamente, a los competidores, a todas las innovaciones biotecnológicas en desarrollo y por venir.

La marcha de la negociación parece haberse complicado o dilatado a partir de algunas declaraciones del Ejecutivo, pero esto no debe inquietar ni llamar a confusión, ya que entendiendo el rol de cada uno se pueden reencauzar esas negociaciones y ser llevadas a buen puerto. El rol del Estado debería ser, por encima de todo, estimular y ayudar a la producción y no castigarla, como lo hace el actual gobierno mediante las retenciones, término y metodología que nunca deberían haber sido convalidados por el sector, ya que implican una confiscación que ni siquiera recorrió el camino legal y administrativo de cualquier impuesto. La diferencia no es menor.

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En una segunda instancia, también el Estado tiene el rol de arbitrar ante situaciones o intereses conflictivos, pero no de pretender protagonizar una negociación como ésta: éste es el rol de la producción. Que no nos vaya a pasar que quien se apropia inequitativamente de varios miles de millones de dólares por año complique una negociación de 30 a 50 millones de dólares anuales por algo tan estratégicamente valioso para el sector productivo como es la tecnología. Y la producción, a la hora de definir el nuevo esquema, debería sopesar con gran cuidado que si bien se está discutiendo el reconocimiento a la soja RR desde la campaña 2004/2005 hasta 2014 en realidad lo que está en juego es mucho más.

No nos equivoquemos: Monsanto y las empresas de tecnología, sean o no multinacionales, son aliados de nuestra agricultura y no sus enemigos.

¿Hay que controlarlos? Por supuesto. Para esto sí necesitamos del Estado, generando marcos legales y macroeconómicos modernos, confiables y ejecutables, pero siempre en el rol de acompañar y no de protagonizar. Es el sector privado el que debe marcar los límites de las negociaciones.

¿Cómo vamos a garantizar nuestro futuro posicionamiento si no nos aseguramos poder disponer de los nuevos adelantos que están por aparecer, como los productos con genes resistentes a la sequía o a las heladas, o semillas oleaginosas con contenidos deseables de distintos ácidos, o las alfalfas RR? ¿Cómo vamos a hacer para competir internacionalmente mientras en el mundo continúan los subsidios, teniendo mayores costos de fletes, con retenciones y sin tecnología?

Pongamos las cosas en su lugar y que cada uno haga lo que tiene que hacer. Que el Gobierno elimine las retenciones (versión criolla de los impuestos a las exportaciones). Es responsabilidad del sector productivo, con la ayuda y no el castigo del Estado, asegurar un futuro competitivo y sustentable para nuestro campo y sus industrias que, como ha quedado demostrado en un informe presentado por la Fundación Producir Conservando, genera nada menos que el 35,6% del empleo total del país. No juguemos con fuego.

El autor es productor y consultor de empresas agropecuarias.

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