Las inundaciones son más graves cuando no hay políticas activas

Desde 1983 participo en el gremialismo confederado y asisto al mismo debate por las inundaciones. No cambiaron las políticas ni existe una propuesta general -pública y privada- consensuada por toda la dirigencia. No asumen que para cubrir los riesgos climáticos, que castigan al sector rural como al urbano, necesitamos políticas activas de estado para no agravar las pérdidas por inundación.

Lo ocurrido en las ciudades de Buenos Aires y en La Plata entre otros lugares, demostró que nada ni nadie está exento. El cambio climático es una realidad, por lo tanto los bienes y las inversiones rurales y urbanas no deben quedar a la buena de Dios. Hasta las mismas empresas de seguros han sido sorprendidas por la magnitud de los mismos y tienen que replantear sus cuberturas.

Todos los bienes de una sociedad son asegurables. Lo importante es que dicho seguro sea técnicamente eficiente y el costo de la prima razonable. La idea central de esta iniciativa es que los productores tengan una cobertura integral por los diferentes riesgos agropecuarios como tienen los países que planifican y diagraman pensando en el largo plazo. No le sirve al productor tener un Estado y una dirigencia que sigue actuando como bombero.

Principales instrumentos

Una política para protegerse de los riesgos, debería diseñarse a través de dos instrumentos principales:

1- Política de seguro para cubrir los riesgos previsibles, con subsidios a las primas para aumentar el uso.

2- Crear un fondo permanente para atender por desastres los eventos no previsibles.

Un país que siembra más 32 millones de hectáreas tiene las siguientes contradicciones: que los bancos oficiales sigan dando créditos sin seguro; que se sigan vendiendo insumos sin asegurar su cobro, y que muchos productores inviertan sin tomar previsión alguna considerando que es una explotación a cielo abierto.

Esto mismo ocurre en las áreas urbanas. No hay una vocación aseguradora en la sociedad y después se le reclama a un estado que está incapacitado de poder atender los reclamos de los damnificados por no tener un fondo permanente para atender los desastres y catástrofes.

Asumamos que los eventos climáticos vinieron para quedarse y su repetición va a ser permanente. En las zonas urbanas también cae granizo y hay vientos y tornados que provocan daños importantes, además de los que producen las inundaciones por falta de obras de desagüe. Muchos de esos daños se cubren si se ha tomado el seguro correcto.

España, los Estados Unidos, Brasil, Colombia, entre otros países, aplican este tipo de políticas que potencian los intereses del conjunto al conseguirse más altos niveles de producción y exportación. No es casual que esta política para cubrir los riesgos climáticos esté reconocida por la Organización Mundial de Comercio (OMC) con subsidios de hasta el 50% a la prima en los seguros individuales y de hasta el 80% en el seguro colectivo a pequeños productores.

Si estamos dispuestos a cambiar esta relación del estado con el sector agropecuario, ha llegado la hora que nuestra dirigencia ponga en agenda este tema y empecemos a trabajar en una propuesta para el largo plazo.

Un dato: el subsidio del 50% de la prima de seguro agrícola representa 600 millones de pesos anuales. Con este incentivo se estima pasaríamos de 17 millones de hectáreas agrícolas aseguradas actualmente a 21 millones en el futuro.

Ésta no es una propuesta para que el Estado sacrifique recursos fiscales. Todo lo contrario: darle previsibilidad al productor implica finalmente, mayores recursos para ese mismo Estado.

Arturo Navarro