Las reformas estructurales

Por Héctor Müller De la Redacción de LA NACION
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10 de mayo de 2003  

¿Podrá o no podrá? ¿Podrá el próximo presidente encarar las reformas estructurales que el país necesita, o sólo tendrá tiempo para intentar poner en orden los "desaguisados" más urgentes? Como hipótesis de máxima, se espera que pueda lograr ambas cosas.

Las nuevas autoridades tendrán una dificilísima tarea y un gran desafío: comenzar a conducir el país hacia un futuro de mayor ordenamiento. Se da por sobreentendido que más que necesario, es fundamental.

No va a ser fácil, pero todos entienden que el momento ha llegado. De cualquier manera, las dudas continúan, porque se considera que existen factores externos e internos que influirán sobre la economía argentina y, también, grandes desafíos de política económica a los que deberá enfrentarse el nuevo gobierno.

"Si no logramos consolidar un perfil de país con identidad, con políticas para todos los sectores -también los que nos involucran-, sólo lograremos más miseria y más gente sumergida en la pobreza" , sostuvo recientemente la entidad cooperativa Coninagro.

Ante esta realidad, entonces, primero hay que definir el cuadro de situación y, después, determinar los deberes por hacer.

Aspectos fundamentales

Recientemente, en un seminario que se llevó a efecto antes de la primera vuelta electoral -organizado por la empresa Sumidea SA, que la preside el ingeniero Daniel Schowalder- el experto economista Raúl Fuentes Rossi señaló que los requerimientos para quien conduzca el país estarán concentrados en cuatro aspectos fundamentales: gobernabilidad, liderazgo, crecimiento y recreación de las instituciones.

"El próximo presidente será acaso el responsable de la gestión más difícil de la historia de los últimos años. Deberá recrear el arte de la coalición de gobierno y los principios de la concertación política, algo hasta hoy casi impropio de la dirigencia argentina", agregó el doctor Rossi.

En materia socioeconómica, sostuvo que la nueva administración deberá enfrentar, entre otros, los siguientes aspectos: un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la reestructuración del sistema financiero, un ordenamiento fiscal profundo, una nueva relación con las provincias, y la reestructuración de la deuda pública que, según las cifras del último acuerdo con el FMI, alcanzará los $ 650.000 millones en junio de 2003.

El miércoles último se pudo conocer que el FMI se manifestó más optimista con respecto al futuro de la economía y admitió que la Argentina podía crecer un 4 por ciento. Por su parte, la misión del organismo que se encuentra en el país acordó realizar una serie de modificaciones al informe técnico que forma parte del acuerdo de refinanciación vigente hasta agosto próximo.

Se piensa que las exigencias podrían disminuir. De cualquier manera, se entiende como una necesidad fundamentalque, para poder lograr esa reestructuración, se alcancen condiciones de plazo y costo financiero que hagan viable su cancelación y un superávit primario fiscal no inferior al 3,5/4,5% del producto bruto interno (PBI).

En cuanto a los indicadores económicos, la opinión generalizada es que en el corto plazo la Argentina tendrá un tipo de cambio real alto, pero menor que el actual, con independencia de su valor nominal. Además, se da por hecho que la presión fiscal será muy alta -un alerta para el sector agropecuario-, dada la necesidad de alcanzar un superávit fiscal.

Coincidencia

Nada va a ser fácil. Sobre esto hay absoluta coincidencia, pero también se sabe que todo, absolutamente todo, va a ser más difícil si no se le saca "el pie del acelerador fiscal" al sector agropecuario.

Manuel Herrera, que fue candidato a presidente por la Democracia Cristiana, entiende que lo que el Gobierno está haciendo con el campo es una de las grandes contradicciones de la actual política económica.

Y es, además, una amenaza sobre el futuro de la economía argentina en razón de los perjuicios que se están provocando a la actividad.

Entre las medidas por tomar, Herrera propone, en lo inmediato, una política cambiaria de ingresos fiscales y de gasto público que permita la inmediata eliminación de las retenciones y suprimir el distorsivo tratamiento en cuanto al IVA.

Se debería hacer lo mismo con el impuesto a las ganancias presuntas; buscar soluciones a la sobre imposición en el impuesto a las ganancias que resulta de gravar el mayor valor que no significa efectiva utilidad; refinanciar los pasivos del sector y, respecto de la Ley de Coparticipación Federal prever la efectividad de la inversión en caminos vecinales de la tasa vial.

Y hay más medidas por tomar. Entre otras, las siguientes: lograr un plan de recuperación ferroviaria y de extensión hacia puertos chilenos para hacer posible el acceso a mercados del Asia-Pacífico y conformar un fondo de recuperación productiva administrado por el Banco Nación a través de una Subgerencia General de Banca de Inversión.

No cabe ninguna duda respecto del gran desafío que deberá enfrentar el próximo gobierno. Tampoco hay dudas de que la cadena agroindustrial está sumamente preparada para acompañar ese desafío.

Sólo necesita que las autoridades que asuman el próximo 25 de mayo le muestren, lo más rápidamente posible, la "bandera de largada".

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