Por Néstor Roulet Para LA NACION
Hace unos días, el ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Julián Domínguez, dijo que el oficialismo intentará "legislar en materia de uso del suelo y proponer la rotación de los cultivos" porque hay "que alentar el trigo, el maíz y el girasol, no sólo como cultivos sino como una forma de rotación que proteja al suelo", finalizando su anuncio con una frase intervencionista "vamos a trabajar en una fuerte regulación del uso del suelo".
La gran pregunta es: ¿realmente tiene que intervenir el Estado para decirnos qué debemos producir o, por el contrario, debe dejar de intervenir para que podamos hacer ganadería, lechería, trigo y maíz para hacer una rotación correcta?
El problema que afecta a la producción agropecuaria está, casualmente, en que la intervención del Estado nos desalienta a tener las vacas en el campo y obliga a desplazar el uso de las gramíneas -trigo y maíz - reemplazándolas en la rotación agrícola por leguminosas.
Los ejemplos son claros: Durante los dos últimos años recibimos -tanto en trigo como en maíz- un 70 % del precio que nos correspondería (FAS probable) producto de las distorsiones del mercado alentadas por el Gobierno. Como referencia, para hacer 1 kilogramo de pan se necesita 1,250 kilogramos de trigo, que a los productores nos pagan $ 0,67 mientras el kilogramo de pan cuesta $ 4/kg.
Como resultado de los famosos precios máximos en góndolas de 18 productos -acordados con industriales totalmente funcionales a esta política- el productor tuvo que poner de su bolsillo entre un 20 y un 30% para producir un litro de leche. Como referencia, el consumidor argentino paga igual precio que el consumidor francés por el kilogramo de queso.
En ganadería, el productor recibe el mismo precio que en 2005 -$ 3,5/kg de novillo- mientras en el mostrador la carne aumentó un 100% durante igual período. Como referencia, el kilogramo de novillo en los países vecinos cuesta $ 5/kg (US$ 1,30 /kg.) y el precio del asado en el mostrador es igual o menor que en la Argentina.
Durante la entrevista, Domínguez señaló que su política agropecuaria tiene dos ejes: "que haya abastecimiento alimentario para toda la población y que esos alimentos lleguen a la mesa de los argentinos a precios accesibles." ¿Si quieren lograr eso, no será momento de cambiar su política intervencionista?
El funcionario aseguró que "se ha demostrado que el cambio que se produjo con la intervención del Estado es absolutamente positivo y que todos los vaticinios apocalípticos están siendo desmentidos por la realidad, resultado de nuestro trabajo". Pasamos de producir 16 millones de toneladas de trigo a 7,5 millones de toneladas; de 22 millones de toneladas de maíz a 14 millones de toneladas en dos años; en 2005 producíamos 14 millones de terneros y hoy no llegamos a 10 millones, tenemos el mismo número de vacas en ordeño que hace 10 años cuando, en forma natural, tendríamos que haber crecido un 5% anual; es decir, en diez años tendríamos que haber aumentado un 50% el stock de las vacas en ordeño.
Peor aún, las 1,8 millones de vacas en vez de estar en 15 mil tambos, como hace 5 años, hoy las tenemos en 10 mil; nos estamos quedando sin ovejas; de país exportador de limones pasamos a ser un país importador. ¿Podemos afirmar que los cambios han sido "absolutamente positivos"? Por último, el ministro manifestó: "Hay muchos que no quieren que el Estado intervenga en su negocio, pero cuando tienen problemas nos piden apoyo. Y cuando lo piden, ahí estamos, ayudándolos con el problema de la sequía, apoyándolos con créditos subsidiados, completando el precio de leche y en muchas otras ocasiones".
Casualmente analizando esta frase -totalmente ideológica- encontraremos el porqué de la política del Gobierno, que lo único que pretende es que el productor agropecuario entre en la enorme lista del clientelismo político. Si hoy tenemos problemas -y nos obligan a pedir ayuda- es consecuencia de las intervenciones totalmente negativas de este Gobierno que no nos deja producir como corresponde.
El autor es productor agropecuario