Normativa para la seguridad social

La AFIP dio a conocer tres resoluciones para reglamentar los aportes de tambos, desmotadoras, frigoríficos y molinos de trigo
Héctor Tristán
(0)
26 de noviembre de 2011  

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dio a conocer nuevos Indicadores Mínimos de Trabajadores (IMT) aplicables a las actividades de: tambo, desmote de algodón, molienda de trigo y la industria frigorífica, a través del dictado de tres resoluciones generales publicadas en el Boletín Oficial el 21 de este mes.

De acuerdo con lo establecido por la ley 26.063 -denominada ley antievasión-, sancionada el 9 de noviembre de 2005, la AFIP está facultada a determinar las deudas de la seguridad social valiéndose de presunciones. El organismo, a través de resoluciones generales, ha venido reglamentando esa norma, elaborando presunciones genéricas y particulares. En tal sentido, adoptó el Indicador Mínimo de Trabajadores, como herramienta que permite establecer una base o cantidad mínima de trabajadores necesarios según sea la unidad de obra o servicio, de la actividad que se encuentre bajo análisis.

De tal modo, cuando la AFIP compruebe la prestación de servicios efectuados por una persona física a favor de otra, presumirá -salvo prueba en contrario- que esa prestación se realiza en virtud de un contrato laboral pactado entre las partes y determinará de oficio los aportes y las contribuciones omitidos con destino al Sistema Unico de Seguridad Social. A tal efecto, se considerarán remuneración los importes facturados o, en su caso, los efectivamente abonados o los que correspondan a la remuneración que define el articulo 5° inciso d) de la citada ley: "En el caso de trabajadores comprendidos en la ley de contrato de trabajo Nº 20.744, convenios colectivos de trabajo, la remuneración es la establecida por el convenio o la normativa que corresponda, proporcionalmente a la cantidad de horas o días trabajados, de acuerdo con la actividad o especialidad desempeñada".

El objetivo general no es otro que el de combatir el empleo no registrado y la remuneración encubierta. La ley 260.63 tiende a erradicar el fraude, lograr el efectivo ingreso de los aportes y las contribuciones de los dependientes y proteger el acceso a la cobertura de las prestaciones de naturaleza previsional.

La misma impone "realizar los aportes previsionales"; de tal modo expresa en su segundo artículo que "la determinación de los aportes y contribuciones de la seguridad social se efectúa mediante declaración jurada del empleador o responsable, y cuando no se hayan presentado dichas declaraciones juradas o resulten impugnables las presentadas por no representar la realidad constatada, la AFIP procederá a determinar de oficio y a liquidar los aportes y contribuciones omitidos, sea en forma directa, por conocimiento cierto de dichas obligaciones, sea mediante estimación, si los elementos conocidos sólo permiten presumir la existencia y magnitud de aquellas".

En consecuencia, para cometer el delito hay que omitir la conducta ordenada, es decir, omitir el mandato legal. Sin embargo, es menester tener en claro que la omisión a la que se hace referencia debe ser dolosa, con conocimiento y voluntad de "no hacer". La ley introdujo modificaciones a las normativas anteriores -agravando las sanciones- y mantuvo inalterables las penas de prisión, de verificar los ilícitos y superarse los montos dinerarios establecidos, desde un mínimo de dos a seis años.

Con la RG 3220, el fisco ha resuelto incorporar a la actividad "tambos", estableciendo nuevos Indicadores Mínimos de Trabajadores (IMT), para la actividad.

Respecto de los trabajadores permanentes estableció, entre otras cosas, que el IMT, es de un trabajador por cada cuarenta vacas en ordeñe, para las tareas generales de la explotación a cargo del empresario titular, y un ordeñador por cada noventa y cinco vacas en ordeñe a cargo del tambero asociado.

Con ordeñadores incluidos por encontrarse a cargo del empresario titular: aplicable a los casos en los cuales no exista Contrato Asociativo de Explotación Tambera o, de existir, éste no cumpla los requisitos y condiciones exigidos por la ley Nº 25.169, debe contar con un trabajador por cada 28,20 vacas en ordeñe. Además, un trabajador por cada setecientos siete litros diarios de leche producida.

Finalmente, debe recordarse que si bien la ley le provee a la AFIP la herramienta de determinar las obligaciones previsionales a partir de presunciones, como también lo establece la normativa vigente, las mismas admiten las pruebas en sentido contrario.

ADEMÁS

MÁS LEÍDAS DE Comunidad de negocios

ENVÍA TU COMENTARIO

Ver legales

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento.

Para poder comentar tenés que ingresar con tu usuario de LA NACION.

Descargá la aplicación de LA NACION. Es rápida y liviana.