Comisiones de ruralistas, técnicos y funcionarios buscan consenso para hallar el valor fiscal de la tierra; si no lo logran antes de agosto, se fijará la propuesta oficial, que marca significativos aumentos, lo que preocupa a los productores
Comisiones integradas por funcionarios provinciales, de los municipios con producción agropecuaria, dirigentes de las entidades gremiales del sector, martilleros, y agrimensores, entre otros, han comenzado la difícil tarea de consensuar criterios para el revalúo del impuesto inmobiliario rural bonaerense.
La tarea que desarrollan consiste en hallar un "valor óptimo" de la tierra, el que multiplicado por el coeficiente de ajuste (que surge de la declaración jurada de cada productor) dará como resultado la valuación. Luego el Gobierno bonaerense determinará la alícuota que quedará a consideración de la Legislatura.
El tributo no había sufrido modificaciones desde 1994. Pero teniendo en cuenta las condiciones macroeconómicas para 2003 "se dispuso un aumento provisional de un 50 por ciento en promedio", dijo a LA NACION el jefe de Asesores del Ministerio de Economía de Buenos Aires, Horacio Larcamón.
Para el revalúo de 2004 la ley impositiva provincial determinó que lo debían negociar las comisiones locales (una por cada municipio rural) en tres etapas.
La primera, que ya se cumplió, consistió en la "pretensión fiscal", mediante la cual, la Dirección de Catastro bonaerense, elevó su propuesta sobre valor óptimo y que ya ha generado preocupación, por ejemplo, en la Federación Agraria Argentina , por considerarla muy elevada, ya que en algunos casos esos índices, dice la entidad, son superiores en un 270 por ciento respecto de los valores del año en curso, como se informa por separado. La segunda ronda de discusiones comenzará en estos días y da lugar a la respuesta de los privados. El encuentro final, que deberá concretarse antes del 1° de agosto, será el de consenso. En caso de fracasar la negociación prevalecerá el criterio oficial "y en eso no estamos de acuerdo", expresó el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Mario Llambías.
Paso a paso
Para obtener el valor óptimo -se- gún la ley de catastro (10.707)- hay que tener en cuenta los precios del mercado, las condiciones agrológicas (clima, humedad, temperatura, estado del suelo, etcétera), agronométricas ( volúmenes de producción por unidad de superficie) y características económicas. "Y éste es el gran tema de discusión porque hay que definir bien los parámetros que se deben considerar en cada uno de estos factores", dijo con preocupación el titular de Carbap.
Llambías agregó que "se necesita una mayor información porque mucha gente confunde ese valor óptimo con el de mercado. Además, hay que definir bien los índices de productividad (como se informa por separado).
A diferencia de años anteriores, el valor óptimo era igual en cada partido, en esta oportunidad cada circunscripción tendrá un mismo valor óptimo y cada campo, a su vez, tendrá una calificación porcentual respecto de ese índice máximo en pesos. "En promedio, las 310.000 partidas de la provincia están en un 62 por ciento, aproximadamente, del valor óptimo", explicó Larcamón.
El paso siguiente es multiplicar ese valor con el coeficiente de ajuste (con una escala de 0 a 1), que surge de una declaración jurada confeccionada por cada productor en los que evalúa las condiciones particulares de su campo.
Así se llega a la valuación fiscal del campo, "que tributará una alícuota que determina la ley impositiva de la provincia, y que se renueva todos los años", explicó el subsecretario de Política y Coordinación Fiscal bonaerense", Carlos Rafael Fernández.
El estudio del revalúo encontró la reacción de Coninagro, que señaló la intención de la provincia de aumentar la recaudación fiscal mediante la modificación de la base imponible. "Pero también tendrá un efecto fiscal con referencia al impuesto sobre los bienes personales y la renta mínima presunta de jurisdicción nacional", señaló la entidad.
Coparticipación
El año último la recaudación de este impuesto fue de 122 millones de pesos y para este año se espera un ingreso de entre 150 y 200 millones de pesos. Para el ejercicio 2004 aún es aventurado hablar de cifras.
Fernández agregó que anteriormente el destino de la recaudación era rentas generales. "Pero a partir de este año, y creo que esto es importante, el gobierno bonaerense dispuso una descentralización tributaria. "Concretamente, esto significa que los 106 municipios rurales administrarán del impuesto", puntualizó.
El funcionario señaló que el 50 por ciento de la recaudación "va derecho al Ministerio de Obras y Servicios Públicos para obras hidráulicas y viales con impacto en el interior. De la otra mitad, un 25 por ciento se destina a cada municipio para un fondo de mantenimiento de caminos rurales (en proporción a la red de cada distrito) y el resto será de libre disponibilidad".
Además, señaló que los contribuyentes que tengan buen cumplimiento gozarán de una bonificación del 25 por ciento del impuesto.
Así justificó el funcionario el aumento en el impuesto inmobilario rural en las liquidaciones de este año. Incluso, el asesor Larcamón diferenció ese tributo con el impuesto inmobiliario urbano "que no se aumentó porque el sector asalariado no tuvo cambios, mientras que el agro tuvo mejoras en los ingresos a partir de la salida de la convertibilidad".