Rossi, de Fecofe: “Si la expropiación de Vicentin es el instrumento adecuado para el bien de todos los actores afectados, bienvenida sea”

Frente a las múltiples voces que desde el sector agropecuario se expresan en contra de la intervención estatal y de una eventual expropiación –el proyecto oficial será debatido en el Congreso de la Nación– de la firma Vicentin, que acumula una deuda de casi 100.000 millones de pesos, surgen, también, posiciones que respaldan la decisión anunciada por el presidente Alberto Fernández el 8 del actual.

Es el caso de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), una entidad adherida a la Federación Agraria Argentina (FAA), que tiene su sede en Rosario, y que representa a 40 cooperativas con presencia en 10 provincias. En diálogo con LA NACION, su presidente, Juan Manuel Rossi, dio las razones del apoyo a la intervención del Estado en la empresa.

"Muchas de nuestras cooperativas y sus productores quedaron en condición de acreedores de una empresa convocada, con futuro incierto y sospechada de manejos poco transparentes. Para ellas, que son de pequeño o mediano porte, la deuda las deja en una situación acuciante y con riesgos financieros severos", explicó el dirigente.

Y añadió que el apoyo a la intervención oficial se definió por el grave estado de situación que evidencia la firma. "Las noticias que nos llegaban eran de una franca posibilidad de desguace de Vicentin o hasta la chance de que pasara a manos de capitales extranjeros. Históricamente nosotros nos pronunciamos en contra de la concentración oligopólica del comercio de granos, que expulsa productores y cooperativas del sistema. No es la primera vez que algo así pasa y siempre los más perjudicados son los actores de menor escala, los que nosotros representamos", dijo Rossi.

-Desde Fecofe plantearon la necesidad de "incidir con protagonismo en todo el proceso que afronte la intervención de Vicentin", ¿qué significa eso?

-Significa que por nuestra naturaleza asociativa y por nuestra identidad gremial vamos a cumplir con la misión fundacional encomendada por nuestros estatutos y por nuestra vocación de defensa de los intereses de los pequeños y medianos productores, más allá de su pertenencia a una u otra entidad. Esa es nuestra misión institucional, para eso somos elegidos en organizaciones democráticas que, además, conllevan la impronta de una larga tradición ligada a valores de solidaridad, justicia, equidad e inclusión.

-¿Por qué considera que Vicentin llegó al estado actual?

-Eso lo tendrán que determinar los organismos pertinentes del Estado y las instancias judiciales que sobrevengan. Estamos tan sorprendidos como todos, sin perjuicio de expresar las dudas que nos caben sobre posibles irregularidades, ante los indicios que son de público conocimiento y que la prensa, en múltiples aspectos, difundió durante los últimos seis meses.

-Buena parte del sector agropecuario se expresó en contra de la intervención del Estado en Vicentín. ¿Por qué cree que se da esto?

-Porque en el sector hay una historia de desconfianza en la intervención estatal. Es un fenómeno que lleva mucho tiempo y que se agudizó en 2008 con la célebre Resolución 125. En algunos casos la desconfianza es fundada, al sector no siempre se lo interpreta en profundidad, con toda su diversidad y heterogeneidad. En otros casos, se solapan intereses políticos y económicos que agitan una "grieta" que nada bien le hace a la sociedad, ni al país. Nosotros decimos que no todo el campo es lo mismo y nos abocamos a defender al productor pequeño y mediano, que por lo general esta cooperativizado. Pero somos respetuosos de todas las entidades que defienden los intereses de los suyos.

En nuestro caso tratamos de no divorciar esos intereses con los del país. Fíjese, en Avellaneda (Santa Fe) y en otros lugares hubo multitudinarias movilizaciones de ciudadanos oponiéndose a la intervención del Estado en Vicentin. Salían con banderas argentinas, porque el sentimiento nacional es importante, pero si le estoy diciendo que existe un riesgo cierto de extranjerización de la empresa, parece que hay algo que no se entiende, que no es racional. Por eso es una situación para sociólogos y psicólogos, para que nos expliquen cómo funcionan las emociones en estos casos, los preconceptos, los prejuicios que van más allá de una decisión estatal, empresaria, económica o productiva.

-¿No temen quedar marcados como "el campo oficialista" con esta postura?

-Si tuviéramos ese temor nos dedicaríamos a otra cosa. Sobre toda especulación, lo que la opinión pública debe saber es que somos dirigentes. Que, a diferencia, también, de ciertas construcciones subjetivas, tenemos la obligación de pensar en el bienestar de nuestros representados, que no viven en una isla, sino que son parte de la sociedad, que tienen familia, hijos, vecinos, que habitan los pueblos del interior. Del éxito de la producción se juega mucho del bien común de la comunidad toda. Por eso, no debemos actuar a medias tintas, ni ser ambiguos, ni temerosos. Somos prudentes pero firmes.

-¿Están de acuerdo con la eventual expropiación?

–En esto estamos de acuerdo con el presidente. Y, nuevamente, no nos hace ni oficialistas ni opositores. Si la expropiación es el instrumento adecuado para el bien de todos los actores afectados, bienvenida sea. No lo vemos como una cuestión ideológica, tratamos de estar a la altura de las circunstancias; de ser serios.

-¿Qué hecho virtuoso podría generar el Estado en la conducción de una empresa referente del sector exportador hacia adentro de la cadena productiva?

-Al no ser capitalista en términos clásicos, la mayor virtud sería tender a equilibrar las fuerzas del mercado que no funciona en términos de oferta y demanda. Pero no sólo es el Estado el que debe intervenir. Tengamos en cuenta que el Estado comprometió buena parte de los activos financieros del Banco Nación en asistencia a Vicentin y ello parece haber empeorado el desenlace. Esa es la paradoja, el Estado siempre interviene. El problema es cómo y para quiénes. Por eso nosotros estamos seguros de que las regulaciones deben implementarse con la participación de los diferentes actores: productores, trabajadores y consumidores.

En nuestro caso, contamos con las cooperativas y sus organizaciones de segundo y de tercer grado, que conforman una herramienta irremplazable de gestión democrática de todos esos eslabones de las cadenas productivas y comerciales. De este modo, es factible transparentar los procesos, desde la originación, el procesamiento y hasta el consumo. Aquí, los avances en la desmonopolización de la elaboración y de la distribución de alimentos esenciales pueden gestar una diferencia apreciable en la mesa de los argentinos.

-¿Y, si cree que los hay, cuáles son los riesgos que se corren al tener al Estado como parte activa en la comercialización de granos, la elaboración y la exportación de subproductos?

-Como le decía, los riesgos son todos los que ya vimos. La discrecionalidad de los estados manejados por hombres permeables a intereses concentrados o que simplemente no tienen la pericia para la intervención de un territorio complejo. Por eso apostamos al control social, que es posible a través de las organizaciones de la comunidad. Y en este enfoque las cooperativas son indispensables.

-Desde la conducción de la FAA fueron críticos con los pasos dados por el Gobierno. ¿Habló sobre esta posición de Fecofe con Carlos Achetoni?

-Con Carlos estamos hablando poco. Es algo a corregir. Vi a la FAA con declaraciones dispares y quizás eso sea consecuencia del tironeo lógico de posiciones divergentes. Es imposible pensar un esquema de cogestión en la que estén representas la organizaciones del sector sin la Federación Agraria. Es nuestra entidad madre y apuesto a que acompañará.