Se sigue levantando polvareda

La cuestión de la aftosa sigue dando lugar a sorpresas, incredulidad y hasta indignación. A las pérdidas denunciadas por productores y frigoríficos, a raíz de la suspensión de exportaciones y de la movilización de hacienda, ahora se reconoce oficialmente que ingresaron en el país, en lo que va del año, 10.000 vacunos de contrabando desde el Paraguay.

Todo ello se suma al malestar provocado por la falta de información en tiempo oportuno que ha generado un cruce entre el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagpya), Antonio Berhongaray, y el presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Oscar Bruni, y que el miércoles último levantó una polvareda en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.

Según los informes oficiales publicados esta semana, el ingreso de ganado de contrabando desde el Paraguay involucraría a ganaderos argentinos, que tendrían explotaciones en Paraguay y en la provincia de Buenos Aires. Nadie escapa de las sospechas, ni siquiera el personal del Senasa y de control fronterizo.

Esta situación se presenta entonces como que los productores argentinos, los decentes, claro está, que cumplieron con las reglamentaciones sanitarias y pagaron de sus bolsillos junto con el Gobierno más de cien millones de pesos anuales durante diez años para erradicar la aftosa, estuvieron durmiendo con el enemigo.

Queda una sensación de incredulidad, pues si se reconoce que ese contrabando es moneda corriente en una frontera prácticamente incontrolable, se infiere que la situación sanitaria ya estaba comprometida tanto cuando en mayo último, en París, se declaraba a la Argentina país libre de aftosa sin vacunación como en julio, durante la inauguración de la Rural, oportunidad en que se pidió el aplauso de la concurrencia para reconocer el esfuerzo de los productores.

En la búsqueda de responsabilidades, el miércoles último, los diputados de la Comisión de Agricultura recibieron los informes de Berhongaray y de Bruni. Asistieron acompañados por sus colaboradores y representantes de la Gendarmería Nacional, la Prefectura y la Aduana.

Mientras Berhongaray explicaba las medidas que se habían tomado tras la aparición de la hacienda con serología positiva, el diputado Luis María Díaz Colodrero (Liberal- Corrientes) se levantó intempestivamente y dijo que eso ya no interesaba, que lo que querían saber eran los nombres de los responsables, cuestión que ninguno de los funcionarios pudo responder.

Al mismo tiempo, el legislador correntino dijo sentir una gran indignación por la situación que viven tanto los productores de su provincia como los de Formosa y Entre Ríos, a quienes se les prorrogará la prohibición de trasladar hacienda más allá de los 21 días previstos inicialmente. "Nos sentimos discriminados -advirtió-, pues en otras provincias también se detectó el virus."

Contradicciones

Además, según Díaz Colodrero, de la reunión quedaron al descubierto algunas contradicciones, como cuando le preguntó a Bruni, primero, y al jefe de Epidemiología del Senasa, Eduardo Greco, después, si actualmente se estaba vacunando en Corrientes. Recibió dos rotundos no. El legislador asegura disponer de información que confirma que desde hace una semana el Senasa ha contratado veterinarios para inocular "y lo están haciendo -enfatizó- con miles de animales en todos los campos que van desde la ruta 12 hacia el río Paraná", y no "con estimulantes, como decían, sino con vacunas antiaftosa", lo cual no es un hecho menor: lisa y llanamente implicaría cambiar el status sanitario del país.

Por su parte, el titular del cuerpo legislativo, diputado Héctor Romero (UCR-Chaco), se mostró medianamente satisfecho con el encuentro, por la información que brindaron, pero cuestionó a los funcionarios por no haber brindado la información en el tiempo oportuno. "En esto intuimos que no coinciden Berhongaray y Bruni", acerca de lo cual subrayó que si esta serie de desencuentros se agrava, "uno de los dos tendrá que irse", afirmó.

Desde el punto de vista de la producción, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Manuel Cabanellas, subrayó que su entidad no va a salir a pedir la cabeza de nadie, porque no está de acuerdo con buscar un chivo expiatorio, pero van a reclamar que quienes no hayan cumplido con sus deberes den un paso al costado.

"Son responsables el Ministerio del Interior, por el control fronterizo; el Senasa, por lo que tuvo que haber hecho antes de que esto ocurriera; la Secretaría de Agricultura, porque de ella depende la sanidad animal; el Ministerio de Economía, por los fondos que le recortó al Senasa, y también los productores implicados en los casos de contrabando", señaló.

En el interior ya se padece la inmovilización de hacienda. La Sociedad Rural de Rafaela informó que la provincia de Santa Fe iba a perder 40 millones de pesos.

En tanto, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Dardo Chiessa, dijo que era difícil hacer un cálculo, porque todavía no se sabía qué zonas iban a quedar liberadas a partir del 21. "En el Senasa no nos informan", criticó.