Usurpaciones de tierras: en Neuquén se quejan del accionar de la Justicia

Frente al temor que genera en el sector agropecuario los casos de toma de tierras productivas, la Sociedad Rural de Neuquén alertó sobre una nueva escalada de usurpaciones a manos de grupos que se identifican como comunidades indígenas y que alegan tener derecho sobre tierras cuya propiedad y títulos legales en regla, señalan en el campo, corresponden a familias de productores. En este contexto, manifestaron su preocupación porque, denunciaron, la Justicia provincial “actúa como si no se estuviera cometiendo un delito y deja desamparadas a las víctimas”.

“Nuestra institución ha recogido de parte de productores rurales, socios y no socios la desazón por el hecho de que, frente a la usurpación de la propiedad familiar, la Justicia neuquina, en lugar de dar curso a la causa penal que corresponde, les impone una mediación con los usurpadores”, indicaron y agregaron: “De esa manera, la Justicia evita imputar a los responsables por el delito de usurpación tipificado en el Derecho Penal argentino y lo trata como si fuera un problema de convivencia entre vecinos”, indicaron.

En rigor, remarcaron que la Constitución Nacional establece en el artículo 14 que todos los habitantes de la Nación gozan del derecho a usar y disponer de su propiedad y en el artículo 109 que nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de una sentencia judicial.

Para la entidad, hay familias de productores neuquinos a quienes la Justicia “no les reconoce esos derechos constitucionales y las obliga a participar de una mediación y cerrar un acuerdo con las mismas personas que ilegalmente les impiden entrar a su casa y sus lugares de trabajo. Arribar a un acuerdo forzado que luego los usurpadores incumplen sistemáticamente”.

Alertaron: “La Justicia no solo no cuida, no preserva y no defiende el derecho de propiedad, sino que deja impune la comisión de un delito: el ejercicio de un pretendido derecho mediante vías de hecho que afectan a terceros y que nuestro ordenamiento jurídico no acepta en ningún caso”.

“Todos los países democráticos del mundo respetan el derecho a la propiedad. Los países más prósperos y con menores índices de desigualdad respetan el derecho de propiedad”, afirmaron desde la entidad.

Pidieron que se tome “conocimiento sobre este problema que afecta el estado de derecho, la seguridad jurídica y la economía nacional al poner en jaque la propiedad de productores de alimentos, principal fuente de divisas” del país.