Celulares: avances en la portabilidad numérica

Permite conservar el número de teléfono
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18 de agosto de 2010  

Los argentinos se acercan a la posibilidad de cambiar de compañía de telefonía celular conservando su número de servicio, dado que la Secretaría de Comunicaciones (Secom) reglamentó, mediante la resolución 98/2010, el régimen de portabilidad numérica para la telefonía móvil, luego de evaluar el proyecto elaborado por una comisión integrada por esa dependencia y la Comisión Nacional de Comunicaciones, según informó el Ministerio de Planificación Federal.

La portabilidad numérica, que permitirá a los usuarios ejercer el derecho de mantener su número cuando cambien de prestador del servicio, tendrá un plazo de implementación de 12 meses, según se informó en el comunicado de prensa.

"Los costos del equipamiento necesario y el funcionamiento del sistema, estimados en alrededor de 40 millones de dólares, serán absorbidos por las empresas licenciatarias de telefonía móvil", señaló la información.

Lisandro Salas, secretario de Comunicaciones, dijo ayer en la sala de periodistas de la Casa de Gobierno que la portabilidad numérica es "un derecho de los usuarios" y que "el costo de las inversiones no se va a trasladar" a ellos.

La nueva reglamentación es un avance para aquellos usuarios que quieren cambiar de prestador sin perder su número, pero se debe advertir que el anuncio sólo involucra a los clientes de celulares y no a los de líneas fijas.

El año pasado, un fallo del juez Enrique Lavié Pico, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 6, dictado el 18 de marzo, obligó a la reglamentación de la portabilidad numérica en telefonía celular e instó al Estado a implementarla en 90 días.

Esto ocurrió como consecuencia de la acción colectiva promovida por la Unión de Usuarios y Consumidores a partir del decreto 764 del año 2000, que establecía la portabilidad numérica como un derecho de los usuarios que el Estado debía reglamentar.

La respuesta a la sentencia de Lavié Pico por parte del Gobierno fue un recurso a la Corte Suprema, que obligó a rever la sentencia, alargando el plazo hasta ahora.

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