Certezas e incógnitas en la hoja de ruta de Macri

El presidente Mauricio Macri ya obtuvo los resultados del primer test, a menos de una semana de su convocatoria a buscar consensos básicos para trazar una hoja de ruta hacia el futuro. Allí planteó -con diagnósticos y ejemplos infrecuentemente realistas-, tres caminos y destinos finales con los cuales pocos podrían estar en desacuerdo. Y encontró la previsible resistencia de los sectores afectados, cuando al día siguiente se develaron las incógnitas que rodeaban a los proyectos oficiales de reforma tributaria y laboral.

Esto confirma que cualquier cambio de fondo no es neutral y, además, genera adhesiones y rechazos asimétricos. Ningún consumidor publicaría una solicitada para apoyar la baja de 17% a cero en los impuestos internos a celulares, televisores, monitores o motos de baja cilindrada. Pero si bien los aumentos propuestos como contrapartida deben ser tratados por el Congreso, ya dispararon el lobby de entidades empresarias sectoriales para rechazarlos bajo el consabido argumento de que peligran miles de puestos de trabajo. Ningún alarde de creatividad.

El ministro Nicolás Dujovne podría apelar a la frase "el que avisa no traiciona" para hablar de la reforma tributaria. Hace ocho meses había anticipado que su efecto fiscal iba a ser neutro para bajar expectativas. En otras palabras, si bajaban algunos impuestos distorsivos iban a subir otros. Esta redistribución de cargas apunta en los papeles a reducir gradualmente los costos empresarios para promover inversiones y empleos privados formales, a cambio de subir gravámenes a rentas y patrimonios -no precisamente de ricos, sino más bien de clase media- y productos "no saludables" (bebidas alcohólicas y azucaradas), una definición que en realidad depende de su grado de consumo individual.

La característica saliente es que estos cambios se plantean en dos velocidades. Parafraseando a Perón, suben por el ascensor los impuestos que aumentan o se agregan a la actual maraña tributaria y bajan por la escalera los que serán reducidos, progresivamente, en plazos de hasta cinco años. Esta asimetría temporal relativiza el argumento oficial de que las actividades afectadas por aumentos (o bajas, como el caso fueguino) de impuestos internos, se verán compensadas con menores cargas fiscales y laborales. Si la ley fuera sancionada tal como está, la presión tributaria subiría de inmediato y los beneficios se verán a mediano plazo. Ocurre con la unificación en 19% del aporte patronal y la rebaja gradual del costo a través de un mínimo no imponible indexado que se completará en 2022. Y también con la reducción de 35 a 25% de la alícuota de Ganancias para empresas que reinviertan sus utilidades, que se aplicará a partir de 2021, previa escala de 30% en 2019 y 2020.

Sin embargo, el proyecto tributario parece ser una hipótesis de máxima. Así lo indica la predisposición oficial a negociar, en el margen, aspectos puntuales o plazos sin sacrificar el objetivo central. Algunos puntos parecen haber sido incorporados con ese propósito para que la ley ómnibus no se empantane en el Congreso. Del mismo modo, al incluir el discutido impuesto a la renta financiera para ahorristas e inversores individuales, la Casa Rosada "primereó" a la oposición y su previsible intención de presentar un proyecto alternativo más duro. Una prueba es otra asimetría; la escasa recaudación que aportaría el gravamen frente a las distorsiones que puede provocar en el sistema financiero, más el costo en credibilidad de alterar las reglas postblanqueo.

La principal certeza es que el Gobierno mantendrá el rumbo hacia la reducción de costos tributarios y laborales, aunque deba avanzar en zigzag como en la navegación a vela. Si bien Macri practica fútbol y tenis, actúa políticamente como un jugador de ajedrez.

Aun así, el proyecto estará incompleto hasta acordar con los gobernadores la reducción gradual -a la mitad- de las alícuotas de Ingresos Brutos, un impuesto que encarece todas las etapas de producción y comercialización; pero representa, en promedio, casi tres cuartas partes de la recaudación de las provincias. El año pasado la Casa Rosada podría haber negociado rebajas, cuando acordó la devolución escalonada del 15% de coparticipación destinada a la Anses. Fue una oportunidad perdida en nombre de la sanción de otras leyes.

Como lo reveló Carlos Pagni días atrás, ahora la principal carta de negociación es otra: el cambio del cálculo de la movilidad jubilatoria automática. Con ajustes que pasarían a ser trimestrales en vez de semestrales, pero indexados por el índice de precios al consumidor en reemplazo de la actual fórmula que combina recaudación de impuestos y aportes. Si esta modificación fuera aprobada por el Congreso, el Gobierno lograría dos objetivos. Por un lado, evitar que el elevado gasto público previsional (más del 40% del total nacional) crezca en 2018 por encima de la inflación, debido a la inercia de la mayor recaudación de este año y eleve el déficit fiscal. Por otro, contar con una masa de recursos para negociar con las provincias la redistribución de fondos coparticipables por la actualización del Fondo del Conurbano Bonaerense, hoy en manos de la Corte Suprema y que los gobernadores buscan reemplazar con un acuerdo político.

De ahí que Macri haya propuesto en el CCK un cambio en la relación Nación- Provincias para reasignar recursos en obras de infraestructura. Pero a la vez planteó otro objetivo difícil: eliminar a futuro los regímenes jubilatorios de privilegio. Hay 13 provincias con sistemas propios que pagan haberes mucho más altos que la Anses y subsisten con el aporte de fondos nacionales. Esto implica una gran inequidad y además otra distorsión en la política fiscal, ya que los ingresos de la Anses son reforzados con parte de impuestos nacionales coparticipables.

Alrededor de estas incógnitas hay señales a tener en cuenta. Como el apoyo "en general" del senador Miguel Pichetto a los conceptos presidenciales del último lunes. Y la invitación de Macri a tres gobernadores (de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, distritos donde Cambiemos se impuso en las legislativas), al viaje que emprenderá mañana a Nueva York, donde también estará el gobernador de Neuquén. Todo en vísperas de la reunión del próximo jueves con los mandatarios provinciales y en la que Macri reiterará que llevar adelante las reformas requiera que cada uno ceda un poco.

Más difusa es su fuerte apelación a la austeridad fiscal y a no gastar más de lo que se recauda como regla no negociable. No es sencillo bajar impuestos sin bajar el gasto público. A nivel nacional, la reducción del gasto se apoya en el recorte de subsidios a la energía, a cambio de ajustes tarifarios para recuperar gradualmente en cuatro años el atraso acumulado en más de una década. Otro problema es que el Gobierno considera la actual estructura del Estado como un dato, más que una anormalidad. Es cierto que con casi 30% de pobreza aumentan las necesidades de asistencia social y de obras de infraestructura básica. Pero justamente por eso, y aún con una economía en crecimiento, es necesario fijar prioridades para la inversión pública y frenar la incorporación de personal en todas las jurisdicciones. También aplicar el gradualismo para planificar un mejor uso de recursos humanos y reducir estructuras estatales a mediano plazo. Es un contrasentido la existencia de 22 ministerios en el gabinete nacional. Y también que, según un informe de Cadal, desde 2016 se hayan incorporado 948 empleados a la Cámara de Diputados, de los cuales 113 corresponden al superpoblado plantel de la Biblioteca del Congreso, denunciado como escandaloso por el propio Presidente. El déficit del sector público se financia con endeudamiento, mayormente externo, cuyos intereses aumentan el desequilibrio fiscal. Una forma de aportar transparencia sería poner el mismo énfasis para explicar la baja del déficit primario, como el alza del déficit financiero que incluye el pago de los intereses de la deuda.

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