Adelantan un proyecto de ley para fomentar la Economía del Conocimiento

El secretario de Emprendedores y pymes, Mariano Mayer, puntualiza los principales incentivos de la propuesta
Alejandro Vicchi
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27 de diciembre de 2018  

El secretario de Emprendedores y pymes, Mariano Mayer
El secretario de Emprendedores y pymes, Mariano Mayer Fuente: Archivo

El Gobierno dio a conocer los lineamientos del proyecto de ley que enviaría en marzo al Congreso para promover la Economía del Conocimiento, dando continuidad al régimen de fomento del sector de software y servicios informáticos, y ampliando los beneficios a otras actividades.

La iniciativa fue expuesta al presidente Mauricio Macri por el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y el secretario de Emprendedores y pymes, Mariano Mayer, acompañados por empresarios y representantes de cámaras del sector, como Argencon, CESSI, la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica, la Cámara de Biotecnología y la Asociación de Videojuegos Argentina.

Consultado por LA NACIÓN, Mayer comentó algunas características de la propuesta, puntualizando que si se cumple lo previsto, debería comenzar a aplicarse cuando venza el actual régimen de software, a fin de 2019, y tendría una vigencia de diez años.

Los incentivos vigentes para software y servicios informáticos comenzaron a aplicarse en 2005 y potenciaron el crecimiento que esta industria había comenzando a exhibir a partir de la salida de la convertibilidad, con una fuerte inserción internacional, al punto que, actualmente, la tecnología de información en la Argentina genera más divisas que la exportación de carne vacuna, y es el doble que la exportación de vinos, por mencionar algunos productos icónicos.

"Venimos trabajando desde hace tiempo en una ley más moderna para darle continuidad a la industria del software, pero también para incluir otros sectores que han adquirido con el tiempo una gran relevancia; de los casi US$6 mil millones de exportaciones de servicios basados en el conocimiento, el software es solo un tercio", señala Mayer. Hoy se considera a los servicios basados en conocimiento como el tercer complejo exportador argentino en importancia, detrás del campo y la industria automotriz.

"Es importante aclarar –destacó el secretario–, que no es una ley solamente para los sectores directamente beneficiados, sino que va a generar una mejora en la productividad del resto de los sectores: hoy hay 30 clusters tecnológicos en el país (la mayoría de software) que empiezan a hablar y a cruzarse con el cluster automotriz, con el agro, con el cluster metalmecánico, como la maquinaria agrícola, y generan mejoras de productividad. Por eso creemos que, como está pasando en otros países, esta ley va a generar una mejora en la productividad de toda la economía".

La nueva ley contempla, además de la industria del software, a otras actividades como la audiovisual, biotecnología, servicios geológicos y servicios profesionales en la medida que sean de exportación. También se incluye a la investigación y desarrollo experimental, la industria aeroespacial y satelital, y tecnologías que están en auge como la inteligencia artificial, nanotecnología, robótica e internet industrial, internet de las cosas, sensores, manufactura aditiva, realidad aumentada y virtual, y simulación.

Por la mención de actividades como la industria aerospacial, surge el interrogante de si el proyecto beneficiaría también a la industria manufacturera que plasme esa economía del conocimiento en un producto físico. "Hay ciertas actividades como la robótica industrial que pueden ser denominadas actividades o servicios basados en el conocimiento", responde Mayer. "Los beneficios van a ser muy parecidos a los del régimen de software pero adaptados a la reforma tributaria del 2017", precisó.

Así como el régimen de software existente permite tomar parte de las cargas sociales como crédito fiscal para cancelar impuestos nacionales, uno de los principales incentivos del nuevo proyecto es que bajaría la carga tributaria por aportes patronales en dos veces el mínimo no imponible previsto en la reforma tributaria.

Otro de los beneficios tiene relación con la reducción del pago de impuesto a las ganancias. Mayer explicó a este diario que el proyecto adapta la reducción de esa carga tributaria a la reforma impositiva que tuvo lugar en 2017, que dividió la tasa que grava las ganancias empresarias, desglosando el reparto de utilidades. También habría un régimen especial para la contratación de doctores en ciencias, se contempla un régimen especial para las nuevas microempresas y se establecería un fondo para emprendedores del conocimiento.

Tal como ocurre con el régimen ya conocido, las empresas deberían cumplir al menos dos de tres requisitos, referidos a calidad, exportaciones e inversión, "pero ajustados a base de la experiencia adquirida en estos casi quince años, y teniendo en cuenta que hay otros sectores que se incorporan".

Lo más destacado de lo que anticipó el secretario es que se modificaría la exigencia de alcanzar un determinado nivel de inversión en investigación y desarrollo, "incorporando la inversión en capacitación de personal propio o ajeno como otra variable de análisis".

En cuanto a calidad, el régimen actual obliga a que los beneficiarios cuenten con algún tipo de certificación, como la norma ISO 9001, pero eso también se flexibilizaría para evitar que se transforme en una barrera de acceso: "Estamos analizando alternativas, sobre todo porque estamos incluyendo emprendedores y microempresas. En estos casos, cuando recién arrancan, podrían acceder a los beneficios de la nueva ley sin que se les pida cumplir esos requisitos por un tiempo, porque la condición de la calidad es una carga pesada para alguien que recién empieza y lo que queremos es que haya más empresas que aprovechen esta ley. Habría 10.500 empresas beneficiarias, de las que cinco mil son de software, pero estas son las que están hoy, nosotros lo que queremos, al apoyar emprendedores, es que haya muchas más".

En el caso de prestadores de servicios profesionales, Mayer señaló que sólo serán incluidas aquellas empresas que sean predominantemente exportadoras, aunque todavía no quiere precisar en qué porcentaje; "aún estamos en una etapa de sintonía fina y cerrando algunos temas, pero en lo conceptual ya está definido". Fundamentalmente, podrían incluirse los servicios exportados más caracteristicos, como BPO (business process outsourcing, o tercerización de procesos empresariales), o ingeniería, por ejemplo.

Por último, Mayer señaló que se continúa trabajando en los mecanismos de financiamiento que incluirán en el proyecto.

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