Antes de la licitación, se define el aumento del peaje de la vía navegable

La gestión de la Hidrovía tiene movimientos en los últimos días, después de meses de quietud.

Esta semana se publicó en el Boletín Oficial la decisión de eliminar el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina), un organismo conformado durante el gobierno de Alberto Fernández que incluía a las provincias que tienen contacto con la Hidrovía en las decisiones sobre su futuro. La entidad realizó varias reuniones con escasos resultados.

El nuevo Decreto 699/2024 dice que en el artículo 26 de la Constitución Nacional se establece que “la navegación de los ríos interiores de la Nación es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional”. Y hace referencia que en su artículo 126 se prohíbe a las provincias ejercer el poder delegado a la Nación en materia de navegación interior o exterior. Se trata de un mensaje a las provincias: sobre la Hidrovía, va a decidir el gobierno nacional. El consejo directivo estaba integrado por representantes de gobierno central y de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe.

El Ecovina, tenía como objetivo garantizar el seguimiento y la fiscalización de la prestación de los servicios que se brindan en la Vía Navegable Troncal (VNT) y “llevar adelante el proceso licitatorio nacional e internacional para la adjudicación de las obras”.

Parte de la tarea, entonces, era “confeccionar y aprobar, por mayoría absoluta de sus miembros, los pliegos de bases y condiciones que regirán los procesos licitatorios relativos a concesiones y/o contratos de obra pública que se otorguen sobre las vías navegables sujetas a su jurisdicción” y también efectuar los llamados licitatorios, aprobación de la documentación licitatoria, actos preparatorios y adjudicaciones de las concesiones y/o contratos de obra pública que se otorguen sobre la vía navegable.

Con marchas y contramarchas finalmente no llegaron a ningún lado. La VNT pasó a manos del Estado, que terminó cobrando el peaje y contratando a los mismos prestadores que la trabajaron durante los últimos 25 años.

El decreto de la era Milei no duda en denunciar que la Ecovina “desde su creación, no logró un normal o regular funcionamiento, ni ejerció efectivamente las misiones y funciones que le fueron encomendadas, por lo que no alcanzó los objetivos propuestos”.

También, el decreto declara “servicio público a las actividades de dragado, redragado, mantenimiento, señalización, balizamiento y control hidrológico de las vías navegables de jurisdicción nacional”. Y se designa como Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Puertos y Vías Navegables dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, “lo que genera el primer paso para concretar una licitación de la Hidrovía”, aseguran fuentes oficiales.

Desde la Cámara de la Industria Aceitera declararon en la red social X que el decreto 699/2204 va en el camino correcto, y que ahora “queda pendiente que avancen en la licitación internacional de dragado y balizado, a riesgo empresarial y sin subsidio estatal”.

Mientras se definen los aspectos de la licitación, está confirmado por parte de fuentes oficiales que la intención es subir el peaje porque consideran que “está muy atrasado”. Es hoy US$3,06 por tonelada transportable.

La suba será cuando termine el proceso de participación ciudadana, la semana que viene, para la revisión de la tarifa del tramo Puerto de Santa Fe - Océano de la VNT. Este proceso fue convocado y coordinado por la Administración General de Puertos (AGP).

Toda persona humana o jurídica, pública o privada, puede participar y es de carácter gratuito. Las opiniones se realizarán por escrito y “no tendrán carácter vinculante”, explica la convocatoria del Gobierno. Los interesados podrán presentar su opinión una sola vez por cada instancia convocada. El plazo de participación será hasta el día viernes 16 de agosto de 2024 a las 17.

Es decir: en solo 5000 caracteres, los interesados podrán dar sus razones para subir o no el peaje de manera “no vinculante”.

Luego AGP hará un informe técnico y en base a eso se cierra el proceso y se dicta la resolución. Es muy probable que la tarifa, según fuentes oficiales, tenga una suba de un 30%. Esto tiene que ver con una cuestión de “lograr un equilibrio financiero” y también un reconocimiento de una suba de costos de los contratistas a los que la Administración General de Puertos llamó a trabajar, pero hay también otras cuestiones que tienen que ver con “mayor dragado y con obras que se hicieron. Está incluida la posibilidad de profundizar algunos pies en la propuesta que se está considerando”, agregan.

Fuentes del sector privado que son usuarios de la VNT dicen que para nada están de acuerdo con una suba del peaje.

Aseguran que la deuda que tiene la AGP con la empresa contratista (US$80 millones) es la prueba más contundente de lo que pasa cuando hay una administración pública. El año pasado, producto de la sequía, hubo menos barcos que transitaron por la Hidrovía y, como consecuencia, un cobro menor del peaje. Sin embargo, las tareas de mantenimiento se debieron realizar igual y así se generó parte de la deuda, y “las deudas hay que pagarlas”, comentaron a este medio fuentes oficiales. Es por esto que hacen hincapié en que los trabajos deben hacerse “a riesgo empresario y sin aval del Estado”, como era antes de que la administración de Alberto Fernández decidiera quedarse con el peaje.

El sector está convencido de que hay que poner en marcha la licitación, y que “hay decretos que están ordenando la cancha para que esto suceda. Con la gestión de Alberto Fernández no se podía avanzar”, dicen a LA NACION. “En el mientras tanto la Hidrovia está en manos de la AGP. que por la deuda con la empresa de dragado está analizando aumentar el peaje. Los usuarios creemos que esta acción quita competitividad al sistema. Estamos convencidos de que, como hace el Gobierno en distintos ámbitos, hay que negociar con el prestador. Por lo pronto, llevaremos nuestros argumentos para que el aumento del peaje no sea tan importante”, confirman.

Tampoco están de acuerdo en que la Hidrovía se profundice en este momento, ya que “eso debería suceder después de la licitación, donde hay varias empresas que se van a disputar el trabajo y van a competir agresivamente para hacer obras y además ofrecerán cobrar lo menos posible. Lo que se propone hoy es que el sector privado pague una deuda contraída por el Estado y tratar de tranquilizar al empresario con un poco más de profundidad en el dragado. Estamos en desacuerdo en que se haga eso porque seria caro”.

Como conclusión, reafirman que “la concesión tiene que ser a riesgo empresario. Tenemos la expectativa de que el proveedor nuevo haga las obras a un precio mas bajo. Hay varias empresas que dicen que pueden bajar la tarifa. El Estado tiene que salir del medio de una buena vez”.

Por Paula Urien

• Comunidad de Negocios

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