Bicicletas: el Tribunal le dio la razón a Uruguay

Fallas administrativas en la presentación de la Argentina
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11 de diciembre de 2001  

El quinto laudo del bloque, en el que el Tribunal del Mercosur revoca la aplicación del Arancel Externo Común (AEC) a las bicicletas, giró sobre la aplicación del arancel extrazona a la importación de rodados al entenderse que no respetaban el contenido Mercosur mínimo para ser productos originarios.

La reclamante opuso que ello era contrario a lo que surgía de los certificados de origen emitidos según la normativa regional. Elaboró por ende una defensa sobre el valor formal de éstos y la desviación del procedimiento establecido para cuestionarlos por parte de la Argentina.

El Tribunal concluyó dando la razón a Uruguay, pues la Argentina no aportó prueba suficiente para desechar el origen fijado en los certificados, los cuales tienen presunción de autenticidad.

No obstante, la empresa oriental afectada debe conservar algunas dudas sobre el origen real de los insumos que componen sus bicicletas. Ya es la segunda vez que los árbitros destacan el defecto en la probanza argentina, a lo que se suman los errores de procedimiento administrativo.

Ello ocurre fundamentalmente porque nuestro país no asegura para su defensa un patrocinio letrado, cuando los demás socios garantizan en sus presentaciones un asesoramiento técnico y específico de ese tipo. Además, los errores administrativos en los que incursionó la Argentina son de entidad: el defecto de solicitar la información pertinente a la autoridad de contralor uruguaya sobre la validez, y la emisión de los certificados de origen.

Si estos dos defectos no se subsanan de inmediato, toda posibilidad de control sobre las screw driving companies se verá frustrado.

Más polémica aún fue la facultad de los árbitros para revocar la medida argentina. Aquí la decisión es cuestionable según el derecho de la integración ya que los Tribunales de Justicia europeo y andino declararon que no tienen poder para anular las normas incompatibles con el orden comunitario.

El Tribunal fundó su decisión en la primacía y el efecto directo del ordenamiento Mercosur. Un precedente histórico para cimentar los principios a los que aspira el bloque.

Reafirma la libre circulación de mercaderías como principio jurídico y reitera el enfoque teleológico para la interpretación del ordenamiento. Tanto la Argentina como el Tribunal citan jurisprudencia del organismo europeo, doctrina judicial que es la que más se ajusta a los fines del bloque sudamericano.

La facultad de revocar una medida de derecho local provoca un avance contradictorio sobre las premisas del Mercosur y la misma se aplicó lamentablemente sobre un caso poco seguro, porque hubiese sido preferible un cuestionamiento oportuno y eficaz del certificado de origen uruguayo y una defensa amparada en pruebas más eficientes.

La Argentina debe resolver primero cómo dominar jurídicamente el mecanismo de solución de controversias, que fue parte de sus cinco laudos, y corregir la tramitación de los sumarios aduaneros antes de imaginar cómo establecer barreras arancelarias provisionales en el intrazona o en apostar, incluso, a medidas más drásticas.

Los autores son director de la revista Derecho Internacional y del Mercosur, y profesor de Derecho de la Integración de la Universidad Austral, respectivamente.

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