Blanqueo. Una oportunidad para corregir

Más allá del atractivo de la condonación de intereses por deudas aduaneras que plantea la ley, es momento de que el fisco revea la tasa que exige, y que asciende a 3% mensual en dólares; además, el sinceramiento fiscal debe brindarle al declarante la tranquilidad de que no van a haber sorpresas posteriores.
Adrián Miguez
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9 de agosto de 2016  

Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Álvarez

La AFIP, junto con el Ministerio de Finanzas y otros organismos del Estado trabajaron en la reglamentación de la recientemente promulgada ley 27.260 de “Reparación histórica para jubilados y pensionados”.

Esta ley, en su título 2°, prevé la regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras, para facilitar que los contribuyentes y responsables de los tributos y recursos de la seguridad social (cuya aplicación, percepción y fiscalización está a cargo de la AFIP) puedan allanarse a la pretensión fiscal renunciando al derecho y a la acción –incluso a la posterior repetición o pedido de devolución una vez cancelados los importes exigidos– cuando hayan sido objeto de determinaciones y cargos aduaneros suplementarios, en lo que interesa.

En cuanto a las deudas aduaneras, el mecanismo propuesto puede resultar atractivo porque prevé como beneficio que los intereses resarcitorios y/o punitorios sobre tributos aduaneros sean eximidos, o condonados en su caso, cuando el importe de los mismos supere un porcentaje determinado sobre capital adeudado. Por ejemplo, en el caso de deudas por tributos aduaneros correspondientes a períodos fiscales anteriores a 2011 (2010 y anteriores), dicho tope se ha fijado en el 75% del capital adeudado.

Alguien podría preguntarse si es “atractivo” pagar un 75% en concepto de intereses sobre el capital calculado en dólares, lo que casi duplicaría la deuda en moneda “dura”.

El servicio aduanero, conforme la resolución 314/2004 del Ministerio de Economía, aplica actualmente una tasa de interés resarcitorio de 3% mensual sobre el capital histórico expresado en dólares para aquellas discusiones que han insumido varios años y sobre las que no se tiene altas probabilidades de éxito o certeza sobre su definición final. Considerando esto, el tope mencionado puede jugar un papel importante al momento de adoptar una decisión.

Ahora bien, este tema nos lleva directamente a otro que se revela inmediatamente como causa de aquél. ¿Son razonables las tasas que cobra la Aduana por las deudas tributarias?

Y una segunda pregunta cuestiona aún más el mecanismo dispuesto por la resolución antes mencionada: cuando es el fisco el que debe devolver una cantidad indebidamente pagada por el contribuyente, ¿es equitativa la tasa del 0,5% mensual sobre el capital, y en pesos?

Irraccional e inequitativo

Las respuestas a ambas preguntas son coincidentes. La resolución no es ni razonable cuando fija la tasa que paga el contribuyente por sus deudas tributarias aduaneras, ni resulta equitativa cuando es el fisco quien está obligado a devolver los tributos pagados en demasía.

Es indudable que esta tasa del 3% en dólares es un despropósito que debería corregir el Ministerio de Finanzas junto con la propia AFIP, a tenor de la jurisprudencia.

Porque, en definitiva, termina tratándose de un “doble resarcimiento” por parte del Fisco: por un lado, el que se deriva de la expresión en dólares del capital (que se ajusta conforme la variación del tipo de cambio y compensa la depreciación del peso en relación con la moneda fuerte), y por el otro, simultáneamente, el 36% anual, que permite en tres años duplicar el capital de la controversia (en moneda dura).

Hay fallos de la justicia que de manera aislada han confirmado tanto la procedencia de la expresión en dólares de la deuda como la posibilidad de que el Fisco fije alícuotas “altas” que insten al deudor a cumplir con sus obligaciones fiscales. Sin embargo, combinar ambas soluciones no es razonable porque torna la discusión del derecho, a lo largo del tiempo, en una potencial causal de ruina para quien finalmente pudiera obtener un fallo desfavorable.

Si bien esta situación podría encontrar algún remedio parcial en la ley ahora aprobada, que limitaría los irrazonables intereses, lamentablemente aún no hay solución para los casos de repeticiones.

Tampoco hay dudas respecto de lo irrazonable e injusta que resulta la alícuota del 0,5% mensual calculada sobre el capital expresado en pesos, cuando es el fisco quien debe devolver importes al contribuyente.

Tomemos como ejemplo un derecho de importación o de exportación pagado en demasía en 2008 por el administrado. Si se hubiera determinado en US$ 1000 el tributo por pagar, su equivalente en pesos al 30 de diciembre de 2008 sería $ 3470. Si la Aduana procediera hoy a devolver ese importe (con el mecanismo y los intereses previstos), depositaría la suma de $ 3470 en concepto de capital y $1599,09 de intereses. El administrado recibiría hoy $ 5069, el equivalente a US$ 338. No solo no logró mantener el capital sino que recibiría un tercio del importe original en moneda dura. El fisco, en cambio, se enriqueció sin causa por el simple paso del tiempo.

Por el contrario, si se hubiese tratado de una deuda por tributos oportunamente impugnada y con fallo desfavorable que la hiciera exigible, el contribuyente debería ingresar hoy $ 14.948,10 más $6.888,58 de intereses. O sea, $ 21.836,68, equivalentes hoy a US$ 1456.

Salta a la vista la inequidad entre ambas alícuotas y mecanismos (0,5% en pesos/3% en dólares de interés mensual) cuando el importe de tributos original era el mismo tanto para el crédito como para la deuda.

Agravante

A esta realidad se agrega que el procedimiento para las repeticiones no controvertidas insume muchas veces más de dos o tres años. Y cuando además el fisco no coincide con la posición del contribuyente, y el administrado debe recurrir al Tribunal Fiscal de la Nación, a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y, eventualmente, a la Corte (sea porque los fallos le son adversos o porque el servicio aduanero cuestiona la devolución hasta la última instancia) la definición puede demorarse más de 10 años.

Siguiendo el mismo ejemplo, en ocho años el capital original se redujo a un tercio solamente, imaginen en una discusión de 10 o 12 años.

En un contexto inflacionario, el contribuyente ve disminuir su capital real de manera notoria cada año que pasa, lo que le causa sin dudas un daño irreparable porque ni siquiera con el interés que reciba podrá mantener incólume el capital.

La jurisprudencia parece haber advertido esta circunstancia (así la Cámara Federal de Salta en “Alubia”, confirmado por la Corte Suprema en el año 2014) por ahora en una causa relacionada con una repetición del impuesto a las ganancias, en la que se hizo lugar a la inconstitucionalidad del artículo 4° de la resolución 314/04 de Economía, y se fijó como tasa para uso de la justicia.

Pero recordemos que los planteos ante la justicia son individuales, deben cuestionarse en cada caso todos los extremos y hay supuestos en los que, en razón del monto involucrado, en repeticiones no tan significativas no existe recurso en razón del mínimo apelable o la apelación se torna antieconómica.

Por ello, en esta nueva etapa en la que pareciera que las autoridades fiscales intentan transitar caminos de normalidad, instamos a que se revean los mecanismos de cálculo y las alícuotas aplicables a las deudas aduaneras así como a los créditos del administrado que resguarden la renta fiscal pero, a la vez, respeten los derechos del contribuyente tanto al momento de discutir sin riesgo de terminar concursado, como a la hora de repetir, aspirando a recibir finalmente el importe íntegro de lo pagado en demasía.

El autor es abogado especialista en comercio internacional, derecho aduanero y cambiario, socio de Carena & Asociados Abogados

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