Contabilidad de existencias, la clave para el control aduanero

Permite fiscalizar su operatoria y no obstruye su normal funcionamiento
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24 de octubre de 2000  

Se supone que una zona franca es un área en la que el comercio internacional fluye libremente, una ficción jurídica que coloca una pequeña parte del territorio fuera del ámbito de la aduana y de las restricciones al comercio económico.

Sin embargo, continuamente las resoluciones y otras medidas vinculadas con el comercio exterior se ensañan con las zonas nacionales, creando para ellas exigencias, prohibiciones y trámites burocráticos excepcionales. Como resultado, a veces están más reguladas que el resto del país o que un país extranjero.

La única explicación a este absurdo es la creencia o sospecha de que la barrera aduanera que regula la introducción de mercadería al mercado interno no funciona bien. Claro, es difícil pensar de otro modo, puesto que es la misma metodología que se aplica en el resto de nuestro comercio exterior. Más aún, en las zonas, como en cualquier pequeña delegación aduanera, se presenten situaciones potencialmente agravantes, tales como un trato frecuente de unos pocos funcionarios con un puñado de experimentados operadores, menor disponibilidad de especialistas sectoriales, menos presencia de la policía aduanera o la gendarmería, etc. Si se temen las maniobras aduaneras en las zonas, habría que recordar que el control moderno de aquéllas -y también el de los depósitos fiscales, sistemas de venta minorista free shops e importación temporaria- se basa en la contabilidad de existencias.

Control

En lo que hace a las zonas -aunque la afirmación pueda extenderse al resto de los instrumentos de suspensión del pago de derechos y aranceles-, la Aduana y demás autoridades deberían centrar su atención en esta cuestión, que va al nudo de la operatoria, en lugar de obstruir su funcionamiento mediante normas restrictivas. Estos parches administrativos afectan la competitividad del país y, a la larga, empeoran la situación, incluyendo la de los sectores que se procura proteger.

No obstante, mientras proliferan esta clase de disposiciones que tienden a impedir el funcionamiento de las zonas, poco se hace en el sentido indicado. A casi cuatro años de su inauguración, es poco serio que nuestra principal zona franca, La Plata, aún no tenga aprobado y en pleno funcionamiento un buen sistema informático de existencias.

Cambiar esta situación es simple. La actual conducción del Ente Zona Franca La Plata ha tomado conciencia de la importancia de esta falla y ha conminado al concesionario con plazos perentorios. Por otra parte, las más modestas zonas de Córdoba y Mendoza están más avanzadas y rápidamente podrían adecuarse a un control de este tipo.

En el exterior

Los antecedentes internacionales son abrumadores. Andrés González Nandin, responsable de Aduanas y Fiscalidad Indirecta (Dirección General XXI de la Comisión), dice que la condición sine qua non para operar una zona franca en la Unión Europea es que todo operador tenga una contabilidad de existencias aprobada, que tiene que estar informatizada y conectada a una red electrónica que vincula a todas las empresas con la Aduana y debe permitir identificar las mercaderías y los movimientos de éstas.

En Estados Unidos operan más de 120 zonas y de 200 subzonas. Es el sistema de áreas francas más importante y avanzado del mundo, con 350.000 empleados. Para abrir una zona se requiere una entidad responsable sin fines de lucro. Y es crucial la habilitación del sistema informático de control de existencias.

John Da Ponte, legendario ex Secretario Ejecutivo de la agencia interministerial responsable (FTZ Board), cuenta que en 1975 se le pidió a la Aduana que aplique los sistemas más avanzados. La nueva tecnología hizo posible la contabilidad electrónica detallada de los embarques: "El modelo de enclave y espacio cercado con un cadena inviolable en la puerta dejó de ser el estándar de seguridad apropiado".

En nuestro país, un control moderno y desburocratizado de las zonas debería servir no sólo para reducir los costos, sino también para que merezcan la confianza de la sociedad.

Esto sólo se logrará mediante un sistema totalmente transparente, sujeto al escrutinio público o al menos al de las instituciones interesadas, como la UIA u otras, que deberían formar parte del board del Ente o Comité de Vigilancia. Y permitiría, en lo inmediato, desmontar las absurdas restricciones reglamentarias, tales como las que se aplican a los certificados de origen o a las inspecciones de preembarque y avanzar en el ámbito del Mercosur.

El autor es especialista en zonas francas y cosultor de empresas. E-mail: go@movi.com.ar

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