Corrupción privada: por qué la ley que la penaliza no se aplica

Con formato de noticiero, el VI Congreso Internacional de Compliance, organizado por la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC), dejó varias definiciones y muchos interrogantes. Entre ellos, el que planteó Mariana Neustadt, de la AAEC: por qué a casi 4 años de sancionada la esperada ley de responsabilidad penal empresaria, no hay ningún caso bajo su órbita. Desconfianza, temor, falta de garantías son algunas de las respuestas que esbozaron los presentes en las conversaciones.

¿En estos años casi 4 años desde que se puso en funcionamiento la ley no hubo corrupción? Ramiro Cabrero, director de Legales y Compliance de Baker Hughes y presidente de la AAEC, explicó: “La ley fue un gran avance en términos regulatorios, pero todavía hay una enorme desconfianza en el funcionamiento del sistema. No se ven incentivos ni seguridad jurídica para que haya un acuerdo en caso de que un empresa detecte corrupción in company o un pedido de sobornos por parte de algún organismo público”, señaló a LA NACION.

“Por eso, el hecho de denunciar o autodenunciarse, como propone la ley, no creo que hoy sea una opción que las empresas argentinas consideren”, sostuvo. “Se va a evaluar hasta qué punto es conveniente interactuar con un Poder Judicial que no da garantías, y esto genera inacción”, resumió Cabrero.

Desde del 1° de marzo de 2018 entró en vigencia la Ley 27.401, de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. A partir de su sanción, la empresa como tal, es decir, su persona jurídica, puede ser penalizada en caso de corrupción pública privada con multas de dos a cinco veces del beneficio indebido obtenido o que se hubiese podido obtener, además de la prohibición de presentarse a futuras licitaciones y, en caso extremo, puede llegar a perder su personería. Pero la ley va más allá e intenta establecer un esquema de prevención, promoviendo el control de las buenas prácticas a través de un efectivo programa de compliance. Si es sólido, y a pesar de ello hubo corrupción, hay atenuantes en las penas siempre y cuando haya colaboración para esclarecer los hechos, y, además se haya devuelto el beneficio indebido.

Sin embargo “es una ley que, por ahora, está muerta”, disparó un oficial de compliance de una empresa de primera categoría.

El fiscal Carlos Rívolo, presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios, quien cursó la Certificación Internacional en Ética y Compliance que realiza la AAEC junto con la Universidad del CEMA, explicó, en diálogo con LA NACION, que “ninguna empresa ha decidido dar el paso adelante. Es una gran ley para países que funcionan de una manera superlativa en todo su movimiento comercial, y no es nuestro caso en este momento”.

La figura del soplón

Buchón, para la Argentina, el que alerta tocando el silbato, para Estados Unidos, la figura de whisleblower (soplón) es castigada en este país (léase, periodistas de investigación que son investigados) y premiada en otros latitudes. Este año la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), le pagó US$9,2 millones a un denunciante que mostró el esquema de fraude de una empresa ante el Departamento de Justicia (DOJ). De esta manera se protegió a los accionistas.

“En Estados Unidos la credibilidad que tiene el sistema y la protección que se le provee al whisleblower incentiva y empuja a estas personas a hablar, a colaborar. No se los persigue. Tienen mucho más para ganar, ya que la recompensa es un 10% de lo que se impone como sanción económica a la empresa, o de lo que se recupere por su testimonio. En general fueron o son empleados de la compañía y están descontentos porque no se los escuchó internamente. Para las empresas esto es un llamado de atención: hacerse cargo, investigar, tomar en serio las denuncias.”, explicó Cabrero.

¿Qué sucede si una persona o empresa quiere denunciar corrupción en la Argentina? “Si te piden un retorno, se debe concurrir a una fiscalía para hacer una denuncia”, dijo Rívolo. “Por mas criticada que es la Justicia, todos los días hay denuncias, no de corrupción, pero los caminos están abiertos”.

Periodismo de investigación

“Hay una demonización de la persona que trabaja sobre los hechos”, dijo el periodista de LA NACION Diego Cabot, investigador responsable de “La causa de los cuadernos”. “Vivo yendo a declarar”, aseguró Cabot, quien se dedica profesionalmente a cubrir servicios públicos y regulados, que considera “la gran caja de financiamiento de la política”.

Por su parte, Hugo Alconada Mon, también periodista de La Nación, habló de los “jueces procíclicos, que están a favor de quien tiene poder en ese momento”. En cuanto a las cuentas offshore, se refirió a un trabajo del FMI que consigna que se evaden por año US$700.000 millones en impuestos corporativos y US$500.000 millones en impuestos personales. La Argentina es uno de los cinco países del mundo con más ciudadanos en paraísos fiscales”, dijo.

“El sistema financiero está sólido”

El CEO del Banco Galicia, Fabián Kon, tuvo que responder a una primera pregunta filosa: ¿corren riesgo los depósitos? “Venimos de 70 años de déficit, probemos con 10 años de equilibrio fiscal”, propuso. Aseguró que el sistema financiero está sólido y que cuando le preguntan cómo se para una corrida responde: pagando. “Estamos muy tranquilos”, resumió al respecto.

La Argentina es un país hiperregulado, por lo que el departamento de compliance de una empresa tiene ahora tres veces más trabajo. “Tiene que estar preparado para cumplir con regulaciones que salen un día y que deben ponerse en marcha al día siguiente”, explica Kon.

Un desafío es sin dudas la digitalización que aceleró la pandemia. “El 80% de los depósitos se hacen en forma digital, el 98% de las transacciones del banco son digitales”. Sin embargo, hay una realidad evidente, según el CEO, y es que mucha de la economía se sigue manejando en efectivo por la cantidad de impuestos que tienen los comercios. Agregó que “no hay un plan para eliminar el efectivo, como sucede en otros países. En la Argentina nuestro billete de mayor denominación vale US$10 si se toma el dólar oficial y US$5 si se toma el blue. Todo esto debe ser corregido a través de políticas públicas”, concluyó.