Las indefiniciones navales
El Gobierno tiene en sus manos las herramientas para relanzar esta industria de industrias
La industria naval atraviesa un punto de inflexión. Nuevos astilleros, la reactivación de otros y un mercado nacional y regional demandante pueden significar dejar atrás años de retroceso.
La eliminación del Fondo Nacional de la Marina Mercante, la desaparición de las flotas estatales y la merma del tonelaje privado, sumados a una brusca disminución de la producción para la defensa, provocaron el cierre de astilleros y talleres. Es esencial una señal clara por parte del Estado para que se lleven adelante nuevas inversiones.
En 2004 el Gobierno lanzó un ambicioso plan de construcciones que, por fallas en su implementación, no alcanzó los objetivos y la mayoría de las unidades que se pensaba incorporar fueron reemplazadas por buques que navegan bajo otros registros y están arrendados a navieras nacionales. Otros buques han sido importados nuevos o usados y muy pocas incorporaciones a la matrícula fueron construidas en el país.
Parece que esta situación no cambiará en el corto plazo de mantenerse la normativa vigente, salvo para el caso de unidades de menor porte como las barcazas, los remolcadores o los buques de apoyo a plataformas petroleras. Las políticas necesarias para provocar un cambio ya han sido planteadas numerosas veces.
Dispersión
La incorporación de unidades en el Mercosur es un claro ejemplo de la dispersión de políticas regionales que llevan como resultado la falta de certidumbre para encarar inversiones por parte de los industriales navales.
El crecimiento del transporte en la Cuenca del Plata, el consecuente incremento de la flota fluvial y su mantenimiento ofrecen un panorama para sentar las bases de una consolidación del sector privado. Desperdiciar este momento histórico sería imperdonable. La industria navalpartista y la producción nacional de chapa naval deberían acompañar este desarrollo. El Estado debería proveer instrumentos financieros para la actividad, atendiendo su singularidad productiva y la magnitud de las inversiones.
El Gobierno debería reelaborar el Plan de Construcciones con las correcciones necesarias; encarar la modificación del marco normativo de la actividad; definir una clara política de integración regional atendiendo el desarrollo de la industria naval; desarrollar instrumentos financieros idóneos para la problemática constructiva y operativa naval; crear una autoridad de aplicación del sector, y establecer dentro de esa dependencia un consejo consultivo permanente de discusión y monitoreo de las políticas y normativas aplicables al área.
Relanzar esta importante rama industrial no es una tarea fácil, pero de lograr el objetivo sus beneficios se extenderán a la economía toda.
El autor es presidentee la Cámara Santafesina de la Industria Naval (Casin)
Jorge Álvarez
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