Competitividad en riesgo. Mar de fondo en la zona franca de La Plata

En la zona franca de La Plata -una herramienta pensada para estimular la exportación- aún no se habla mucho de los productos de valor agregado elaborados en el predio que se venden al exterior. Pero sí están a la orden del día las disputas y las acusaciones entre los usuarios, el concesionario del área aduanera, Buenos Aires Zona Franca La Plata SA (Bazflp) y el Ministerio de Producción bonaerense, a cargo de regular la actividad.

Los usuarios se quejan de que Bazflp busque un aumento tarifario pese a que no habría realizado las inversiones establecidas en el pliego, algo que denunciaron hace unos meses ante el Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires. El concesionario desmiente que haya incumplimientos en las inversiones, asegura que la discusión con los usuarios es meramente tarifaria y añade que se requiere restaurar su ecuación económica, afectada desde la devaluación. El Ministerio de Producción bonaerense, por su parte, quiere iniciar lo antes posible una auditoría del concesionario para ver si se realizaron las inversiones previstas conforme a lo exigido por los pliegos y está pidiendo información a los usuarios sobre su ecuación económica para saber si pueden pagar con aumento. "Si determinamos que el concesionario no hizo las inversiones correspondientes, lo evaluaremos organismos legales de la provincia y veremos cuál es la decisión que se toma. No vamos a rescindir el contrato de concesión sin tener las herramientas suficientes. Es lo que quieren algunos grupos de interés, pero así tendríamos después un hermoso juicio a la provincia", dijo Javier Pereira, asesor especializado en la zona franca del ministro de Producción bonaerense, Gustavo Lopetegui.

Medida judicial

Lo cierto es que el alza del 57% en los servicios de la zona franca comenzó a ser cobrada en marzo, aunque el concesionario tuvo que devolver los montos percibidos con aumento poco después, porque se dictó una medida judicial de no innovar, según aseguraron usuarios de la zona franca a LA NACION. Posteriormente, se buscó un aumento provisional del 25% y la apertura de una instancia de negociaciones por 60 días. Esta alternativa fue impulsada por el Ministerio de Producción bonaerense, aunque tampoco prosperó merced a que fue objetada por el fiscal de Estado bonaerense, Ricardo Szelagowski.

"Resulta indispensable verificar con el control del Estado y la participación de los usuarios el grado de incidencia real en los gastos operativos (...) para establecer el justo retorno del dinero invertido" por el concesionario, señala el documento suscripto en mayo último por Szelagowski.

Al respecto, Pereira dijo no poder entender cómo los empresarios no pueden acordar entre sí un alza tarifaria que permita al concesionario seguir adelante con su concesión y a los usuarios mantener su operación comercial. Sin embargo, los usuarios niegan que haya mejorado su propia ecuación económica como para pagar más al concesionario, aunque en el Ministerio de Producción bonaerense aseguraron que en la zona franca se incrementaron los stocks de productos importados en el primer semestre del año luego de cuatro años de caída.

Si bien admiten que ingresan desde la devaluación más insumos industriales de importación que bienes de consumo -y que esto elevó el valor promedio de los productos almacenados en la zona franca-, los usuarios argumentan que esto no implica que tengan mayores ingresos porque cobran sus tarifas según los metros cúbicos o las toneladas afectadas al almacenaje. En otras palabras, sería lo mismo a los efectos de su facturación tener el mismo espacio de depósito afectado a commodities o a un producto de más valor, como televisores, según explicaron.

También piden conocer la ecuación económica del concesionario para saber a ciencia cierta cuál es su ganancia antes de convalidar un aumento. "La zona franca no está funcionando como las del resto del mundo. No hubo nunca un interés de la provincia al respecto porque depende del Ministerio de Producción y no del Ejecutivo provincial. Nosotros quisiéramos invertir", expresó Claudio Núñez, jefe de depósito de la firma Cotia, que tiene 8000 m2 de almacenes en la zona franca platense. En sintonía, Enrique Bernabé, de Servifranca -que cuenta con 5000 m2 en el predio-, afirmó que "no hay regulación" desde que el Ente de Administración de la Zona Franca fue suprimido por una ley provincial en 2002 y el Ministerio de Producción bonaerense asumió las funciones de supervisión de las actividades en el área aduanera. A su vez, el presidente de la Asociación de Usuarios de la zona franca de La Plata, Jorge Guerra, puntualizó que faltan inversiones en la zona primaria aduanera. "En un día de lluvia, los camiones se encajan en el barro", protestó el directivo.

Por su parte, el presidente de Bazflp SA, Néstor Leite, aseguró que las denuncias de los usuarios contienen "falsedades". "Hemos invertido 25 millones de dólares y jamás tuvimos una crítica del Estado que nos audita permanentemente. La discusión es exclusivamente tarifaria", expresó Leite. Añadió que la tarifa percibida por el concesionario se encontraba dolarizada desde el inicio del emprendimiento "y recién se pidió un reajuste a fines del año pasado e inicios de este año", aunque la devaluación fue a principios de 2002. Y dijo que existen usuarios que están adquiriendo nuevos galpones para hacer más negocios en el predio platense de modo que podrían llegar a soportar un aumento tarifario.

Leite agregó que su empresa está funcionando "pese a los ajustes que debió realizar" para adecuarse al incremento de los costos operativos. En cuanto al pedido de quiebra de uno de sus socios, la firma Tevycom Fapeco, lo atribuyó a "que se quiere ir y vender sus acciones" a un precio conveniente. La existencia de este pedido de quiebra fue confirmada por el Ministerio de Producción, aunque el concesionario "no está quebrado ni concursado. El juez aún no se expidió al respecto", aclaró Pereira.

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